Una jornada crucial para el futuro de la Democracia Cristiana es la que se vivirá hoy con ocasión del balotaje de la elección presidencial de esta tienda, la que disputarán el alcalde de La Granja, Felipe Delpin y la diputada Joanna Pérez.

Fue precisamente esta última quien visitó la zona a mediados de esta semana para reunirse con los militantes y la directiva local de la colectividad.

En la ocasión, señaló que una de las tareas del partido tiene que ver con volver a "hablarle al país", además de mantener el diálogo con el recién asumido gobierno de Gabriel Boric.

En tal sentido, señala que el partido debe contar con un espacio de autonomía.

"La DC es un partido que tiene que recuperar su espacio sin complejos. Y este lugar nunca ha sido de izquierda, ni de derecha, donde nos han querido etiquetar", señala.

Por lo mismo, es que destaca que al tener como domicilio político el centro tiene la obligación de "hablarle a la gente, a las pymes, a los emprendedores y a los adultos mayores".

La candidata afirmó que el partido, en estos momentos, a diferencia de sus ex socios de la ex Concertación y de la Nueva Mayoría, como el Partido Socialista, atraviesa por un período de reflexión. "El quedar en un quinto lugar en la elección presidencial, como Nuevo Pacto Social, nos debe llevar a reflexionar y a evaluar lo efectuado los últimos años, y eso no lo vemos en otros partidos".

La propuesta de eliminar el Senado, que se debate en la Convención Constitucional, ha sido objeto de los cuestionamientos de parte de los tres senadores de la Región de Los Lagos: Fidel Espinoza (PS), Iván Moreira (UDI) y Carlos Ignacio Kuschel (RN).

Sin embargo, fue el primero de ellos quien criticó lo que considera el accionar del recién asumiodo ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, en esta situación.

Según Espinoza, la autoridad gubernamental interviene a través de su pareja, la convencional Constanza Schonhaut.

Así lo indicó en una entrevista realizada en el programa "Siguiendo a la Convención", que conduce Hardy Knittel en radio El Conquistador. "Es ambiguo lo de Giorgio Jackson. Dice que ellos como gobierno no pueden intervenir las discusiones...".

Luego acusa que "cuando quiere mirar para el techo es jugar con la inteligencia de todos nosotros, que sabemos que es parte de esta operación. De hecho, su pareja, que es constitucional, encabeza el objetivo de eliminar el Senado".

Tras recalcar que "no voy a realizar una defensa corporativa del Senado" y que está abierto a una nueva alternativa, si es que es lo mejor para el país, sentencia que "el actual gobierno del Presidente (Gabriel) Boric, no tiene mayoría en el Senado. Entonces, para algunos sectores del Frente Amplio eliminar a este sector de la centroizquierda es el objetivo... es una cámara (Senado) que le incomoda a este gobierno y por lo mismo van a mirar para el techo".

Fidel Espinoza destacó, además, que no les podrán quitar el cargo, porque fue un mandato que les otorgó la ciudadanía.

Es cierto que estamos lejos de alcanzar los niveles de corrupción que se ven a diario entre nuestros vecinos geográficos, pero es evidente que dicho flagelo también nos ha golpeado con bastante dureza de un tiempo a esta parte. Incluso nuestras Fuerzas Armadas han caído presas de este grave problema social. En una sociedad democrática, abierta y pluralista como la chilena, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de los casos de corruptela y deshonestidad que hemos descubierto durante los últimos años.

Los políticos que la practican son con toda seguridad los principales responsables, promoviéndola o aceptándola, usualmente en forma de "aportes"; los sobornadores, como causantes de la misma; los partidos políticos, carentes a estas alturas de la capacidad moral para combatirla, pero con demasiada frecuencia arrogándose una autoridad ética que no tienen; el estamento judicial (jueces y fiscales, principalmente), que en muchas ocasiones no ha dado la talla y ha sido benevolente con los empresarios corruptos; las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, a menudo negligentes en su tarea; algunos medios de comunicación excesivamente politizados, silenciando o minimizando el fenómeno corrupto; la intelectualidad, poco comprometida con su erradicación; y la ciudadanía en general, tolerante con los políticos corruptos, quizás porque aún no está consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo, de todas maneras.

Las causas que propician esta perversión son múltiples, a saber: la excesiva partitocracia del sistema chileno, con sus imperfecciones y poder nebuloso; la profesionalización de la política, entendida en su peor versión, es decir, como el hecho de "apernarse" en los cargos; o el aún deficiente sistema de financiamiento de las entidades políticas. Otras, propias del ámbito municipal, son la crónica insuficiencia de sus recursos económicos; el débil régimen de incompatibilidades legales de alcaldes y concejales; o el deficiente sistema legal de control interno de sus actos económico-administrativos.

Pero, por encima de todas las razones mencionadas anteriormente, la causa primera de los males en el ámbito nacional es la falta de ética de muchos de nuestros servidores públicos, llegados a la política no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología (a pesar de que desde los partidos más ideologizados se hace un permanente mal uso de este concepto), sino por simple y puro interés propio. En términos generales, ética es el sentido o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse. Sin embargo, nuestra vida pública está colmada de maquinaciones, intrigas y "trampas" que conducen a las actuaciones reñidas con la moral, que la ciudadanía conoce y puede presenciar a diario, con una actitud generalizada casi siempre indiferente.

Así, los valores clásicos de las personas que participan de la función pública -imparcialidad, honradez y probidad- han de ser complementados hoy con los nuevos valores de transparencia, eficacia y rendición de cuentas propios de las administraciones gubernamentales del siglo XXI, y que la sociedad chilena debe exigir en todo momento.