Vicente Pereira

Los diputados del distrito 25 (Puerto Varas-Osorno), Daniel Lilayú (UDI) y Harry Jürgensen (Independiente- Partido Republicano), además del representante del distrito 26 (Puerto Montt-Chiloé), Jaime Sáez (RD), forman parte del listado de 78 integrantes de la Cámara Baja que resultaron electos (por sorteo) para realizarse el test de drogas entre el 22 y 30 de agosto.

Tras conocerse su nominación, los tres manifestaron su disposición para efectuarse este examen, que tiene a la transparencia como uno sus principios fundamentales.

Una postura que adoptaron también parlamentarios de esta zona que no fueron convocados en esta oportunidad, pero que lo califican como un ejercicio transparente frente a la ciudadanía.

Junto con ello, existe consenso en que se trata de una medida que no solo se debiera extender al Senado, sino que también a otras autoridades, como el Presidente, su gabinete y a las autoridades locales designadas por el Gobierno o elegidas mediante sufragio.

Transparencia

Harry Jürgensen señala que no tiene ningún problema en hacerlo y destaca que la determinación de la corporación tiene que ver con trasparentar en qué situación se encuentra cada uno de sus integrantes.

Más, dice, si se considera que entre las materias tratadas por ellos figura el combate al narcotráfico. De ahí que le parece pertinente "que exista transparencia" y así se pueda conocer a quienes "tienen algún vínculo con sustancias ilícitas, porque ellas no llegan del aire (...). Entonces pudiera existir alguna relación que complique a algún diputado".

Su colega Daniel Lilayú, en tanto, expresó su satisfacción por la realización de este examen, el que considera debiese ser un requisito mínimo para los parlamentarios y para quienes son elegidos mediante sufragio, puesto que de esta forma le podrán responder a sus electores en esta temática.

En su análisis, señala que los parlamentarios deben luchar contra el narcotráfico "sin ninguna atadura". En su caso, recuerda que al momento de asumir sus labores en marzo pasado se hizo los test respectivos, cuyos resultados presentó a la Cámara como una forma de transparencia.

Para el congresista se trata de una "muy buena noticia para el país".

Además, postula que si alguien consume tiene que estar dispuesto a "abrir su cuenta bancaria", para ver si es que pudiera existir algún vínculo con el narcotráfico.

Dispuestos

El diputado Héctor Ulloa (Independiente-Ciudadanos) también se mostró dispuesto a transparentar el consumo de drogas dentro del Parlamento, pero no solo del Congreso, sino que de parte de cualquier autoridad pública que recibe fondos públicos.

Ahora, para el ex concejal de Puerto Montt, "si realmente queremos involucrarnos en el combate al narcotráfico, lo importante es estar dispuestos a transparentar nuestras cuentas, lo que es fundamental".

Otro aspecto relevante para Ulloa es no caer en la descalificación, ni en el estigma respecto del eventual uso o consumo de algún tipo de drogas con fines recreacionales.

Su par, Héctor Barría (DC), en tanto, se mostró a favor de la determinación de la Cámara Baja, pero agrega que debiera ampliarse también a quienes trabajan con los parlamentarios. "Cuando cumplimos este rol, debemos tener la capacidad de actuar primero que todo, de manera libre y sin estar bajo el efecto de drogas ni alcohol, lo que es fundamental para tener una posición responsable y ponderada".

Pero además, señala Barría, el estar libre implica no tener ninguna conexión ni con el micro, ni con el narcotráfico, que "lamentablemente pudiese generar presiones indebidas a la hora de votar alguna temática relacionada con la prohibición o restricción de este tipo de negocios penados por la ley".

Lo relevante para Barría es que esta medida no solo se aplique en el sector público, sino que también en el privado, puesto que muchas de sus decisiones tienen un impacto en la economía. Si bien la diputada Emilia Nuyado (PS) duda que se presenten situaciones complicadas producto del examen, coloca el acento en que lo relevante radica en la transparencia que implica esta medida. Según Nuyado, se trata de un proceso que ya se venía dando debido a las exigencias a las que "nos hemos sometido por ser electos como parlamentarios".

Es por ello que "siempre estuve de acuerdo, porque es importante que quienes representamos a la ciudadanía tenemos un estándar distinto y por ello considero que está bien que se realice".

Por lo mismo, Nuyado valora la realización de un narcotest cada seis meses.

En la misma línea, su colega Alejandro Bernales (PL) no tiene ningún problema en someterse a este examen. De hecho, "me ofrecí voluntario porque no tengo nada que esconder".

En opinión de Bernales, se trata de una medida adecuada que se trató de realizar igualmente en el período anterior, con el objeto de que la gente sepa, de forma transparente, "acerca del actuar de sus parlamentarios".