María Consuelo Ulloa

El mundo pandémico hizo repensar muchos aspectos de la vida y tal vez uno de los que más, el educativo.

Es en este contexto y pensando en los desafíos que se vienen en el corto plazo, que un masivo grupo de directores de colegios municipales decidieron formar un gremio -liderado por Mónica Hernández, del Instituto Técnico Forjadores de Alerce- y que ya mira con una lógica más estratégica lo que se viene por delante desde su rol.

- ¿Cuándo surgió la idea de formar la asociación?

- Como directores y directoras de los establecimientos públicos siempre hemos estado organizados, pero antes existía un consejo de directores, que era de carácter técnico, administrativo y social. Pero respecto a la representatividad hacia otros gremios o nuestro sostenedor, consideramos que esta figura nos ponía un poco en desventaja. Si bien es cierto nosotros somos profesoras y profesores, la función directiva tiene obligaciones y deberes distintos a la pedagogía tradicional. Consideramos que era relevante poder organizarnos, además esto nos permitía generar un pensamiento colectivo respecto al rol de ser director en un establecimiento público, pero además nos daba una voz que nos validara frente a nuestro empleador.

- ¿Por qué decidieron unirse, cuáles son los principales objetivos?

- Creemos que la educación se construye de manera comunitaria y colectiva, por lo tanto, el actuar de manera aislada no nos parecía pertinente y queríamos generar un espacio colectivo de reflexión, opinión y asesoramiento también, porque requiere mucho de esto. La normativa educativa y el contexto de pandemia nos ha generado hartas flexibilidades y muchas obligaciones legales que cumplir.

- ¿Cómo es su relación con el Daem?

- Positiva, de mucha coordinación y bastantes instancias para compartir lo que hacemos. Entendemos que hay complejidades propias de la función, pero no tienen que ver la intención del sostenedor, sino por lo que representa administrar uno de los municipios más grandes de Chile. El contexto de pandemia vino a reafirmar la capacidad que tenemos de resolver los problemas desde nuestras unidades educativas y flexibilizando instituciones, nuestras prácticas laborales y la relación con las demás personas en el ejercicio de nuestros oficios.

- ¿Cómo ven el tema de dineros no rendidos en el departamento?

- Efectivamente hoy existen recursos públicos que no están acreditados. Y efectivamente esta situación está siendo vista por Contraloría y en ese caso nosotros primero confiamos en las instituciones y mientras no esté zanjada la auditoría no se puede decir otra cosa.

Me llama la atención que lo que pasa con los dineros (en Puerto Montt), es el 1% del total de saldos que no estarían acreditados en el país, entonces es un tema país.

- ¿Y la candidatura a diputado de Albán Mancilla, el ex encargado?

- Consideramos que Mancilla como cualquier ciudadano tiene el legítimo derecho a postular a un cargo público. Nosotros como gremio no somos partidista político, así que no tenemos opinión de candidaturas puntuales.

- ¿Cómo sienten que ha sido la respuesta del Estado frente a los requerimientos que los establecimientos han tenido en el último tiempo?

- Consideramos que el Estado, representado por el Ministerio, ha actuado con un excesivo centralismo, de manera bastante unilateral y poco dialogante, lo que ha permitido invisibilizar las particularidades de las comunidades educativas. Nosotros esperábamos en una pandemia mundial que existieran mayores flexibilizaciones y diálogo, y poner en el centro de la acción lo que cada establecimiento está haciendo desde sus entornos.

- ¿Qué les parece la resolución del Mineduc sobre la obligatoriedad de presencialidad en el aula a partir de marzo?

- Valoramos y nos parece positivo que haya una orientación de cómo vamos a enfrentar el año 2022. Creemos que eso es muy pertinente, pero hay un punto que nos parece relevante que son las condiciones sanitarias. Lamentablemente, en un contexto de pandemia, el Ministerio debiese entregar más opciones, aparte de la obligatoriedad en lo presencial, respecto a que no vamos a tener claridad de cuál va a ser la condición de la pandemia en 2022.

- ¿Cómo se proyectan para el próximo año, considerando la pandemia y los cambios de gobierno?

- El próximo años esperamos ampliar la cantidad de participantes del gremio y nos gustaría que otras comunas también tomaran el ejemplo y formaran su propio gremio. También consideramos que si seguimos en pandemia se requiere bastante coordinación entre el Gobierno, Municipio y colegios, y eso debería reforzarse a través de mesas de trabajo.

Hay que construir una educación más justa, equitativa y de calidad y que eso nos permita eliminar la brecha que existe entre niveles sociales y modalidades educativas. Ojalá en la nueva constitución se plasme el derecho a la educación y mejorar lo administrativo y orientaciones pedagógicas para que la educación tenga el lugar que le corresponde.

En Chile tenemos una interesante discusión sobre la institucionalidad pública necesaria para enfrentar los desafíos, cada vez más complejos en materia de recursos hídricos. El principal foco de la conversación, como reflejo de nuestra idiosincrasia, ha estado en la institucionalidad central y si esta debe ser una subsecretaría, un ministerio o una agencia nacional de aguas.

Cualquiera sea la decisión que tomemos al respecto, la nueva institucionalidad deberá asumir o coordinar muchas tareas complejas que hoy están en distintos servicios públicos. Pero esta institucionalidad difícilmente podrá ser exitosa si no incorporamos la mirada desde la cuenca.

La unidad básica para la gestión de aguas es, por razones geográficas, la cuenca hidrográfica, entendida como un territorio cuyas aguas superficiales fluyen desde los terrenos más altos hacia un punto común. En el caso de Chile, tenemos 101 cuencas, tan diversas como la cuenca del río San José, en la Región de Arica y Parinacota, que tiene una extensión de 3.437 km2, hasta la cuenca del río Biobío, presente en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, con una extensión de 24.369 km2. Las 101 cuencas no sólo difieren enormemente en sus extensiones, volúmenes y calidades de sus aguas y, obviamente, en los climas que las modelan, también hay grandes diferencias en las actividades humanas que se desarrollan en ellas.

Son estas mismas razones las que han llevado a todos los países de la OCDE a crear instancias de cuenca para abordar las problemáticas locales, con los actores de cada territorio, haciéndose cargo de las particularidades naturales o antrópicas de cada una de ellas.

Últimamente, la idea de replicar esto en Chile ha tomado mucha fuerza, gracias al excelente trabajo que han desarrollado diversas iniciativas, como la Mesa Nacional del Agua, liderada por el Ministerio de Obras Públicas, el Consejo de Políticas de Infraestructura y, especialmente, Escenarios Hídricos 2030, de la Fundación Chile. Todas ellas han planteado distintas ideas que comparten la importancia de contar con una institución local, con poder de decisión y de amplia participación.

A pesar de que la idea puede sonar disruptiva en un país que tiende a la centralización en la toma de decisiones, debiéramos iniciar este trabajo mirando lo que ya está instalado en la cuenca. Haciendo este ejercicio, nos daremos cuenta de que no estamos en el punto cero, pues ya hemos recorrido un largo camino gracias a las Organizaciones de Usuarios de Agua existentes en todo Chile.

Hasta ahora, la mejor -y en muchos casos única- gestión hídrica en las cuencas está siendo desarrollada por las juntas de vigilancia de los ríos, las asociaciones de canalistas y las comunidades de agua superficiales y subterráneas. Son los propios usuarios del agua, agrupados en estas instituciones, quienes actualmente han ido más allá del trabajo que les mandata la ley sobre reparto de aguas, y han incursionado en materias como definiciones de infraestructura local, mecanismos de apoyo a sus usuarios, cuidado y control de calidad de las aguas, campañas de concientización y un largo etc.

Las organizaciones de usuarios de agua están destinadas a ser la base sobre la cual complementar una nueva institucionalidad de cuenca, que no las reemplaza, sino que incorpora a usuarios indirectos, y otros actores, para construir una visión donde todos los intereses estén legítimamente representados.

Sólo con la creación de la institucionalidad de cuencas y el potenciamiento de las organizaciones de usuarios de aguas, podremos tener una gobernanza local de aguas a la altura de los desafíos de Chile.

"Las organizaciones de usuarios de agua están destinadas a ser la base sobre la cual complementar una nueva institucionalidad de cuenca"