Erwin Schnaidt

La instrucción para que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) suspenda la tramitación de solicitudes de subdivisión de predios rústicos, cuyo objetivo implique un cambio de destino de loteos y una vulneración a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), emitió el Ministerio de Agricultura.

La orden fue aplaudida por el alcalde de Puerto Varas y recibida con dudas por parte del senador Fidel Espinoza (PS), el diputado Harry Jürgensen (Ind.-Rep) y el sector inmobiliario. En el oficio, firmado el pasado martes 12 de julio por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; el subsecretario de Agricultura, José Guajardo; y el director nacional subrogante del SAG, Rodrigo Astete, se establece además que para su debida fundamentación, se deberá requerir informes técnicos a las reparticiones públicas vinculadas con el proceso.

En el documento se argumenta que la instrucción busca "preservar el suelo rural", para que mantenga "la finalidad agrícola para la cual está destinado", así como evitar "un desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial". Ambas finalidades, establece la nota, están "previstas en la ley vigente y que estamos obligados a cautelar".

Puerto varas

Tras imponerse de esta determinación, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, quien recientemente suspendió cuatro parcelaciones en la comuna, valoró ese pronunciamiento, ya que "era una señal que esperábamos muchos municipios a lo largo de Chile".

Destacó que aunque se trata de administraciones municipales de diferentes sectores políticos y visiones distintas, comparten el hecho de estar "ahogados y saturados por una problemática que nadie había querido enfrentar".

El alcalde lacustre reiteró que se trata de "una señal importante, que busca poner en orden y que se cumpla la normativa, que se distorsionó por cerca de 40 años y que hoy en día nos estaba rebotando en la cara".

Gárate especificó que mantienen clara su visión respecto a que es posible vivir fuera de la ciudad. Sin embargo, comentó, "hagámoslo bien, con una normativa especial y con instrumentos de planificación que aseguren la calidad de vida de quienes están viviendo y de quienes llegan".

Regularizar

La presidenta de la Delegación Puerto Montt de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Francisca Sanz, admitió que "vemos con preocupación" lo dispuesto por el Ministerio de Agricultura.

Explicó que esa instrucción "apunta más a una prohibición de este tipo de desarrollo habitacional rural. Como gremio, somos partidarios de abordar este problema mediante soluciones concretas, pero un poco más intermedias".

En ese sentido, planteó mejorar la regulación y el marco legal, realizar una contundente planificación territorial urbana y rural, aumentar los requerimientos y estándares, así como coordinar una eficiente fiscalización. Sanz especificó que proponen modernizar o mejorar la norma, ya que no existe un marco legal para este tipo de desarrollos. "Por eso que se basan en regulaciones que no son suficientemente completas. Por ejemplo, no hay normativa para la urbanización privada en territorio rural; qué pasa con la ley de copropiedad, que solo se contempla en desarrollos urbanos".

En materia de planificación, estimó necesario acelerar el desarrollo de un plan regulador intercomunal; mientras que en cuanto a requerimientos, propuso que esas iniciativas "velen por la protección del medioambiente, el impacto en las comunidades, causes de agua, napas subterráneas, manejo del bosque nativo y el impacto vial que generan".

La líder de la CChC puertomontina resumió que "apuntamos más hacia una regulación, definir el dónde y el cómo, que a la prohibición de manera definitiva". Ejemplificó el caso de los planes reguladores que en muchos casos están desactualizados "y que se limitan a normar y definir lo que sucede dentro del perímetro urbano. No hay un control y una definición de qué es lo que tiene que suceder más allá de ese límite (…). Esto es algo que por años ha estado al debe. Todos debemos ponernos a trabajar para definir esta regularización tan necesaria".

Hace dos años

Mientras que Vivian Pinilla, gerenta de la empresa inmobiliaria Inmobisur, reconoció que "desde hace un par de años hemos venido viendo un incremento en el deseo de las familias de vivir alejados de la ciudad, buscando una mejor calidad de vida, lejos de la congestión vehicular y de la delincuencia. Es parte de la decisión de la familia y la libertad que todos tenemos de elegir dónde queremos vivir".

Desde su punto de vista, la solución al problema que ha provocado ese éxodo a zonas rurales "no pasa por la prohibición, sino más bien por la regulación, que incluya opciones normativas, ya sea medioambientales, viales u otras y que estén en sintonía con el municipio, para evitar problemas como con el retiro de la basura".

Más regulación

El senador Fidel Espinoza (PS) también se mostró contrario a la decisión del Ejecutivo.

"Es una obstinación de parte del gobierno, en particular del Ministerio de Vivienda, por abordar esta problemática, lo cual me parece que está bien; pero no de la manera que pretenden abordarla", expuso.

De acuerdo con el legislador por la Región de Los Lagos, mediante esta resolución se está actuando por sobre la ley "lo que considero que no le corresponde a un gobierno. Lo que están haciendo es pretender paralizar todo mediante decretos".

Para Espinoza ese método de actuar "es arbitrario, ilegal y además, desde mi punto de vista, es antidemocrático y discriminatorio. No tienen por qué impedir que un ciudadano viva en el campo, cuando los procesos de ruralización son mundiales. Tampoco tienen derecho de impedir que un pequeño o mediano agricultor quiera vender su propiedad o parte de ella para poder vivir de mejor manera". Frente a ello, reconoció estar de acuerdo "con más regulaciones. Hay que regular más, incorporar a más organismos que participen. Hoy es muy fácil parcelar", expuso.

Loteos brujos

De su lado, el diputado Harry Jürgensen (Ind - Rep), integrante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, consideró que la circular del Ministro de Agricultura "se equivoca, porque deja en manos de los funcionarios públicos la aprobación o rechazo de una subdivisión de terreno, basándose principalmente en sospechas para tomar decisiones, lo que puede terminar en discrecionalidades y clientelismo", advirtió.

El parlamentario del distrito 25 estableció que en su lugar "como país debemos primero definir qué hacer respecto del creciente drama que se va generando con los loteos brujos, que se van instalando en tierras productivas y de manera desordenada e inorgánica, lo que produce un enorme problema".

Frente a las distintas medidas de paralización, clausura y denegación de distintos permisos y autorizaciones de loteos rurales que se han generado en la Región de Los Lagos, es importante dejar claramente asentado que todas ellas son manifiestamente ilegales.

El artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) establece que corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo -a través de las secretarías regionales ministeriales- supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización e interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial.

En el mismo sentido, el artículo 3° del DL N° 3.516 radica en estas secretarías, junto con el SAG y las municipalidades, la función de fiscalizar el cumplimiento de sus disposiciones.

Ahora bien, la fiscalización no equivale a sanción, la que corresponde al juez de policía local. Esto está establecido en el artículo 21 de la LGUC.

Es precisamente en este sentido que la fiscalización de cumplimiento del DL 3.516 que les corresponde realizar a la Seremi de Vivienda, el SAG o las municipalidades respectivas, sólo podría culminar con la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Policía Local, para que previo a un racional y justo procedimiento determine si se ha actuado al margen de lo establecido en la LGUC y el DL 3.516.

Las sanciones que eventualmente podría imponer el juez de policía local -previo procedimiento judicial legalmente tramitado- son distintas si el incumplimiento es de la LGUC o del DL 3.516.

Los incumplimientos de la LGUC podrán ser sancionados con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, sin perjuicio de la paralización o demolición de todo o parte de la obra.

Las infracciones al DL 3.516 podrán ser sancionadas con una multa a beneficio fiscal, equivalente al 200% del avalúo del predio dividido, vigente al momento de pagarse la multa y, en caso de reincidencia, se podrá duplicar el valor de la multa. En lo que respecta a la posibilidad de paralización de las obras que podría decretar el Juzgado de Policía Local, se encuentra limitada por expresa disposición del inciso segundo del artículo 2° de la DL 3.516 a un caso muy excepcional, que dice relación con cuando se transfiriere más de un lote por ascendiente o descendiente para construir una vivienda para sí mismo, contraviniendo la excepción de la letra j) del inciso 2° del artículo 1° del DL 3.516.

Por tanto, todas las paralizaciones decretadas por las municipalidades, el SAG, Conaf o el Seremi de Vivienda son ilegales y deben ser dejadas sin efecto de forma inmediata. Y son los Juzgados de Policía Local, y no estos otros órganos, los competentes para determinar el cumplimiento o incumplimiento de la LGUC o del DL 3.500, previo procedimiento legalmente tramitado.

Por último, y no menos importante, nos parece que en caso de formularse estas denuncias, éstas deben ir aparejadas de los correspondientes sumarios administrativos a todos los que -en opinión de los denunciantes- ampararon los permisos de actividades supuestamente contrarias a la ley, y que estas conductas pueden llegar a ser constitutivas del delito de prevaricación administrativa contemplada en el artículo 228 del Código Penal.

"Todas las paralizaciones decretadas por las municipalidades, el SAG, Conaf o el Seremi de Vivienda son ilegales y deben ser dejadas sin efecto de forma inmediata"