Marcelo Galindo

En acuerdo quedó el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, sobre la acción interpuesta por la parte querellante de una adolescente, quien habría sido víctima de abusos sexuales por parte de dos compañeros de curso del colegio San Francisco Javier, y que busca que víctima y victimarios queden separados en la sala de clases.

Para la abogada querellante, Geissy Oliva, su postura es que "no tiene por qué la víctima asumir el rol de aislarse".

El lunes 25 de octubre ambos adolescentes, de 17 años, fueron formalizados por el delito de abuso sexual en el Juzgado de Garantía. Ahí el tribunal determinó la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año.

Los defensores de los jóvenes estaban de acuerdo con la medida, sin embargo, la abogada de la adolescente afectada decidió apelar, puesto que no quedó conforme con las condiciones pactadas para la salida alternativa.

¿Cuáles eran estas? Los jóvenes imputados no podrán cometer ninguna falta o delito durante un año; quedaron con prohibición de acercamiento a la víctima y se especificó que no se pueden acercar ni hablar con ella; no la pueden hostigar dentro ni fuera del colegio. Estas restricciones también se extienden a las redes sociales y a su número telefónico.

"Nos parece que se deben respetar estas mismas medidas adentro de la sala, es decir, que no compartan aulas y ello no se aceptó", replicó en esa oportunidad la abogada Oliva.

La idea de recurrir al tribunal de alzada, de acuerdo a la querellante, es evitar que compartan la misma sala su representada y los imputados.

Tras los alegatos de ayer, llevados adelante en la Corte de Apelaciones, los ministros decidieron que el fallo quedara en acuerdo, por lo que en los próximos día podría resolver el tribunal de alzada.

Protocolos

Desde la rectoría del colegio San Francisco Javier, se comentó que confían en el proceso judicial y que acatarán lo que se dictamine en los tribunales.

"El Colegio San Francisco Javier no comenta procesos judiciales en curso. El establecimiento tiene la confianza en que las instituciones correspondientes harán justicia y el colegio dará cumplimiento a lo que se determine", indicaron.

Desde el colegio particular agregan que "el establecimiento ha activado los protocolos internos respectivos y se ha puesto a disposición ante las autoridades correspondientes".

Apoyos

El organismo encargado de resguardar el derecho de los estudiantes, la Superintendencia de Educación, ha entregado diversas instrucciones a los establecimientos educacionales para la correcta elaboración del protocolo donde se consideren hechos de connotación sexual.

Se trata del contenido mínimo de este conjunto de reglas frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes.

Respecto de las medidas de resguardo, la Superintendencia de Educación plantea que "estas deben estar dirigidas a los estudiantes afectados, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y psicosociales que la institución pueda proporcionar, y las derivaciones a las instituciones competentes". También se da cuenta de las obligaciones que deben tener los colegios respecto de "resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados en todo momento, permitiendo que estos se encuentren siempre acompañados, si es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimización de estos".

Un punto importante que menciona la superintendencia en sus reglas para los protocolos por hechos de connotación sexual en los colegios señala que "se deben observar las orientaciones sobre, maltrato, acoso, abuso sexual y estupro en establecimientos educacionales entregadas al efecto por el Ministerio de Educación y tener como consideración primordial el resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente".

Equilibrio

Andrés Martínez, abogado experto en defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes, señala que hay que tomar medidas preventivas en este tipo de sucesos. Por ello explica que se debe apartar a los niños (imputados) de la víctima y dejarlos con clases en sus casas: "Ello no coarta la posibilidad de estudiar, se hicieron clases telemáticas en cuarentena. Con esa separación se mantendría un equilibrio, sin vulnerar los derechos, aunque siempre hay que mantener el principio de inocencia".

Para Martínez se trata del principio preventivo de mantener el derecho a la infancia, y en ese sentido "hay que tener cuidado para evitar revictimizar a la niña afectada".

El abogado critica la forma cómo se llevan adelante procesos cuando hay niños, niñas y adolescentes implicados.

"La hipocresía de un sistema que dice proteger la infancia, denota la falta de políticas claras y el doble discurso que se da en este sentido, porque cuando hay que tomar medidas concretas no se hace algo sensato desde el mundo adulto y nosotros los adultos seguimos mirando como objeto y no cómo sujetos a los niños, niñas y adolescentes. Producto de ello hay que profundizar en todo el sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes", reconoce.

1 año rige la suspensión condicional del procedimiento dictaminado por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.

3 involucrados en esta causa penal cursan la enseñanza media en el Colegio San Francisco Javier, de Puerto Montt.