Los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial marcaron un nuevo paso hacia un hito político que esta vez se concretará con el balotaje, fijado para el domingo 19 de diciembre. En esa oportunidad, la ciudadanía tendrá que elegir entre los candidatos Gabriel Boric (pacto Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (pacto Social Cristiano).

Es un momento particular del país, ya que se enfrentan opciones que hasta ahora habían estado fuera de los bloques que tradicionalmente disputaron el sillón de la primera autoridad nacional, desde el regreso a la democracia. A ello se suma el hecho que cada uno de los candidatos representa a posturas menos enfocadas en el centro político y más hacia los extremos de la clasificación habitual entre derecha e izquierda, por lo que es inevitable que en el debate público aumente el grado de polarización.

En ese escenario, sin embargo, se ve una anomalía ya conocida en detalle en otros países y que en esta oportunidad parece bastante instalada en Chile, que es la proliferación de falsedades que son ocupadas para intentar especialmente dañar a los adversarios políticos, manipulando informaciones, con tergiversaciones, descontextualizaciones o mentiras que se suelen difundir profusamente.

Transmitir falsedades en medio de las discusiones políticas no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, lo distinto en la actualidad es que ese proceso se ve fuertemente influenciado por las plataformas tecnológicas a través de las cuales la ciudadanía recibe información con mayor frecuencia y tiempo de exposición. Redes como Facebook, Twitter e Instagram o la propia plataforma de intercambio de mensajes WhatsApp, son el escenario propicio para que la desinformación haya proliferado prácticamente sin filtros, pese a que se deben reconocer recientes esfuerzos para cambiar este escenario.

Es en este panorama que el trabajo de los medios de comunicación tradicionales adquiere una relevancia trascendental, en el sentido de garantizar un ejercicio periodístico serio y responsable, alejándose de los dobleces y tergiversaciones que suelen encontrarse en las redes sociales, donde la experiencia ha demostrado que funciona más la lógica de la tribu que la de una sociedad democrática donde hay derechos y deberes.

80 años | 6 de diciembre de 1941

Piden la parcelación de tierras fiscales abandonadas

Veinte pequeños agricultores de Quemchi, en Chiloé, elevaron una solicitud al Ministerio de Tierras y Colonización, pidiendo la parcelación de tierras fiscales desocupadas. Argumentaron razones de bienestar social, ya que hoy "están en manos de terratenientes, con grave perjuicio agrícola y maderero en la región".

20 años | 6 de diciembre de 2001

Sólo un candidato se compromete por el tren

Sólo un candidato a diputado se comprometió a realizar gestiones para impulsar el retorno del tren. Se trata de la carta DC, Sergio Elgueta, quien fue el único aspirante al Congreso en asistir a un encuentro citado por el Comité de Recuperación de FF.CC. Los integrantes del comité intentarán lograr audiencia con el Presidente Lagos.

10 años | 6 de diciembre de 2011

Crisis financiera complica a municipio llanquihuano

Las 14 páginas que llena el boletín comercial de la Municipalidad de Llanquihue grafican la delicada situación financiera en que está la administración edilicia. En total, sus protestos suman más de $96 millones y los incumplimientos por leyes sociales a favor de los funcionarios municipales alcanzarían $40 millones.

Hay un tema de transversal coincidencia en el ámbito marítimo portuario de la zona sur austral. Las decisiones sobre la planificación territorial y los permisos para realizar actividades productivas en el mar no pueden seguir tomándose en Santiago, desconociendo las capacidades y necesidades de los actores locales, y la realidad y diversidad de cada lugar. En el caso de los recursos marinos, debe darse paso a una gobernanza descentralizada donde quienes comparten el maritorio puedan ponerse de acuerdo en las reglas de convivencia territorial y productiva.

Desde la época de la colonia, Chile ha visto cómo el mayor porcentaje de los beneficios económicos de las actividades productivas hechas en las regiones termina yéndose a Santiago o fuera del país.

A la vez, existe una superposición de ministerios y servicios para regular lo que se hace en el mar, configurando una regulación compleja y una diversidad de instituciones y organismos estatales involucrados. La nueva Constitución debería contemplar la creación de un Ministerio del Mar donde se establezcan las condiciones para la realización de actividades de pesca, acuicultura y conectividad marítima, incluyendo el ordenamiento territorial para el desarrollo de éstas relacionadas con la pesca artesanal, recolectores de orilla y pueblos originarios, sin exclusiones.

Hay otro punto muy importante en este análisis. Los pescadores artesanales existen antes de que Chile fuera nación. Sin embargo, no han tenido real injerencia en la administración y gestión del mar. Así, como por la vía legal se reconoció el derecho consuetudinario de los pueblos originarios para administrar espacios marítimos, los pescadores artesanales deben asumir un rol preponderante en la gestión sustentable de ellos.

Pasarán los gobiernos, las constituciones, y seguirán existiendo miles de familias de pescadores artesanales conviviendo y viviendo de los recursos marinos y de los cultivos. La pesca artesanal de Chile está llamada a ser protagonista de nuestro mar en la nueva Constitución, realizando actividades no solamente extractivas, sino siendo parte integral de los procesos y servicios de la industria de los cultivos.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes, para desde su quehacer, incorporar con hechos concretos esta gestión integral y necesaria, en la ruta de navegación que orientará nuestro quehacer como país y como región.

Es lo justo, es lo oportuno.

Héctor Henríquez Negrón, presidente de Armasur