Un 84% de las causas denunciadas por el INDH en la región no tienen formalizados
ESTALLIDO SOCIAL. Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos devela que 79 agentes del Estado fueron imputados. Son 72 carabineros, uno de las fuerzas armadas y seis gendarmes.
Alrededor de un 15 por ciento de las causas denunciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la Región de Los Lagos por personas heridas por la actuación de agentes del Estado durante el estallido social, están formalizadas, de acuerdo al informe dado a conocer ayer por la entidad.
Se trata de uno de los puntos del informe, que preocupa al organismo que supervisa que los derechos esenciales de las personas sean respetados.
El informe entrega antecedentes relacionados con el avance de las distintas iniciativas judiciales que se llevaron adelante en favor de las víctimas.
El documento señala que se consideran 61 causas sin personas formalizadas, hay dos sentencias dictaminadas en tres años y nueve causas archivadas o con orden de no perseverar. De un total de 72 causas en la región denunciadas por el INDH, un 84,7% no tiene formalizados.
Represión
El informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la Región de Los Lagos fue confeccionado por la unidad de protección tras el estallido social.
El documento fue desarrollado de acuerdo a las denuncias recibidas en la entidad entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020.
Este indica que 521 personas fueron entrevistadas en comisarías de Carabineros, 25 en centros de salud y 22 mientras se desarrollaban las manifestaciones públicas.
Contabilizaron un total de 82 víctimas por la represión ejercida por agentes del Estado, seis de ellas resultaron con trauma ocular, 66 con lesiones físicas, 82 psicológicas y 24 sexuales, en su mayoría corresponden a desnudamientos en unidades policiales.
Imputados
Respecto de las víctimas registradas por el INDH, un 61% son hombres y 39% mujeres, de ellas (que son consideradas como personas de protección) 19 son menores de edad y dos con discapacidad.
Las acciones judiciales presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región corresponden a 73 querellas y un recurso de amparo.
De las acciones penales, 21 son por torturas, 45 por apremios ilegítimos, cinco por violencia innecesaria y dos por vejaciones injustas.
El informe del INDH en la región agrega que 79 agentes del Estado fueron imputados. De ellos, 72 son carabineros, uno de las fuerzas armadas y seis son gendarmes, estos últimos se refieren a desnudamientos registrados en los calabozos del Tribunal de Garantía de Puerto Montt.
Reparación
Mauricio Maya, jefe regional del INDH, explicó que en la Región de Los Lagos el panorama no es muy diferente al nivel nacional. Primero, en el tema verdad y justicia, en cuanto al avance de las causas, "tenemos a la fecha dos sentencias condenatorias y 61 causas sin formalizar. Es importante para la sociedad que se avance en la investigación penal de esas causas".
Un segundo tema es la reparación de las víctimas, asegura Maya. Agrega que "esperamos que el Estado responda con celeridad y se envíen propuestas legales y acciones administrativas que permitan reparar a las víctimas de manera integral".
Para el jefe regional del INDH es importante la garantía de no repetición en lo que dice relación con la formación de las policías y la necesidad que se continúen generando protocolos y reglamentos "de manera tal de disminuir el uso de la fuerza a lo estrictamente necesario. El control del orden publico debe hacerse con perspectiva de Derechos Humanos y protegiendo a las personas".
Investigaciones
La fiscal de Puerto Montt, Myriam Pérez, persecutora penal que lleva adelante indagatorias por violación a los derechos humanos durante el estallido social, especificó que a partir del 19 de octubre de 2019, el Ministerio Público debió hacerse cargo de la tarea de investigar todas las denuncias que se efectuaron por personas víctimas de hechos delictuales constitutivos de violencia institucional.
Explicó que se trata de actos cometidos por agentes del Estado "que violaban derechos humanos fundamentales y delitos tales como apremios ilegítimos, torturas, violencias innecesarias y abusos contra particulares, entre otros".
La persecutora penal sostuvo que "como Fiscalía de Puerto Montt podemos señalar que nos hemos dedicado a la investigación de cada denuncia; hemos ejercido la acción penal pública en contra de agentes del Estado cuando ha habido mérito para ello, concluyendo algunas de esas investigaciones en sentencias condenatorias dictadas en juicio oral".
De acuerdo a la fiscal Pérez, otras investigaciones se encuentran aún en curso "y otras han sido archivadas provisionalmente o no se ha perseverado en ellas cuando no hemos contado con los medios de prueba necesarios para sostener la acción penal pública en contra de persona determinada o cuando no hemos contado con antecedentes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la individualización de los responsables".
La fiscal especializada en la indagatoria de este tipo de ilícitos comentó que sin perjuicio de ello "queremos señalar que cada una de las denuncias que hemos recibido ha sido investigada por la Fiscalía. Cada víctima ha sido citada a prestar su declaración y a aportar antecedentes, relevando la importancia de estas investigaciones y la complejidad de las mismas".
Protocolos
De acuerdo a Carabineros, los protocolos se han ido actualizando en los últimos años, incluso desde antes del 18 de octubre de 2019.
Explican en la institución que en marzo del 2019, la institución elevó a categoría de dirección el Departamento de Derechos Humanos. Desde entonces, se han realizado importantes actualizaciones de los protocolos, que dicen relación con la implementación del Plan de Fortalecimiento de DD.HH., el uso y registro de videocámaras, los procedimientos en el caso de detenciones de adolescentes, el restablecimiento del orden público, la intervención oportuna y el uso diferenciado de la fuerza, entre otras.
Carabineros subrayó avances en protocolos sobre el trato y acceso a representantes del INDH, Defensoría de la Niñez y expertos del mecanismo nacional de prevención contra la tortura. En forma paralela, crearon la figura del agente de diálogo, el que debutó con el proceso constituyente.
"Como Fiscalía podemos señalar que nos hemos dedicado a la investigación de cada denuncia; hemos ejercido la acción penal pública en contra de agentes del Estado"
Myriam Pérez,, fiscal de Puerto Montt.
"Tenemos a la fecha dos sentencias condenatorias y 61 causas sin formalizar. Es importante para la sociedad que se avance en la investigación penal"
Mauricio Maya,, jefe regional del INDH, Región de Los Lagos.
61 causas no cuentan con formalizados, de acuerdo al documento a tres años de ocurrido el estallido social en la región.
6 personas se contabilizan con trauma ocular tras recibir impactos de balines u otros objetos durante las protestas.