Marcelo Galindo

El 30 de septiembre se cerraron definitivamente las puertas del área de protección de derechos del Servicio Nacional de Menores (Sename), uno de los servicios públicos más cuestionados durante la última década, dando así un paso más hacia su término definitivo.

Si bien el servicio ya no se hará cargo de la promoción, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados, sí seguirá a cargo del área de justicia juvenil, un ámbito en el cual el desafío no es menor, pues en esta región actualmente existen 350 jóvenes y adolescentes en conflicto con la justicia, cumpliendo algún tipo de sanción aplicada por tribunales, ya sea en programas de medio libre o privados de libertad.

Quien estará a cargo de sacar adelante este desafío es la directora regional de Sename, Lilian Peña, asistente social y magíster en políticas públicas, quien llegó al cargo hace tres años -por Alta Dirección Pública- y a quien además se le renovó su periodo de contratación por tres años más.

Ella deberá liderar esta vez el servicio en este nuevo proceso de preparación del futuro cierre definitivo, especializándolo en reinserción social juvenil, apuntando a que los jóvenes que están sancionados por la justicia no reincidan en conductas delictivas y se inserten efectiva y positivamente en la sociedad.

-¿Cómo se compone y cómo trabaja actualmente el área de justicia juvenil de Sename?

-Actualmente en la región contamos con 19 programas en el área de justicia juvenil, sólo tres de ellos son de administración directa del servicio: el Centro de Régimen Cerrado, el Centro de Internación Provisoria y el Centro Semi Cerrado. Que son, además los recintos de los que más conoce o ha escuchado la ciudadanía.

Además de esos, existen otros 16 programas, ejecutados por organismos colaboradores privados, en donde hay programas de salidas alternativas, de libertad asistida especial, de servicios a la comunidad, de regularización de estudios, de inserción laboral, entre otros. Todos estos programas tienen por finalidad dar cumplimiento a las sanciones establecidas por los tribunales de justicia a adolescentes y jóvenes, mayores de 14 y menores de 18 años, cuando han cometido algún delito.

Algunos de estos programas pueden actuar complementariamente en el proceso de reinserción social, que es el objetivo final de la sanción, la responsabilización e inclusión social de jóvenes en conflicto con la Justicia. A qué programa o programas será derivado cada adolescente es una decisión que toman los tribunales, en función de la gravedad de los hechos.

-¿Es efectivo el proceso? ¿Funciona?

-Es un trabajo muy complejo, que requiere una visión integral, en donde no siempre se pueden garantizar resultados. No podríamos decir que el proceso es efectivo o eficiente a cabalidad, por supuesto que tenemos casos que maravillan por sus resultados, jóvenes que han completado sus estudios, incluso que se han titulado de la educación superior, u otros que se han reinsertado laboralmente, han formado sus familias y nunca más delinquieron. Sin embargo, mientras estos sigan siendo casos que nos sorprendan, entonces estamos frente a un modelo que debe ser perfeccionado, por estos logros debiesen ser la norma y el hábito como resultado del trabajo de reinserción.