Marcelo Galindo

Una crítica a todos los servicios públicos relacionados con el medio ambiente, a la Municipalidad y autoridades en general realizaron los vecinos que llevaron adelante la demanda por daño a dos humedales y tala de bosque en el sector de Alto La Paloma, que fue refrendado recientemente por el Tribunal Ambiental de Valdivia, que en un fallo paralizó las obras de la inmobiliaria Alto Volcanes en este punto de la ciudad.

La crítica apunta a la inactividad que hubo desde principio de año de los servicios públicos a las denuncias que hicieron los residentes.

Campaña

David Hinostroza, dirigente de la agrupación cultural por los humedales y entornos naturales "Gayi", señala que desde inicio de este año comenzaron con las primeras denuncias por la tala de bosque en el sector y alteración a los humedales: "Oficiamos a la Municipalidad, Dirección de Obras Municipales, Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, SAG, Superintendencia de Medio Ambiente, Conaf y seremi de Medio Ambiente".

Explica Hinostroza que en el caso de la Municipalidad, la Dirección de Obras Municipales (DOM) y el Departamento de Medio Ambiente (DIMAO) "se acercaron al sector con fecha 19 de marzo de 2021, en contexto de campaña electoral de alcalde y concejales. En esa oportunidad en el lugar realizaron diferentes promesas, para dar solución a los problemas denunciados, que en definitiva nunca recibimos respuestas".

Respecto de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) "desde que realizamos nuestras denuncias formales y aporte de toda la información, no tenemos respuesta. No hay información que dé cuenta de su actuar".

En cuanto al seremi de Medio Ambiente (Klaus Kosiel) indica que "no se ha pronunciado en esto y ha guardado silencio, como ha ocurrido en toda su gestión", anota Hinostroza.

Conaf

Para el dirigente la participación de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) es un tema que debería ser parte de una auditoría de Contraloría.

"Denunciamos en marzo la tala ilegal de bosque nativo y recién en julio ingresaron la denuncia al juzgado (de Policía Local), dando todo ese tiempo a la inmobiliaria para que continúe con el daño ambiental".

Jorge Aichele, director regional de Conaf, recordó que la inmobiliaria ha sido denunciada dos veces y no cuenta con permiso para la tala de bosque.

"Los datos ya fueron puestos a disposición de los tribunales y se han realizado dos denuncias, donde se dio a conocer la intervención de más de cuatro hectáreas y se propuso una multa al tribunal de 117 millones de pesos, la que fue cancelada por la empresa. En estos momentos está en proceso otra multa por 3,7 hectáreas y ello se encuentra en el Juzgado de Policía Local".

Ivonne Mansilla, jefa de la oficina regional de la Superintendencia del Medio Ambiente, aclaró que la labor se ha centrado no sólo en acoger dichas denuncias y realizar las fiscalizaciones en terreno, "sino que también en requerir tanto a los titulares de las inmobiliarias como a algunos servicios públicos, información relevante que nos permita evaluar posibles elusiones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)".

Señala la autoridad de la SMA que "con todos los antecedentes recopilados y estudiados con el máximo rigor, esperamos tener los antecedentes necesarios para evaluar respecto de lo denunciado y generar los procedimientos administrativos que correspondan".

Comenta además que la Superintendencia seguirá adelante con los procedimientos "de manera de ir dando respuesta".

El seremi del Medio Ambiente no respondió las consultas realizadas por este medio.

$117 millones en multa ha cursado Conaf contra la inmobiliaria Alto Volcanes por tala ilegal de bosque.

"Como Municipio se han realizado las denuncias gracias a la información proporcionada por los vecinos y agrupaciones ambientales. Se pudo visualizar por medio de un dron posibles irregularidades. Tras ello, se realizaron tres denuncias durante el primer semestre de este año a la Dirección General de Aguas (DGA), por las posibles modificaciones de cauce; a Conaf, por la tala ilegal de bosque nativo y posible afectación a alerces vivos, y a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por posible elusión por fraccionamiento de proyecto inmobiliario", respondió Pablo Triviño, encargado del DIMAO.

Muy estricta sigue siendo la revisión de la libertad condicional en la región por parte de ministros y jueces.

En la reunión de ayer, sólo se autorizaron cinco de casi 200 solicitudes de reclusos.

Se trata de las peticiones -que se hacen dos veces en el año- para acceder a la libertad condicional, presentadas por 192 internos de las unidades penales de Ancud (11), Castro (19) y Puerto Montt (162).

Tras el tradicional proceso se rechazaron 187 solicitudes. Los beneficios corresponden a cuatro internos del penal de Alto Bonito y uno del complejo penitenciario de Castro.

La comisión estuvo presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt Patricio Rondini, e integrada por los jueces del Juzgado de Garantía de Puerto Montt Marcela Araya y Miguel Ángel García, y los magistrados del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Patricia Miranda y Rosario Cárdenas.

Participaron como relatora la secretaria (s) del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Maullín, María José Rojas, con el apoyo de la abogada y funcionaria del tribunal de alzada Carolina Mancilla, quien, también cumplió funciones como secretaria de la Comisión.

En tanto, como digitadora participó la abogada y funcionaria de la Corte, Catalina Martin.

Según el ministro Rondini, la Comisión de Libertad Condicional se reúne anualmente en forma semestral.

"Gendarmería presentó a 192 internos que buscaban continuar cumpliendo sus condenas en el medio libre, bajo la modalidad de libertad condicional. La comisión verifica si se cumplen los requisitos legales, esto es, un tiempo mínimo de cumplimiento de la condena que, según la naturaleza del delito, puede ser la mitad o dos tercios de la condena".

Explica además el ministro de la Corte de Apelaciones, que "se requiere una conducta intachable al interior del recinto penitenciario y un informe favorable de un equipo técnico de Gendarmería".

En la última sesión -realizada el 7 de abril- la comisión otorgó la libertad condicional a 12 internos (5,5%) de un total de 217 postulantes de los penales de Ancud, Castro y Puerto Montt.

El 17 de septiembre de 2020, el Ejecutivo publicó el decreto 338, que establece las normas relativas a la organización del sistema de libertad condicional, incluyendo los programas, las características y los aspectos particulares que estos deberán tener.