vertederos municipales e industriales. Hemos abierto procedimientos contra muchos de ellos y algunos bastante avanzados. Tenemos procedimientos contra el municipio de Ancud y ahora reiniciamos el procedimiento sancionatorio contra la Municipalidad de Castro, al no llevar a efecto su programa de cumplimiento.

- ¿Tienen contemplado intervenir en el cuidado ambiental de los humedales urbanos, que se ven amenazados por el avance de proyectos inmobiliarios?

- En Altos de Maullín (entre Puerto Varas y Llanquihue) iniciamos un procedimiento sancionatorio con respecto a una de estas compañías que estaba interviniendo dentro del área de conservación, sin una autorización. Nosotros dictamos medidas cautelares, la empresa incumplió y por eso que ahí estamos ejerciendo todas nuestras atribuciones.

Pero esto es algo que se repite. Sin duda, en la Región de Los Lagos es muy importante cuidar el atractivo del patrimonio ambiental. Si bien el desarrollo inmobiliario es relevante, tiene que hacerse como corresponde, con todas las de la ley. Para eso está la institucionalidad ambiental, para velar que ocurra de esta manera.

- Pero hay más denuncias de este tipo en la zona...

- Hemos tenido denuncias, sobre todo respecto a temas de humedales urbanos, que es una ley que está entrando recién en operación; todavía hay situaciones con diagnósticos diversos de los tribunales de justicia, de la Contraloría y de la autoridad administrativa. Por eso que nosotros hemos tomado la posición de siempre fiscalizar. Hemos abierto nuevos canales para que la ciudadanía denuncie desde sus celulares, computadores o desde sus hogares, y no sólo en forma presencial.

- ¿De qué manera han actuado frente a los últimos incidentes de escapes y mortandad de salmones, como el que se produjo en el fiordo Comau?

- En ese momento nos focalizamos en el control de la contingencia ambiental, a lo que se sumó otro evento en Aysén. Eso habla de la necesidad de repensar el ordenamiento territorial de esta industria. Hay lugares que por su fragilidad y el avance del cambio climático se están transformando en zonas más riesgosas para el desarrollo de la acuicultura. Eventualmente, es un tema que hay que abordar en el futuro. Mientras tanto, vamos a exigir que los planes de contingencia de estas empresas se cumplan a cabalidad.

Tenemos investigaciones en curso para 11 centros de engorda de salmón, evaluando si cumplieron con lo que se les exige el reglamento ambiental de la acuicultura y sus permisos ambientales, por cierto. Cuando concluyamos esas investigaciones, veremos si se requiere avanzar por la vía de la sanción. Vimos un avance importante respecto del bloom de 2016, que no pudo ser abordado de manera adecuada, tanto por la institucionalidad como por la industria. Pero eso no quiere decir que no haya temas que mejorar, refuerzos logísticos que realizar. La industria tendrá que ver ahora la forma de avanzar en esa materia para que -idealmente- no ocurran estos eventos y si es que ocurren, estemos preparados para manejarlos como corresponde.

- ¿Considera que disponen de suficientes herramientas para realizar una correcta fiscalización y aplicar sanciones adecuadas a las empresas que cometen irregularidades?

- Hemos avanzado muchísimo, pero es una institucionalidad que requiere ser completada. Hemos solicitado públicamente que se refuerce desde el presupuesto, desde la dotación, pero también desde sus atribuciones a la Superintendencia del Medio Ambiente. Es un elemento clave para mejorar la protección medioambiental del país, como demanda la ciudadanía y que le ha dado gran prioridad en los últimos temas. Esto es un gran desafío de la presente década. Tenemos que prepararnos para una ciudadanía más empoderada y para eso debemos tener una institución acorde.

Sin embargo, aumentamos significativamente nuestras sanciones y supervisiones a la industria salmonicultora. Hemos multiplicado por diez las formulaciones de cargos respecto a centros de engorda de salmón, en comparación al histórico; también hemos ejercido sanciones importantes, como la que aplicamos en 2020 a la empresa Mowi ($5.300 millones), una de las más altas -en general- que haya aplicado esta Superintendencia. Creemos que estas señales disuasivas van a incentivar un comportamiento responsable de la industria. Pero, nosotros no vamos a bajar los brazos, hasta que el cumplimiento ambiental de la salmonicultura sea el que se merece el país.

- Essal es otra empresa que también ha motivado el seguimiento de la SMA. ¿Cuál es la evolución de esas resoluciones?

- Hemos formulado cargos a varias de las instalaciones de la empresa Essal en Puerto Montt, en Los Muermos, cerca de Maullín. Tenemos investigaciones en curso de otras instalaciones en Osorno y Chiloé. Hemos exigido correcciones, la empresa tiene que cumplir lo que prometió. Nosotros hemos actuado de manera activa para que el tratamiento sanitario que se cobra al mes en las cuentas del agua, sea el que por normativa ofrece la empresa. Nos coordinamos con la Superintendencia de Servicios Sanitarios que cumple con su rol al respecto. Eso demuestra que la actividad de la SMA ha aumenta

do en todas las dimensiones. En comparación con 2019, hemos duplicado los procedimientos sancionatorios, hemos aumentado en un 50% nuestras fiscalizaciones. Pero, a este trabajo hay que darle continuidad. Hay un gobierno que está terminando. Este es un tema que es de primera necesidad de la ciudadanía. Esto requiere que la política ambiental continúe siendo una política de Estado, que se siga avanzando en el tiempo.

"Tenemos investigaciones en curso para 11 centros de engorda de salmón, evaluando si cumplieron con lo que se les exige el reglamento ambiental de la acuicultura y sus permisos ambientales, por cierto. Cuando concluyamos esas investigaciones, veremos si se requiere avanzar por la vía de la sanción" "