La oposición pidió ayer a la Cámara de Diputados una sesión especial para discutir hoy las afirmaciones de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, sobre la existencia de presos políticos en Chile, durante una entrevista en la televisión. Horas después, de madrugada, la secretaria de Estado afirmó en Twitter que "no cabe hoy hablar de presos políticos". Al mediodía de ayer, el Gobierno sostuvo que "no tenemos presos de conciencia".

Vega, durante la noche del domingo en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, fue consultada sobre si existen presos políticos, ante lo cual respondió que "existen los presos políticos, sin duda, y puedo poner ejemplos: los chicos que están actualmente presos, en prisión preventiva desde el estallido (18 de octubre de 2019), que llevan incluso algunos dos años, si no son presos políticos ¿qué son? Porque hasta ahora no han sido enjuiciados".

Sobre la definición de preso político como "estar detenido por las ideas que se tienen, en países donde no existe Justicia independiente", la ministra replicó que "la realidad es la realidad pues, efectivamente nosotros tenemos presos políticos, no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos".

En el caso de los pueblos originarios, la secretaria de Estado dijo que "no vamos a dar nombres, (...) pero ¿qué es esa persona que ha sido encarcelada por un tema asociado a algún tipo de ideología, o de pensamiento político, y que se mantiene encarcelada en la práctica dos años sin que sea nada?, ¿qué es eso? (...) Hay personas que han estado encarceladas por el estallido social hasta dos años, y cuando se les ha juzgado, han salido libres".

Ya en la madrugada, Vega tuiteó que "hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar el mal entendido".

Debate en el pc

El presidente del PC, Guillermo Teillier, dijo que "yo sí creo que hay presos políticos, porque lo que motiva a muchas de las personas que están presas son motivaciones políticas, otra cosa es que en ese accionar haya cometido algo que pase por encima de la ley, eso es distinto, pero hay presos políticos".

La ministra vocera de Gobierno y militante del PC, Camila Vallejo, indicó pasado el mediodía que "no tenemos presos de conciencia, tenemos presos que han sido detenidos en contexto de alta conflictividad política y social. Y eso le da una connotación especial al abordaje de la problemática, pero no tenemos presos de conciencia".

Cuestionamientos

Hoy a las 19:30 horas tendría lugar la sesión especial en la Cámara Baja solicitada por los diputados de Chile Vamos (UDI-RN-Evópoli) y el Partido Republicano, debido a las palabras de Vega, ya que es de "suma gravedad que una ministra de Estado diga que en Chile hay presos políticos y luego se desdiga por redes sociales. Nos gustaría saber cuáles son los antecedentes que maneja la ministra Vega para haber dicho tal afirmación y por qué, curiosamente, se debe retractar a las pocas horas".

Tras la jornada, que abrió un impensado flanco en La Moneda, la CAM convocó para mañana, a las 09:00, una "visita masiva" a la cárcel de Temuco en apoyo a los reclusos mapuche que considera presos políticos.

Ante el llamado a "organizar la resistencia armada" del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, fue consultada en CNN Chile sobre si el Gobierno se querellará contra el dirigente, a lo cual respondió "obviamente que sí. (...) Van a ser anunciadas mañana (ayer) o pasado (hoy) por el ministerio del Interior". La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló en la última jornada que "las querellas son atribuciones de Interior. (... En) reiteradas oportunidades esta persona le ha declarado la guerra al Estado, por lo tanto, hay investigaciones en curso".

Este domingo se cumplen los 15 días acordados por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con los camioneros, para despejar las rutas a cambio de medidas que garanticen su seguridad. El Gobierno, en las últimas horas de ayer, desechó la creación de un estado intermedio, como señaló durante la semana pasada abriendo una división en el oficialismo, y decidió aplicar un estado de excepción "acotado" en la macrozona sur par enfrentar los crecientes hechos de violencia.

El anuncio lo realizó la ministra del Interior, Izkia Siches, después de las 21.00 horas, y explicó que con la medida, que se aplicará en las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, y en La Araucanía, busca resguardar rutas y carreteras con efectivos de las FF.AA.

Un estado intermedio que no limitara las libertades individuales como en el estado de excepción, era la propuesta original del Ejecutivo, que debía ser presentada ayer ante la comisión mixta del Congreso, pero esto no prosperó, pues no había los votos para aprobarla.

"Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan la cadena de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país", dijo la jefa del gabinete.

"Hemos decidido de hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando Estado de Emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío, y la región de La Araucanía", afirmó

Siches también señaló que se reactivará el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, con el fin de "fortalecer las capacidades del Estado y así atender las necesidades de nuestros pueblos".

"Sabemos que existe mucha pobreza e inequidad, por lo que el diálogo es el segundo componente esencial de esta agenda. Retomaremos la vieja tradición de parlamentar entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, para llegar a acuerdos que respondan a la demanda política, territorial y de buen vivir en materias como vivienda, gestión urbana, telecomunicaciones, entre otros", agregó la ministra, quien reiteró que el Gobierno duplicó los recursos para retomar la política de compra y restitución de tierras a través de Conadi, recordó que este año se destinarán "más de 400 mil millones de pesos" en mejorar la calidad de vida y anunció que "hemos solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia" en la macrozona.