Las cifras de consumo de drogas en los adolescentes y niños chilenos son alarmantes. Hace unos días la PDI señaló que el 64% de los puntos interceptados por los detectives por drogas son cercanos a establecimientos educacionales. Ha habido un aumento muy importante del consumo juvenil a partir del año 2000, a la vez que el uso se realiza cada vez a más temprana edad, con compras que no sólo se realizan en los barrios, sino también en los establecimientos educacionales. Muchas veces, un medio familiar deteriorado y disfuncional provoca que un sector de los jóvenes opte por refugiarse en la bebida y en las sustancias ilícitas.

Lamentablemente, el abuso del alcohol y las drogas conlleva en ocasiones la aparición de la violencia y el riesgo para los jóvenes de caer en alguna acción delictual con el fin de conseguir dinero y proseguir en el vicio. Se estima que el consumo y la adicción tienen que ver con falta de comunicación de los padres y con falta de percepción de afecto de los niños.

Es evidente que los jóvenes hoy están más expuestos a la oferta de drogas y de alcohol, ya que la distribución se ha ramificado y se encuentra, tal como lo revelan las intervenciones y decomisos que realiza la PDI, incluso en las cercanías de los centros de estudio, en los lugares adonde van a divertirse o en los barrios donde viven. Es preocupante el incremento del consumo de marihuana, mientras que paralelamente han disminuido los índices de percepción de riesgo que tienen especialmente los niños y jóvenes acerca de los daños que provoca su uso. La Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia de Chile ya ha advertido que la disminución de la percepción de riesgo, el alza en la potencia de la marihuana y los intentos de legalizarla han demostrado ser alicientes para el consumo de esta droga. Es por esto que han afirmado que hay que considerar la evidencia científica, pues no se trata únicamente de una discusión de libertades individuales, sino de las consecuencias que podrían tener en miles de ciudadanos, en especial adolescentes, las miradas poco científicas del problema que enfrentamos.

En tiempos en los que arrecia la violencia y la delincuencia, no parece mala idea saber qué nos propone el borrador constitucional. Un aspecto novedoso está dado por la consagración del "derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia", expresión que, como suele suceder en política, apunta con grandilocuencia a una sensible aspiración ciudadana, pero que acto seguido, se diluye al analizar su contenido concreto, a lo que se suma su inexigibilidad práctica y su contradicción con otras disposiciones del mismo borrador.

Pero lo más paradójico, si algo aún puede parecer paradójico en el Chile de hoy, es que a pocos metros de la manifestación voluntarista anterior, los constituyentes, a través de diferentes disposiciones, en vez de fortalecer el diseño institucional de prevención y represión delictual, terminaron precisamente haciendo lo contrario: debilitarlo.

Si bien el Presidente de la República es el responsable de la seguridad pública, de acuerdo al borrador estará sujeto a una "Política Nacional de Seguridad Pública", cuya vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y aprobación son materias de ley; o sea, del Parlamento. Así las cosas, ¿quién responde por la seguridad?

Por otra parte, la propuesta elimina la referencia a Carabineros y la PDI, sustituyéndolos por la expresión "policías", debilitando a dichas instituciones que, en consecuencia, quedan a merced de los políticos. Lo que sí está claro es que Carabineros desparece como tal, ya que el proyecto exige el carácter "no militar", que es de su esencia.

Pero una de las cuestiones más insólitas radica en que no se pierde la ciudadanía en caso de condena a pena aflictiva, como sucede actualmente.

Todos los condenados por cualquier delito podrán votar, pero además muchos condenados por delitos graves podrán ser electos para los más altos cargos públicos, como Presidente, parlamentario, fiscal nacional, contralor, gobernador y alcalde, toda vez que la limitación deja fuera delitos como el homicidio, narcotráfico, robo con violencia o asociación ilícita.

La reformulación en la indemnización por error judicial restringirá que fiscales y jueces opten por la prisión preventiva. La consagración de un catálogo de derechos de los imputados y no de las víctimas, la eliminación del estado de emergencia y, para cerrar, la reforma al Poder Judicial, que entrega el gobierno judicial a un Consejo de la Justicia con integración política, poniendo así una lápida a la independencia judicial, sólo permiten concluir que estamos frente a un borrador de Constitución pro reo y no pro ciudadano.

Marcos Emilfork, ex fiscal

regional de Los Lagos.

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