La donación de órganos y tejidos es un acto voluntario, altruista y gratuito, por el cual una persona o su familia deciden ceder los órganos para que sean extraídos e implantados en otra persona. Puede ser realizada por personas vivas que lo aportan a algún familiar, siempre que no altere el funcionamiento vital de su cuerpo, o por pacientes fallecidos, previa autorización de su entorno.

Lamentablemente, tanto las cifras de donaciones como las de trasplantes en Chile son insuficientes. Este año, en el país ha habido sólo un centenar de donantes efectivos, muy lejos de cubrir la demanda de más de 2.300 personas que se encuentran en lista de espera.

El número de aportantes ha ido bajando. En 2017 hubo 173, que se tradujeron en 450 intervenciones a pacientes que esperaban un procuramiento. En 2018, fueron 119 donantes, que se materializaron en 342 trasplantes, considerando que de cada persona se extraen varios órganos. La pandemia hizo dejar de lado el tema, para poner todos los esfuerzos en el covid-19.

Si bien es cierto son muchas las personas que en vida expresan su decisión de que al fallecer donarán sus órganos y tejidos, los familiares rara vez respetan esa determinación. En 2003, el 30% de los parientes se oponía a la cesión de órganos de sus seres queridos, cifra que en 2019 se elevó a 59%. La ley mantiene como familiares que pueden oponerse a la donación, al cónyuge o conviviente civil, hijos mayores de 18 años, padres, representante legal, hermanos y nietos mayores de edad.

Ayer se conmemoró el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos del Cuerpo Humano en Chile, que busca poner en relieve la importancia de este tema para salvar la vida de otras personas o mejorar la salud de pacientes que requieren un trasplante para corregir alguna disfuncionalidad.

Es cierto que la muerte significa un padecimiento para las familias de los donantes y quienes esperan los órganos en momentos complejos, pero los procedimientos quirúrgicos de trasplantes se han perfeccionado y la experiencia constituye una alternativa válida para enfrentar enfermedades que de otra forma no tendrían curación posible dado el deterioro del órgano y las condiciones del enfermo.

El año 2015, mediante la Ley 20.861, se creó el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Sacfi, cuyo objetivo fue el fortalecimiento de la persecución penal mediante la incorporación de estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales u otras estructuras de criminalidad reconocibles. Este sistema está compuesto por analistas criminales que tienen por función, entre otras, generar información mediante la revisión y sistematización de datos; estudiar las características de la criminalidad en la región; identificar patrones delictuales y de imputados; formular orientaciones y diseñar procedimientos que permitan al Ministerio Público alcanzar sus objetivos de persecución penal.

Sacfi incluye también fiscales adjuntos que dependen de la Fiscalía Regional y quienes, en coordinación con las diferentes fiscalías locales y unidades policiales, deben dirigir la investigación en los delitos que han sido priorizados como focos investigativos.

Nuestra región tiene diversos factores que influyen en las características de la criminalidad a la que nos vemos expuestos. Podemos mencionar, entre ellos, la gran extensión y dispersión geográfica; la dificultad para acceder a ciertas localidades; la lejanía con la capital y otros grandes centros urbanos; la relación entre los diferentes territorios y las brechas entre el mundo rural y las ciudades; la diversidad productiva; la cantidad de pasos internacionales, elementos todos que sin duda exigen un análisis criminal pertinente, que sea capaz de responder a nuestra propia realidad delictual. Por otra parte, sabemos que esta realidad también es dinámica, lo cual nos exige adaptarnos y ajustar constantemente nuestros procesos investigativos.

Desde el año 2018, Sacfi en la Región de Los Lagos ha llevado a cabo importantes investigaciones que han permitido la desarticulación de bandas y la sanción de personas involucradas en delitos de gran violencia, como en el llamado "caso parcelas", vinculado a delitos de robo en lugar habitado. Asimismo, la investigación y sanción de diversos ilícitos cometidos en el contexto de la revuelta social, entre ellos el incendio frustrado de la Catedral de Puerto Montt, como también la investigación y sanción del delito de usura a través de la modalidad "gota a gota". A todo ello se suma la persecución de numerosos delitos de robo con intimidación y tenencia ilegal de armas, en que el análisis y la lógica investigativa propias de la unidad regional ha significado condenas a penas más altas.

Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos

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