Redacción

El cuestionado presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, realizó una cadena nacional por televisión y radio para anunciar que su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta del país, es desde ahora copresidenta de facto de la nación.

"Aquí (en Nicaragua) tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50, o sea aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario", declaró Ortega, en referencia al "modelo de equidad de género" en los cargos públicos, que ha utilizado para justificar el posicionamiento de Murillo al frente de su Gobierno.

"Todos los días se está comunicando con nuestro pueblo, dando a conocer todo lo que se está haciendo en beneficio de las familias nicaragüenses, sin hacer diferencias políticas, sin hacer diferencias ideológicas allí van las obras multiplicándose todos los días en nuestro país", dijo el mandatario sandinista mientras confirmaba el nombramiento tocando el hombro de su esposa, que tiene 70 años.

Sin embargo, el nombramiento solo puede ser de facto, pues la figura de "copresidente" no forma parte de la Constitución del país, que se dispone a elecciones presidenciales el 7 de noviembre con una intensa crisis política y social.

El presidente Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años, que busca su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Murillo, disputará la presidencia en un tablero que acomodó deteniendo a opositores, lo que le ha significado serias reprimendas internacionales que apuntan a que los comicios no serán "transparentes".

"perpetuarse al poder"

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo ver con "extrema preocupación" el clima de "represión" que rodea a las elecciones de noviembre, y consideró que el Gobierno "busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad".

Según la CIDH, en Nicaragua "ha operado un proceso paulatino de concentración del poder y un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas".

Ante las elecciones, la CIDH dijo haber constatado "la intensificación de la represión contra la oposición política, líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas" a partir de la publicación del calendario comicial, el 11 de mayo de 2021.

Desde entonces, ha tenido lugar la "detención arbitraria y criminalización de más 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 precandidatos a la presidencia, que permanecen privadas de libertad".

Sudán se prepara para una gran manifestación convocada para esta jornada, en las calles de la capital en protesta por el golpe de Estado militar perpetrado a principios de semana, mientras preocupa el uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos.

Desde el 25 de octubre, día en que el líder militar sudanés, Abdelfatah al Burhan, perpetró el golpe de Estado en el que arrestó al depuesto primer ministro, Abdalá Hamdok, los diferentes grupos opositores están buscando apoyo para devolver al país el Gobierno civil, que fue disuelto.

Los opositores han llamado a que los "hijos de la revolución", en referencia a los movimientos populares que derrocaron al dictador Omar al Bashir, que ostentó el poder durante tres décadas en el país hasta abril de 2019, salgan a las calles para manifestarse.

Al Burhan disolvió los órganos creados para el periodo de transición iniciado tras el derrocamiento de Al Bashir y declaró el estado de emergencia en todo el país, aunque un día después prometió que volvería a restablecerlos.

Este golpe se dio tras críticas cruzadas entre el estamento militar y los partidos políticos, cuya convivencia en el proceso de transición había sido tensa desde el inicio, y el aumento de la tensión después de una presunta intentona golpista hace un mes que el Gobierno atribuyó a "remanentes" del régimen de Al Bashir "dentro y fuera de las Fuerzas Armadas", algo que enfureció a los uniformados.

En este contexto el representante especial de la ONU en Sudán, Volker Perthes, pidió a los militares y las fuerzas de seguridad que respeten el derecho de los manifestantes y eviten el uso excesivo de la fuerza en las protestas.

El día del golpe militar, hubo protestas que resultaron en enfrentamientos que se saldaron con al menos 10 muertos por "tiroteos mortales", según Amnistía Internacional.

Sueldos de 100.000 dólares al año y un bono solo por firmar el contrato son ahora habituales en las ofertas de trabajo para camioneros en Estados Unidos, un oficio considerado clave para solucionar los grandes problemas de suministro en el país norteamericano.

La industria del transporte en EE.UU. respondió así a la escasez de camioneros en lugares como Los Ángeles o Long Beach, ciudades portuarias en California que han visto cómo sus muelles se llenan de mercancías ante la falta de trabajadores para descargar y mover los productos.

Este colapso provocó a su vez que aparezcan suculentas ofertas de seis cifras en otros lugares con puerto, como San Francisco (California), Houston (Texas), Miami (Florida) y Nueva York, que reciben ahora más importaciones en sus muelles y necesitan manos para transportarlas. La Asociación Estadounidense de Camiones (ATA) calcula que la industria enfrenta una escasez de 80.000 camioneros.

Las razones

A esta situación se llegó por varios motivos, empezando por la falta de actividad para los camioneros que trabajaban descargando puertos y que se quedaron sin trabajo cuando la economía se paralizó por la pandemia, según el director de la facultad del Centro de Gestión Global de la Universidad de California en Los Ángeles, Christopher Tang.

"Esos conductores cambiaron de profesiones entonces porque no tenían trabajo y ahora que la economía se está reactivando y las importaciones han crecido, no tenemos suficientes transportistas", explicó Tang.

Empresas como McLane Southern California, en Los Ángeles, Distributor Sysco, en Miami, o Texas Transeastern, en Houston, ofrecen sueldos de más de 100.000 dólares y bonos de 10.000 a 20.000 dólares al momento de la firma.

Además, prometen a sus potenciales trabajadores que "dormirán casi todos los días en su casa" y conducirán camiones nuevos.

El expresidente argentino Mauricio Macri confirmó que el próximo miércoles volverá a presentarse ante el juez que lo investiga en una causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. Macri debía prestar declaración indagatoria por esta causa, pero la audiencia se truncó porque el exgobernante no había sido relevado de la obligación de guardar secreto en asuntos de Inteligencia. Eso se resolvió este viernes después de que el presidente argentino, Alberto Fernández, firmó un decreto con el que relevó a su antecesor del deber de confidencialidad, tras lo cual el juez Martín Bava, volvió a citar a Macri a los tribunales de la ciudad bonaerense de Dolores (200 kilómetros al sur de Buenos Aires).

El presidente de Perú, Pedro Castillo, llega hoy junto a 15 de sus ministros a La Paz para participar en el Encuentro Presidencial y VI Gabinete Ministerial Binacional Bolivia-Perú. Según el Gobierno peruano, el encuentro "constituye la máxima instancia de diálogo político bilateral entre ambos países". El Ejecutivo de Castillo agregó que el objetivo es "fortalecer los lazos de cooperación y avanzar en la identificación de iniciativas en beneficio de las poblaciones de ambos países, en especial, de las que están en zonas de frontera". Según fuentes de la Cancillería peruana, hay "muchas expectativas" sobre los acuerdos que se puedan tomar sobre la gestión del Lago Titicaca que se planteará reforzar al puerto peruano de Ilo para el tráfico marítimo de Bolivia.