Ministerio Público investiga en la región 120 causas contra agentes del Estado
ESTALLIDO SOCIAL. Hay un carabinero condenado y otros dos formalizados. Instituto Nacional de Derechos Humanos confirma 56 querellas por diversos hechos, entre ellos por desnudamientos.
En la Región de Los Lagos, el Ministerio Público mantiene bajo investigación 120 causas vinculadas a presuntos delitos cometidos por agentes del Estado, carabineros en su mayoría, en el marco de sucesos ocurridos durante el estallido social. A la fecha, por este tipo de delitos hay un policía condenado -quien disparó una lacrimógena y dejó grave a una adolescente (ver página 5)- y otros dos funcionarios formalizados.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la región mantiene 56 querellas por diversos hechos cometidos por las fuerzas policiales contra manifestantes.
La fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, sostuvo que en el contexto del estallido social existen en total 172 condenas por diversos delitos. La mayoría corresponde a desórdenes públicos, robo en lugar no habitado y daños simples. "En la actualidad no hay imputados que se encuentren como presos preventivos", resalta.
La única persona privada de libertad en la zona, por delitos ocurridos en este contexto, es Felipe Santana, quien fue sentenciado a siete años de cárcel por tres delitos: hurto e incendio frustrado contra la catedral de Puerto Montt -con personas al interior del templo- y daños contra el mobiliario público.
Pese a actuar junto a un centenar de personas, Santana fue el único detenido que terminó tras las rejas por atentar contra el principal templo católico de la capital regional a fines de 2019.
Víctimas
En cuanto a los casos de violencia institucional, de las 120 investigaciones vigentes, con dos causas formalizadas contra funcionarios de Carabineros, aún no existe una fecha próxima para un juicio oral.
"Como Ministerio Público seguiremos adelante estas investigaciones, formalizaremos cuando corresponda y pediremos medidas cautelares de acuerdo a la gravedad del caso", explicó Wittwer.
Remarca que las víctimas de estos casos han sido atendidas por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional. "En consecuencia, vamos a continuar con la persecución penal en cada uno de los casos en que exista mérito para ello", remarcó.
De acuerdo a la fiscal regional, la persecución de delitos que vulneren los derechos fundamentales de personas, incluso los "cometidos en este contexto constituyen uno de los principales lineamientos y grupos de delitos que tenemos que perseguir con especial énfasis".
Querellas
En la región, el INDH mantiene 56 querellas por diversos delitos denunciados por víctimas de delitos en el estallido social. Todos se vinculan a actuaciones de personal policial contra civiles.
El detalle es el siguiente: 28 por apremios ilegítimos; nueve por desnudamientos y vejámenes sexuales en unidades policiales y 19 por denuncias de tortura contra detenidos.
Mauricio Maya, jefe regional del INDH, profundizó en la condena contra el subteniente Rodrigo Aburto, quien fue encontrado culpable de violencia innecesaria tras disparar una lacrimógena que impactó en la cabeza de una menor de 17 años, provocándole graves lesiones y secuelas de por vida, según lo revelado por peritos durante el juicio oral.
De acuerdo a Maya, es relevante el dictamen del Tribunal de Juicio Oral de Puerto Montt porque "logra establecer responsabilidades penales de un agente del Estado, en una situación que siempre denunciamos como una violación de derechos humanos, entendiendo que también es un suceso que ocurre fuera del reglamento y que afecta la integridad y dignidad de una persona, en este caso de la víctima, por lo cual se considera una violación de Derechos Humanos".
Según el jefe del INDH es importante que estos hechos no sigan ocurriendo. "Tanto de la unanimidad de la resolución judicial como el establecimiento de una participación de un funcionario público es muy importante para la verdad, justicia y para las garantías de no repetición", enfatizó el abogado.
Señala que "al establecer que una persona es declarada culpable con responsabilidad, se suma la responsabilidad total, por lo que el Estado ahora deberá avanzar en la reparación y en cómo va a resarcir de manera integral a esta y todas la víctimas del estallido, exista o no sentencia judicial".
172 personas han sido condenadas en la Región de Los Lagos por diversos delitos cometidos durante el estallido social.
9 querellas ha presentado el INDH en la región por desnudamiento de personas en unidades policiales.