Las agitadas aguas de la conectividad marítima
REGIÓN. Incumplimiento de horarios y suspensión de servicios sin aviso están entre quejas de usuarios de la red de transportes marítimo, lacustre y fluvial subsidiada con fondos de la Ley Espejo del Transantiago en Los Lagos.
"La barcaza es la continuidad del camino. Si no hay camino se generan tremendos problemas de abastecimiento, camiones con carga que no podían subir ni bajar… Se corta todo el suministro así es que ahora esperamos que la Armada haga pronto la revista (certificación) para tratar de recuperar el tiempo perdido", dice el alcalde de Cochamó, Silverio Morales, respecto de la compleja situación que implicó el mes que la nave Caupolicán, estuvo fuera de servicio en el cruce lacustre por el Tagua Tagua.
Son cerca de 800 familias que dependen de ese servicio para entrar o salir de Llanada Grande y decenas de pequeñas localidades en la zona fronteriza de esa comuna. "Las personas no se imaginan las enormes distancias", dice el edil. Y lo grafica con los casi 100 kilómetros, similar a la distancia entre Osorno y Puerto Montt, que hay entre Paso El León y Paso El Bolsón.
"Y toda esa gente depende de la barcaza para abastecerse", dice Morales.
Pero no son un caso aislado, porque en la Región de Los Lagos, de acuerdo a datos de la Seremi de Transportes, son más de 162 mil personas en 234 localidades de Zonas Aisladas quienes dependen de la conectividad marítima, lacustre o fluvial para entrar o salir de sus hogares.
Un servicio de transporte que es inviable sin subsidios porque son muchos sectores con una demanda que no los haría rentables sin estímulo fiscal.
Un soporte que desde 2009 llega de la mano de los fondos de la Ley Espejo del Transantiago, modificada a partir de 2012 con la introducción del artículo 4° transitorio de la Ley N°20.378 que regula el Fondo de Apoyo Regional (FAR).
La Región de Los Lagos es la tercera a nivel nacional, detrás de Valparaíso y Biobío, en montos por ese concepto, con 26 mil millones de pesos para 2022. Recursos que han sido entregados por diferentes conceptos, como financiamiento del transporte de zonas aisladas, transporte escolar, operación, conectividad del transporte rural y la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), entre otras.
Un subsidio que está pronto a expirar porque su vigencia se extendía hasta diciembre de este año, pero el martes se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que busca un nuevo marco regulatorio para el financiamiento del transporte público y que en la práctica resolvería la situación que se genera en las regiones con el fin del FAR, una iniciativa que ahora debe pasar al Senado.
"Los esfuerzos que realiza el Ministerio de Transportes (Mintra) con los fondos de la Ley Espejo (FAR) están exigidos al máximo… con un aumento en promedio de los contratos de 60% y en algunos casos incluso al 100%, lo que (en esta región) implicó un alza del gasto anual en torno a los 3.000 millones de pesos", explica el seremi de Transportes, Pablo Joost, ingeniero naval e ingeniero civil industrial, respecto del alza en subsidios respecto a los $16.822 MM ejecutados en 2021. Un alza que "obedeció al incremento de los costos" dice Joost, entre otros.Una afirmación que refrendan los Datos del Índice de Costos del Transporte (ICT) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que muestran que en agosto pasado ese indicador registró una variación mensual de 3,1%, acumulando 16,9% para el año 2022. Una variación atribuida principalmente al incremento del grupo combustibles (5,4%), que incidió 1,872 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación mensual del ICT general, como resultado del alza del producto diésel (5,4%). Pero también incidieron alzas en recursos humanos con una variación mensual de 1,4% y servicios financieros, con 3,7%, además de incrementos en el rubro seguros.
"Por supuesto que es una variable importante el alza del costo de la mano de obra, justamente por la exigencia o por la fuga de personal que va a trabajar a otras industrias que