Marcelo Galindo

Soluciones profundas al mal estado en que se encuentra el camino que conecta a más de 1.500 personas en el sector costero de Río Mar, en Chamiza, es lo que están solicitando los vecinos de este punto de Puerto Montt. Un problema, alegan, que se suma a otros que no han tenido solución.

La problemática vial, de acuerdo a los residentes, es histórica, al punto que motivó la formación de un comité de trabajo y seguridad, como una forma de gestionar de manera directa las soluciones.

Una conexión relevante, puesto que por ella transitan además los vecinos de Coihuín. Un sector aledaño a la Carretera Austral.

Ilsen Ojeda, vicepresidente del Comité de Trabajo y Seguridad Río Mar Bajo, dijo que más de 50 residentes se reunieron con el diputado Mauro González (RN) y con el concejal Yerco Rodríguez (UDI), porque la idea es acelerar la reparación del camino antes de que vuelva la lluvia.

"Este es un problema de hace varios años, pero que no ha tenido solución. Llega el invierno y es terrible el mal estado del camino, con muchos hoyos, barro y agua. El miércoles vino una máquina, pero quedó todo igual", comenta la dirigenta.

Problema

Para Ilsen Ojeda, la zona está abandonada desde hace muchos años. Reconoce que hay familias que viven hace 3 décadas y sus reclamos nunca han sido escuchados.

"En las mañanas esto es un problema para los niños que van al colegio y los vecinos al trabajo, porque el barrial es tremendo cuando llueve. En Coihuín el problema es similar y por ello la locomoción casi no está llegando. Es muy mala por este tema".

De todas formas, destaca que el comité fue formado con la intención de contar con soluciones más profundas, más allá del uso de maquinaría y el relleno en el camino.

"No sabemos la razón por la cual no se invierte en este barrio, cuando es muy habitado, las luminarias también están en mal estado. De 8 postes, sólo 4 funcionan y los caminos históricamente malos. En el sector de Río Mar Alto llevan varios meses sin iluminación".

Vehículos

Mauro González, diputado del distrito 26, reconoce que los caminos del sector de Río Mar y alrededores están en pésimas condiciones.

González reconoce que los problemas son de conectividad, y que producto de ellos se ve afectado el transporte público y los servicios. Tal es el caso de los vehículos que transportan pacientes para diálisis.

Entonces, señala que "es urgente que las autoridades elaboren un plan de intervención de caminos, porque el agua, cuando llueve, llega hasta las casas de los residentes".

Yerco Rodríguez, concejal de Puerto Montt, argumenta que la idea es entregar soluciones antes que las lluvias provoquen más conflictos.

Para Rodríguez, los forados en el camino vecinal y de ripio constituyen un impedimento para desarrollar las actividades.

"Las malas condiciones del camino dificultan el acceso a los vehículos que prestan servicios, como de la Teletón y del DAEM, para el traslado de los estudiantes (...). Todos estos móviles, que son vitales, registran inconvenientes", remarca.

Locomoción

Yannet Cuyul, vecina de Río Mar, contó que la locomoción colectiva ha tenido problemas para hacer su recorrido.

"Han pasado maquinaría, pero el camino queda peor. Si bien la pasaron el miércoles, como fue un arreglo a la rápida, cuando llueva todo volverá a quedar igual. Es decir, en mal estado", acusó.

La vecina propone que coloquen ripio, ya que ello ayudaría a mejorar el camino.

Dina Paredes, de Transporte Río Mar, empresa a cargo de la locomoción colectiva, dijo que el camino ya estaba siendo reparado con maquinaría y una capa de ripio, pero que falta más todavía para mejorar el sector.

Además, recordó que llegan con dos buses diarios, pero que el mal estado del camino igual los ha perjudicado en algunas oportunidades.

600 familias aproximadamente viven en el sector costero de Río Mar aledaña a la Ruta 7.

30 años llevan viviendo algunas familias en este punto, ubicado a 12 kilómetros al este de Puerto Montt.

Con el objetivo de combatir el crimen organizado al interior de recintos carcelarios del país, se desarrolló una operación nacional en doce cárceles, entre las cuales figuró el Complejo Penitenciario de Puerto Montt, lugar donde se logró incautar diferentes artículos que se utilizan para cometer ilícitos.

El procedimiento, que perseguía desarticular las bandas que operaban en estos recintos, en el caso de Puerto Montt, se desarrolló en dos módulos de condenados de alto compromiso delictual, donde se incautaron 11 teléfonos celulares, 37 armas blancas de confección artesanal y tres pequeños envases con droga.

Respecto a la operación, el director regional subrogante de Gendarmería en Los Lagos, teniente coronel Ervin Wandersleben, explicó que "toda la información recolectada fue puesta a disposición del Ministerio Público a nivel nacional".

Además, explicó que la incautación de elementos y sustancias prohibidas "nos permitirá mantener el régimen interno y evitar así situaciones de conflicto que puedan afectar la seguridad tanto de la población penal privada de libertad como de nuestros propios funcionarios".

Nivel nacional

Según se informó, el procedimiento fue coordinado a nivel nacional por el Departamento de Seguridad Penitenciaria de Gendarmería de Chile, siendo monitoreado por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y por el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra.

El operativo también se realizó en las cárceles de Arica, Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago 1, Colina 2, Rancagua, Talca, Chillán y Punta Arenas.

37 armas blancas, de confección artesanal fueron incautadas en el procedimiento.

El diputado por el distrito 26, Fernando Bórquez (UDI), decidió someterse voluntariamente a un examen que mide la presencia de anfetamina, marihuana, cocaína y éxtasis, de manera de transparentar ante la ciudadanía su nula dependencia con las drogas y otras sustancias ilícitas.

Al respecto, el parlamentario gremialista -cuyo resultado salió negativo- lamentó que sectores del oficialismo se negaran durante las últimas semanas a modificar el actual reglamento, asegurando que existen los recursos para someterse a dichos exámenes.

Bórquez acusa que un grupo de parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista se negaron a tramitar con mayor rapidez el proyecto que los obliga a someterse a un test de drogas aleatorio.