Marcelo Galindo

Esta semana la Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolverá la admisibilidad del recurso de protección, presentado por la propietaria del fundo La Vega de Frutillar, en contra de la delegada presidencial regional Giovanna Moreira (PL), quien se reunió con los representantes de la comunidad Weichan Mapu -en medio de una reivindicación territorial-, y no así con los dueños del predio.

Anteriormente la comunidad Weichan Mapu hizo efectiva la presentación de una querella en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas contra la Multigremial del Sur, por el delito de asociación ilícita, y donde se pide al Ministerio Público se investiguen una serie de hechos acontecidos el jueves 1 de septiembre, los que dejaron tres personas de la comunidad lesionadas, una de ellas de carácter grave.

El recurso de protección de garantías constitucionales contra la delegada presidencial fue presentado por el abogado Juan Cristóbal Grünwald. El jurista que lleva adelante este requerimiento dijo que no se va a referir a esta acción de protección mientras el tribunal de alzada no resuelva la admisibilidad del documento.

Desde la delegación presidencial regional se indicó que no han sido notificados de ningún recurso judicial hasta ahora, "por lo que estamos esperando los canales oficiales", comentaron de forma escueta.

Acuerdo

Según consta en el documento presentado por Grünwald ante el tribunal de alzada el 5 de septiembre, desde el 30 de julio en adelante "los querellados y otros miembros de la comunidad, aún no individualizados, se han mantenido constante y permanentemente en el deslinde del predio, hostigando y amenazando a mi representada y a miembros de su familia respecto de su propiedad, lo que ha derivado en nuevas denuncias y acciones criminales".

Agrega el texto -de nueve páginas-, que "el último de estos hechos de violencia tuvo lugar el pasado día jueves 1 de septiembre de 2022, en que nuevamente miembros de la comunidad indígena Weichan Mapu motivados por un acuerdo existente con la recurrida (delegada presidencial) intentaron impedir el normal desarrollo de las labores agrícolas del predio, lo que derivó en un operativo policial encabezado por el comandante Boris Alegría, de la Prefectura de Carabineros, quienes lograron establecer el orden y restituir así el predio a mi representada".

Agrega el abogado Grünwald en su escrito que en el intertanto ocurrían los hechos ya relatados, "la recurrida (delegada presidencial) y parte de su equipo han sostenido reuniones con líderes de la comunidad indígena Weichan Mapu, dando señales equívocas que, en vez de resguardar el estado de derecho y la protección de la víctima, han derivado en hechos de violencia que ponen en riesgo los derechos de mi representada".

En el recurso se solicita a la Corte de Apelaciones "que la recurrida se abstenga de realizar gestiones, reuniones y/o acuerdos en que se ofrezca o disponga de bienes de mi representada como parte de esos factores de negociación, en especial cuando mi representada ni siquiera está presente en dichas reuniones".

Querella

Por otro lado, fue la abogada de la comunidad Weichan Mapu, Orieta Llauca, quien explicó los alcances de la acción penal contra la Multigremial del Sur.

"Las actuaciones de la Multigremial del Sur son reiterativas y llaman al odio en las redes sociales hacia las reivindicaciones mapuches, que en definitiva son un odio racial. Pese a ello, ni el gobierno y menos la Fiscalía han iniciado investigación para determinar cuál es el ánimo que hay detrás de esta Multigremial; si el ánimo es velar por intereses legítimos o crear una organización que se dedique a violentar a las personas mapuches, haciendo llamados al odio".

Señala Llauca que, como no se ha establecido cuál es el fin de la multigremial, se vieron "en la necesidad de presentar una querella y esperamos que el Ministerio Público, con la misma dedicación que investiga las causas criminalizadas contra el pueblo mapuche, investigue esta querella", aseguró. La acción penal es para que se indague una probable asociación ilícita y se investiguen delitos como homicidio frustrado, lesiones, amenazas de muerte, porte ilegal de armas de fuego y de disparos injustificados, daños y maltrato animal.

3 personas de la comunidad Weichan Mapu resultaron lesionadas en incidentes el jueves.

6 delitos son los mencionados en la querella presentada por la comunidad indígena.

Cristóbal Grünwald, quien también es el asesor legal de la Multigremial del Sur, manifestó que no tiene conocimiento formal de la querella de la abogada Llauca. Eso sí, precisa que le "parece bien que la comunidad esté haciendo uso de la vía judicial e institucional para hacer valer sus derechos. Esperemos que sigan privilegiando esta vía, por sobre la de la violencia, y respeten así los derechos de la víctima y el estado de derecho. Lo correcto es que se investigue y sancione cualquier hecho que pueda revestir carácter de delito". La abogada querellante Orieta Llauca argumentó que la acción penal es por los hechos ocurridos el jueves 1 de septiembre. "Estas personas eran alrededor de 100 y llegaron provistos de armas de fuego, elementos contundentes, ingresaron y destruyeron un rehue (altar para ceremonias), y comenzaron a disparar".

Más de 37 mil fueron las constancias que recibió Carabineros en todas sus unidades de la Región de Los Lagos durante el plebiscito del domingo pasado, y que estuvieron relacionadas con las personas que no pudieron emitir su sufragio por estar a más de 200 kilómetros del lugar de inscripción electoral.

El general Carlos López, jefe de la Décima Zona de Carabineros, explicó que el comportamiento de la ciudadanía fue ejemplar desde el inicio al final del proceso.

"Posteriormente, conocidos los resultados del plebiscito, se convocaron en las distintas plazas de Osorno, Puerto Montt y Chiloé alrededor de 400 personas en promedio y caravanas de 40 a 50 vehículos. Estos eventos se realizaron de forma normal hasta alrededor de las 23 horas, sin incidentes", comentó el general.

El oficial dijo que en total hubo 37.592 constancias en toda la región y tres eventos de mayor relevancia, "un detenido por amenazas por parte de un apoderado en contra del presidente de mesa y 2 personas detenidas por abandono de funciones por parte de vocal de mesa en Maullín y Quellón".

La Labor de la FACh también fue destacada en el balance, a propósito del resguardo de los 182 locales de sufragios en toda la región.

70 por ciento del transporte funcionó el día del plebiscito, de acuerdo a las autoridades.

23 horas del domingo pasado se extendieron las celebraciones en diversas comunas.