Marzo y los gastos escolares
Es en este período cuando queda en evidencia la nebulosa que hay en torno a las exigencias de los textos de estudio. La Fiscalía Nacional Económica ya ha advertido la falta de competencia que existe en el mercado de los textos que se usan en los colegios.
Es usual que entre mediados de febrero y todo marzo haya abundante movimiento en las librerías, hasta donde llegan padres y apoderados en búsqueda de las listas escolares. Lo que deben tener en cuenta las familias es que con todo lo relevante que es este requisito impuesto por los establecimientos educacionales para el buen desempeño de los alumnos, hay también consideraciones de peso, que pasan tanto por la compra de útiles escolares seguros como la libertad de elección de marcas y proveedores, sin que ningún alumno pueda ser excluido de actividades formativas.
Lo primero se refiere a que no existan sustancias que puedan dañar a los estudiantes. Lo segundo es particulamente sensible luego de dos años de la llegada del covid, con una crisis económica que ha deteriorado el poder adquisitivo de las personas. Previo a la pandemia, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un estudio de mercado sobre textos escolares, donde se comprobó lo que autoridades y apoderados comentan hace rato: que las editoriales mantienen precios dispares respecto de un mismo libro, dependiendo si corresponde a los pedidos que hace el Estado, para su entrega gratuita en las escuelas, o si van a la venta en el comercio.
Según la FNE, el Ministerio de Educación realiza cada año un proceso de licitación para adquirir textos escolares a bajo precio, incluyendo una guía didáctica para el profesor y recursos digitales complementarios. En cambio, en la educación privada, los padres son los encargados de costear los textos que el colegio decide, con la editorial ofreciendo otros bienes y servicios al establecimiento. Por ello, la fiscalía ha señalado que falta competencia en este sector.
Desde hace años el Ministerio de Educación ha pedido a los colegios que prioricen el uso de los textos que entrega el Estado, indicando que es incomprensible que ciertos establecimientos no los acepten y hagan incurrir en gastos a las familias. Es un debate que se genera todos los años al inicio del período escolar, cuando se revela que algunos colegios rechazan los textos que el Estado entrega en forma gratuita, los dejan almacenados y -en cambio- piden a los padres que los compren en librerías.
Es una materia que aún se encuentra en la nebulosa y que exige pronunciamientos más claros.