Por lejos, ha sido de extrema relevancia la difusión del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Ipcc) de la ONU, documento de casi cuatro mil páginas que aborda el avance del calentamiento global y que describe consecuencias "sin precedentes" y cambios "irreversibles" para el planeta. El trabajo advierte que incluso si se redujeran las actuales emisiones de gases de efecto invernadero, los glaciares seguirán derritiéndose durante décadas o siglos; el nivel del mar subirá entre 28 y 55 centímetros hacia fin de siglo; y la temperatura continuará al alza, junto con la acidificación y desoxigenización de los océanos.

Respecto de Chile, el informe plantea que varios de los fenómenos climáticos que se han venido observando en los últimos años en el país incrementarán su frecuencia y/o intensidad. Es el caso de las sequías prolongadas, que aumentarán de una a cinco cada 100 años. El documento dice que el cambio climático inducido por el hombre ha contribuido a la escasez hídrica que afecta al país desde 2010 y que los cambios aumentarán la sequedad de los suelos por sobre los parámetros conocidos.

Asociado a lo anterior, el reporte da cuenta de una fuerte disminución de la nieve caída en la Cordillera de Los Andes, lo que repercute en el caudal de los ríos, la acumulación de agua en los embalses y las aguas subterráneas. La nieve estacional, dicen los científicos, durará menos en toda América del Sur. Sobre los incendios forestales, el informe constata que en los últimos años se registra un aumento en la cantidad, área afectada y duración de estos eventos. Además, sostiene que aunque sean generados por la acción humana, las condiciones climáticas en la zona centro y centrosur del país son más propicias para la propagación de estos siniestros.

Con estos antecedentes se requiere, sin duda, una mayor preocupación local en torno a estas materias. Ya no es posible verlo como algo "lejano" y que afecta sólo a países ubicados en otras latitudes. Por el contrario, es una realidad que estará cada vez más presente en estos territorios y -por consiguiente- requiere de acciones concretas para disminuir los riesgos inmediatos y de forma paralela contribuir al objetivo global de reducir las emisiones de dióxido de carbono.

Cada año ingresan a algún programa de la Red Sename, en nuestra región, alrededor de seis mil niñas, niños y adolescentes. De ellos, los que han sufrido las vulneraciones más graves como abandono, atentados contra su indemnidad sexual e incluso su vida, deben ser ingresados a programas de cuidado alternativo con que el Estado busca proteger sus derechos.

Actualmente, poco más de 600 niñas, niños y adolescentes se encuentran al amparo de esta modalidad de programas, los que se dividen en dos tipos: el sistema de residencias, de las que la mayoría de las personas ha escuchado, y el otro son los programas de Familias de Acogida Especializada, FAE, que básicamente son familias que deciden poner su hogar y su amor a disposición del cuidado y protección de las niñez y adolescencia vulnerada.

El modelo de Familias de Acogida Especializada es la mejor forma de restituir transitoriamente el derecho a vivir en familia que tienen las niñas y niños vulnerados, mientras un tribunal de familia determina el mejor camino para la restitución definitiva de éste y todos los derechos de la niña o niño afectado. Por lo tanto, esta forma de cuidado alternativo debiese ser predominante como herramienta de protección, por sobre el modelo de residencias. Sin embargo, no es así.

En la actualidad, en nuestra región, menos del 50% de las niñas y niños en cuidado alternativo se encuentran en manos de una familia de acogida. El desafío es ojalá superar el 75% y acercarnos progresivamente a la totalidad de ellos. Por eso, como Servicio Nacional de Menores, lanzamos la campaña "Más Familias, Más Amor", dirigida a la captación de familias que cumplan con los requisitos y estén dispuestas a acoger y proteger a niñas y niños vulnerados que requieren con urgencia un espacio de cuidado personalizado.

Sin ser un camino para adoptar, ni una alternativa a los procesos formales que establece la ley para concretar una adopción, el programa de Familias de Acogida Especializada es una oportunidad para demostrar un compromiso concreto con la niñez y adolescencia vulnerada en nuestro país, una manifestación de generosidad, amor y solidaridad, que debe tener siempre y por encima de todo el interés superior de niñas y niños como norte.

Necesitamos con urgencia cambiar los antiguos paradigmas de protección estatal y avanzar a uno de protección social, apoyado por el Estado, pero que nos involucre a todos como institucionalidad y como sociedad. No basta con vociferar, levantar pancartas o apuntar con el dedo, debemos invitarnos a tomar partido y sumarse a la solución.

Lilian Peña Castillo, directora regional del Sename

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