Marcelo Galindo

Un mayor control de la forma cómo se entregan las subvenciones a las organizaciones comunitarias de Puerto Montt exigieron dirigentes vecinales, quienes coincidieron en el daño que se realiza a quienes de verdad necesitan esos fondos.

El pronunciamiento de los dirigentes consultados se basa en la deuda informada ayer por este Diario, que afecta las arcas del municipio puertomontino por $1.694 millones por concepto de subvenciones no rendidas, y de las cuales 83 fueron judicializadas, de un total de 422.

De esas 83 organizaciones, apenas cuatro han regularizado su situación, y las restantes se mantienen con deuda.

De acuerdo con el Departamento de Control de la Municipalidad, en 2021 la unidad jurídica de la municipalidad dio curso a 83 demandas por cobranza judicial a distintas organizaciones comunitarias morosas, de las cuales, al 30 de junio de 2022, se mantenían con saldo pendiente por rendir 79 de ellas, por un monto total de $378 millones.

"A la fecha, existen 343 organizaciones comunitarias que no han rendido los fondos entregados hasta el año 2021 (considerando incluso anteriores al año 2000), por un total de $1.315 millones", sostiene un informe al cual tuvo acceso este Diario.

Certificado

Jimena Cofré, dirigenta vecinal de Alerce Sur, criticó que ocurran estos problemas, porque afecta a todas las organizaciones, siendo que la mayoría funciona de buena forma y con su documentación ordenada.

Según Cofré, hay dirigentes que no informan que tienen deuda, "pero para ello existe el certificado de no deuda que tiene que entregar la Municipalidad, porque nadie dice si la organización está bien, y si los dirigentes pueden volver a ser parte del director de la organización social o vecinal".

De acuerdo con la dirigenta de Alerce, "no se debieran actualizar las directivas mientras no se rindan los recursos que han sido entregados para el funcionamiento o ejecución de algún proyecto".

Insiste que el certificado de no deuda no solo se debiera pedir al momento de postular al proyecto, "sino que cada vez que se hace un trámite importante, incluso en el cambio de directorio", agrega; e indica que lo otro relevante es "no permitir cambiar el nombre de la organización hasta no saldar deuda, porque aquí se impulsan cambios de nombres para poder postular a proyectos".

Fiscalizaciones

La presidenta de la junta de vecinos de Pelluco, y dirigenta de la Unión Comunal Reloncaví, Valeria Árgel, dijo que el informe de la unidad de Control de la Municipalidad era un secreto a voces: "Es efectivo que hay muchas organizaciones que se forman con un fin específico, sacan subvenciones, sacan la plata, la ocupan en algo que no sabemos y no rinden".

Árgel agrega que "como dirigentes sociales y unión comunal lo venimos advirtiendo desde hace mucho antes al municipio, e incluso desde el período anterior del actual alcalde".

Se mostró de acuerdo con las fiscalizaciones, que según la dirigenta están arrojando resultados. "Esperamos que la justicia castigue a quien sacó la subvención y no a la organización, porque hoy son ellas las que resultan castigadas. Al final hay mucha gente que hace mal uso de estas organizaciones. Ellos se van y llega otro dirigente, el que no puede postular a los recursos. Necesitamos un 'Dicom' para los dirigentes. Si hay que retrasar la entrega de las subvenciones se debe hacer, pero se tiene que regularizar todo esto".

Acciones

El ex fiscal especializado en persecución de delitos económicos, Naín Lamas, explicó que como se trata de dineros públicos, el gasto debe ser rendido y justificado.

Reconoce que algunas deudas sin rendir podrían estar prescritas, porque el documento de la Dirección de Control habla de deudas que se arrastran desde antes del año 2000.

Según Lamas, habiendo una entrega de dinero y existiendo la obligación de rendir, "y con base en ello, como cualquier acreedor, la municipalidad podría exigir la rendición. Si eso no se concreta o se realiza de manera incompleta, claramente deben evaluar las acciones civiles e incluso penales, por eventuales apropiaciones indebidas o incluso fraudes en la postulación a los fondos".

El abogado explica que la municipalidad está presentando demandas en juicio ordinario de menor cuantía por reintegro de fondos. "Esto significa que ya no sólo pide la rendición de los recursos entregados, sino que la Municipalidad demandó civilmente para que reintegren los fondos municipales no rendidos, es decir devolver el dinero", comenta.

Al ahondar en las demandas, el penalista detalla que la Municipalidad está accionando civilmente contra el presidente y el directorio de las organizaciones "para que el tribunal condene al pago de la suma no rendida, pero como toda demanda civil, ello pasa porque la institución tenga patrimonio y bienes suficientes para responder".

Proceso

En la reunión del Concejo Municipal, el miércoles pasado, el tema fue abordado brevemente, pero no todos los concejales hablaron sobre la millonaria deuda por no rendición de las subvenciones.

Yerco Rodríguez, concejal UDI, dijo que citará a la comisión de Régimen Interno y Hacienda a las unidades respectivas del municipio, para saber cuáles han sido los avances respecto de la cobranza a las organizaciones que están adeudando los recursos.

Según Rodríguez, se necesita saber en qué está el proceso, principalmente el relacionado con el de las cobranzas.

Desde el Departamento de Control de la Municipalidad se solicitó al alcalde Gervoy Paredes no seguir entregando subvenciones, porque "implicaría un alto riesgo para el escenario financiero del municipio", asegura un informe con fecha.

4 organizaciones. de un total de 83 demandadas civilmente en Puerto Montt. han regularizado su situación económica.

378 millones de pesos faltan por rendir, de un total de 79 instituciones morosas con la rendición de las subvenciones.