Javier Andrade

Un fuerte revés sufrió la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt tras conocerse el fallo adverso de la Corte Suprema al recurso de protección que había presentado ese organismo en contra la municipalidad, por la reubicación de 80 comerciantes ambulantes.

De acuerdo a la sentencia emanada desde el máximo tribunal de justicia, "se confirma el fallo apelado de fecha 31 de enero de este año y que dictó en su oportunidad, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt".

La resolución fue pronunciada por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros (as) Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y Jean Pierre Matus.

Sobre lo resuelto por la instancia judicial, el presidente del organismo gremial Eduardo Salazar lamentó la decisión, "porque lo que buscábamos era que exista un mayor control del comercio informal, tanto en el sector céntrico como en la periferia de la capital regional de parte del municipio".

Salazar señaló que se trata de una decisión que significa una derrota para Puerto Montt. "No ganó la Cámara ni la municipalidad, porque esperábamos que más allá de un recurso favorable o no favorable, nos interesa que se tomen las medidas para combatir el comercio ambulante y un porcentaje altísimo de la comunidad así también lo está exigiendo", expresó el dirigente gremial.

Indicó que ante este escenario "el llamado es a unirnos y a tomar el control porque la ciudad está tremendamente peligrosa, con las veredas extremadamente utilizadas por estos vendedores".

Acción del comercio

Haciendo historia sobre este episodio jurídico, en diciembre pasado la Cámara de Comercio, en su primer intento por controlar la proliferación del comercial informal, había presentado un líbelo contra el municipio.

En lo puntual, según la entidad gremial, la municipalidad habría estado otorgando más permisos para los ambulantes, lo que se vislumbra a simple vista y que se observa en la cantidad de toldos emplazados en el centro.

También se especifica la petición de un ordenamiento nuevo, especialmente en lo que será la renovada calle Antonio Varas, entre Chillán y Salvador Allende, exigiendo la factura para determinar el origen de los productos vendidos en las calles de Puerto Montt.

En relación al crecimiento del número de vendedores ilegales, se le solicitó que se ordene al municipio fiscalizar y emitir resoluciones que permitan el desalojo del espacio público de los comerciantes ambulantes dentro de la zona de exclusión prevista en la ordenanza en cuestión, que en este caso son tres las calles céntricas autorizadas, en una medida que está vigente desde 2020.

Buscando soluciones

Con respecto al fallo de la Corte Suprema, el concejal (UDI) Yerco Rodríguez, explicó que ha estado siempre presente en las conversaciones que se realizan dentro del municipio con el alcalde y su administración, en torno al comercio ambulante.

"He rechazado todo tipo de propuesta municipal que tenga relación con ampliar calles, porque a mi parecer el comercio ambulante está desbordado y no hay ordenamiento claro de parte de la administración municipal en como poder dar dignidad y una imagen de orden y limpieza para Puerto Montt", señala.

Agregó que este desorden que existe en la comuna ha sido generado por estos comerciantes informales y que es un tema que afecta a locatarios que pagan sus patentes.

En tanto que el concejal Juan Carlos Cuitiño (PEV) opinó que la Cámara de Comercio está en todo su derecho a iniciar procesos legales, sin embargo, argumentó que los municipios son autónomos para adoptar sus determinaciones.

El edil manifestó que la tarea del municipio es entregarles espacios solo en calles determinadas, para ir progresivamente a la regularización de ellos y buscarles un lugar apropiado con algún proyecto del FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) o pensando en cerrar una o dos calles del centro de la ciudad.

Mientras que la concejala Marcia Muñoz (Indep.) reconoció que se imaginaba un dictamen de esa naturaleza.

"Es una realidad que enfrentan los ambulantes en todas las regiones del país y que no se ha podido frenar", comentó Muñoz.

Detalló que en este contexto se debe separar a los históricos, que toda una vida se les ha visto en algunas calles y en los mismos puntos; pero añade que el drama lo tienen las direcciones de control de los comerciantes ocasionales.

Recordó la edil que hace un par de reuniones del Concejo, "aprobamos una ordenanza, casi de emergencia, por los trabajos de calle Antonio Varas para que quienes no tenían ubicación fija, se pudieran instalar en algunas calles y de forma provisoria".

Pero, aseveró Muñoz, que el gran problema que hay es que no son fiscalizados como debiera, dado que no existe colaboración de otras instituciones para que se materialicen alianzas con el municipio puertomontino.

2020 fue el año en que se fijó la ordenanza de zona exclusiva formada por tres calles céntricas de la capital regional.

31 de enero de este año fue la fecha en que la Corte de Apelaciones dio el primer portazo a la Cámara de Comercio sobre ambulantes.