Daño a bosques y humedales
El Estado, empezando por el municipio de Puerto Montt, debe tener un rol más activo en la preservación de estos espacios de rica biodiversidad. Que se haya implicado al director jurídico del municipio en la defensa de un particular acusado de falta ambiental no ayudó mucho.
Cada una de las ciudades del sur del país cuenta con una bendición que, a la vez, es una maldición. La privilegiada condición climática ha dispuesto de la presencia de numerosos humedales que, tristemente, han venido sufriendo un creciente proceso de degradación que ni la institucionalidad medioambiental ni las buenas intenciones de las reparticiones públicas ha logrado refrenar, producto de una legislación débil que aunque ha cambiado, sigue presentando recovecos a los que recurren los interesados en intervenir tales espacios naturales en beneficio de sus intereses.
Lo que está ocurriendo en el sector de Alto La Paloma, en Puerto Montt, es tal vez el mejor y más patético ejemplo de lo que está pasando. A pesar de las insistentes advertencias y casi ruegos de una comunidad cada vez más organizada, pareciera que el Estado sigue llegando tarde, pues en lugar de conocerse de acciones remediales en torno a bosques y humedales amenazados, lo que persiste es la denuncia de nuevas intervenciones, aun a pesar de las declaraciones y acciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que sólo esta semana confirmó otra vez la tala ilegal de bosque nativo en ese emblemático sector.
El Estado, tanto desde los organismos gubernamentales como desde los municipios, debiese tener un rol más activo en la preservación de los bosques y humedales emplazados en el perímetro urbano. En el caso de Puerto Montt, con una población tan sensibilizada con esta demanda desde el episodio del humedal Llantén, se esperaría de la corporación edilicia un énfasis aún mayor, sobre todo luego del involucramiento de su director jurídico, por más interpretaciones que haya, en la defensa legal de un particular que fue denunciado por Conaf precisamente por un delito ambiental.
Los municipios, en tanto puerta de entrada del Estado para la ciudadanía, debe ser muy cauteloso en el respeto de las formas y del fondo. En el caso en comento, se requiere de posiciones explícitas en torno a la defensa de los humedales y de un plan que se haga cargo de las constantes denuncias de la comunidad organizada.