La delincuencia se ha visto potenciada por la gran cantidad de armas que están en manos de antisociales y, sobre todo, de bandas de narcotraficantes, que disponen de armamento de alto calibre para utilizarlo con el fin de resguardar la distribución y venta de drogas.

Recientemente, Carabineros dio a conocer que este año, hasta agosto, la institución había realizado en el país 5.321 detenciones con incautación de armas de fuego y blancas, la mayoría de ellas en poder de adultos, pero también de niños y adolescentes. Los aprehendidos tenían, en promedio, dos detenciones, aunque algunos acumulan más de un centenar a lo largo de su repudiable carrera delictual.

Por ello, en el Congreso Nacional se estudian los cambios a la legislación de control de armas, para hacerla más eficiente. En septiembre, la sala del Senado aprobó y despachó en tercer trámite a la Cámara de Diputados el proyecto respectivo que busca, entre otras materias, fortalecer la fiscalización, instalar un registro de cada arma y considerar a las municiones en la legislación. En el proyecto, se aumenta la fiscalización y regulación de las armas y municiones inscritas, pero se debe abordar el tema de las armas ilegales y el tráfico de las mismas.

El narcotráfico es el campo delictivo más relacionado con el uso de este poder de fuego.

Se recuerda que una encuesta realizada este año por el centro de estudios Espacio Público y la empresa Ipsos, reveló que el 53% de los consultados cree que la delincuencia es el problema más urgente que enfrenta el país, incluso superando al desempleo y las dificultades de acceso a la salud. Por una parte, se aprecia una mayor violencia en los delitos, y por otra, la participación de menores de edad, que son inimputables o se exponen a bajas penas, por lo que suelen ser utilizados por personas mayores. Se entiende la preocupación que existe entre los habitantes, por la extremada violencia en las acciones delictuales, que muchas veces tienen que ver con el tráfico de drogas y la tenencia de armas.

A nivel nacional hemos marcado un gran hito, el que genera muchas expectativas e inquietudes. Como Ministerio de Desarrollo Social y Familia creamos Mejor Niñez, un nuevo servicio que tiene como misión garantizar en todo el país la protección de los niños, niñas y adolescentes que han sido amenazados o gravemente vulnerados en sus derechos.

Mejor Niñez inicia con cambios sustanciales para la historia de la protección del país. Desde ahora son sujetos de atención del Servicio no sólo los niños, niñas y adolescentes, sino también sus familias. El Servicio de Mejor Niñez no cierra un proceso institucional. Antes bien, abre nuevos retos, nuevas obligaciones y un nuevo ímpetu del que debemos hacernos cargo en todos los ámbitos de la sociedad: desde el Estado, desde la sociedad civil y, por supuesto, desde las familias, cualquiera sea la constitución de éstas.

Estamos trabajando comprometidamente en la instalación de Mejor Niñez. Sabemos que es un proceso que requiere de tiempo y una dedicación única. Por eso mismo, no podemos fallar, no podemos fallarles a los niños, niñas y adolescente de nuestra región y el país. Es el inicio de un cambio de paradigma, el inicio de un pasado que no podemos eliminar, pero del que tenemos que aprender decididamente. Restituir los derechos, reparar el daño producido y prevenir eficientemente nuevas vulneraciones están en el corazón del trabajo que comienza con Mejor Niñez.

Tenemos una oportunidad de enmendar todos los errores cometidos y comenzar a hacer las cosas bien. Este gran cambio significa otorgar a nuestros niños y adolescentes una mejor calidad de vida, a través de un sistema de protección más integral de derechos, que considera a las familias y cuidadores, así como también la opinión permanente de los niños niñas y adolescentes y entrega responsabilidades al intersector, lo que hace que asumamos como país, la tarea de otorgar un sistema de protección con sentido.

En Mejor Niñez se fortalecerá los territorios con directores regionales con más atribuciones para tomar decisiones de acuerdo a la realidad de su región y con una redistribución en los programas, ajustados a la realidad cultural, territorial y ética, de modo que los niños niñas y adolescentes puedan acceder a mejores programas y con pertinencia en el lugar en el que viven.

Manuel Obando Vargas Seremi de Desarrollo Social y Familia

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