Familia de joven herida por lacrimógena realiza rifa para solventar una operación
ACCIÓN CIVIL. Abogado querellante dijo que debe haber reparación "por la actuación de un agente del Estado". La víctima presenta daño neurológico, con episodios constantes de epilepsia.
Una rifa para costear la operación que requiere Emilia, de 18 años, está preparando su familia y amigos. Hoy la falta de recursos golpea a la familia de la joven, quien sufrió graves lesiones en su cabeza tras recibir una bomba lacrimógena en el cráneo durante el estallido social.
Según el fallo -que dictaminó 5 años de libertad vigilada para el carabinero culpable-, alrededor de las 23.30 horas del 26 de enero de 2020, la adolescente de en ese entonces 17 años, recibió una bomba lacrimógena en la cabeza mientras se encontraba en la plaza, tras presenciar un espectáculo artístico.
La niña no estaba participando de las manifestaciones, e incluso en el juicio oral, declaró que "no le interesaba".
En la sentencia, los jueces establecieron que el acusado incumplió los protocolos de la institución y que usó su armamento lanza gases sin justificación, en una zona donde no ocurrían desórdenes.
En la audiencia de lectura de sentencia, realizada el domingo, el tribunal prohibió divulgar la identidad del policía.
Cárcel
Para la madre de Emilia, María Espinoza, es una condena injusta, porque existen otros casos, como el de Felipe Santana, quien fue sentenciado a pasar en la cárcel más de 7 años.
Santana cumple tal sentencia como autor de los delitos consumados de daños, hurto e incendio frustrado de la catedral, ilícitos perpetrados en noviembre de 2019 (en el contexto del estallido social) y por lo cual fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.
"Nosotros queremos que se cumpla una sentencia en cárcel, y lo que queremos es que esté presa esta persona. Él está en su casa y nosotros corriendo ahora por nuestra hija, a la que le cambió su vida para siempre", relata María Espinoza, quien ayer en la tarde participó de una manifestación en la Plaza en apoyo a su hija y Santana.
"Nosotros económicamente estamos mal. La Emilia se tiene que operar y ¿quién corre con esos gastos? Todo este tiempo hemos estado de brazos cruzados, sin poder trabajar para lograr la atención de Emilia. Estamos haciendo una rifa y consiguiendo los premios, porque ayuda económica no tenemos de ningún lado", agrega.
La joven tuvo lesiones graves que la mantuvieron tres días en estado de inconsciencia en el Hospital de Puerto Montt.
"Emilia está complicada de salud, con muchos dolores de cabeza, ataques de epilepsia, no ve bien y como no puede mover una rodilla, le cuesta caminar. Perdió visión del ojo derecho y tiene problemas de audición del oído derecho".
Estado
Jorge Vásquez, quien es el abogado querellante de la familia, puntualiza que está analizando el fallo, sin descartar la posibilidad de apelar para que el condenado cumpla en forma efectiva la pena en la cárcel.
"Es un recurso de apelación el que buscamos presentar, porque en este caso el efecto en la víctima es permanente. Ella ya no tendrá una vida normal, como antes que fuera golpeada por el proyectil disparado por este oficial de Carabineros", sostiene.
El penalista indica que una vez a firme la sentencia, "el Estado se debe hacer responsable de las consecuencias civiles y reparar por el daño provocado por uno sus agentes del Estado. Es lo mínimo".
El abogado agrega que iniciarán acciones civiles, para ayudar a reparar lo que ha tenido que vivir la joven.
Responsables
Para Ana Godoy, de la coordinadora Memoria Histórica de Derechos Humanos de la Provincia de Llanquihue, la sentencia dictaminada "es grave. No es justicia completa que se haya entregado libertad vigilada al acusado".
Detalla que el poder judicial actuó de manera desproporcionada "considerando la sentencia de Felipe Santana, que fueron más de 7 años de prisión".
Señala Ana Godoy que hay otros casos que están en la justicia "y que no han tenido responsables, existe la sanción (al carabinero) pero en otros aún no vemos una real sanción, la justicia no ha operado de manera diligente".
Observa la joven que "estamos ad portas que se cumplan dos años del estallido social y aún estamos esperando que ocurra justicia, en circunstancias que hay personas que han tenido graves lesiones".
De acuerdo al abogado Gonzalo Castro, defensor del teniente, la pena que se entregó "es la que pidió la Fiscalía. Ellos solicitaron 5 años y en ese tramo el tribunal entregó su fallo. Y como no tiene antecedentes penales, la pena es totalmente factible".
Explica Castro que la libertad vigilada intensiva va desde los tres a los cinco años, "y está en lo correcto. Las penas superiores no tenían ningún fundamento".
5 años de libertad vigilada fue la pena del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal contra el oficial de carabineros por violencia innecesaria.
26 de enero de 2020 ocurrió el incidente, donde la joven terminó con graves heridas, que le provocaron secuelas para toda su vida.