La fuerza que ha tomado la ciudadanía en la última década, respecto al exigir vivir en entornos limpios y sin actividades industriales que dañen el medio ambiente, es uno de los motores que sustenta hoy la convivencia nacional. A nivel nacional ello quedó de manifiesto, por ejemplo, a propósito de cuáles han sido los liderazgos respaldados a la hora de ser electos los convencionales que redactan una nueva Constitución. También se plasma en la elección del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuya visibilidad pública la alcanzó por su rol de ambientalista en pro del acceso al agua en una zona golpeadísima por la falta de precipitaciones y el uso intensivo del recurso para actividades agrícolas.

A nivel local este conflicto se ha manifestado en al menos dos niveles. Uno de ellos tiene que ver con la movilización de los vecinos de la Carretera Austral, quienes durante las últimas semanas han encendido las alarmas respecto a la instalación de Salmones Austral en su sector, bajo la premisa que temen la contaminación del litoral y los efectos nocivos de la actividad. Ello pese a que la propia empresa ha reconocido en forma pública que cumple con la norma.

Y en segundo término ha sido patente el choque entre grupos ambientalistas, inmobiliarias y las autoridades fiscalizadoras, a propósito de la destrucción de humedales en aras de levantar nuevos barrios, lo que incluso se ha judicializado con sentencias recientes de la Corte Suprema a favor de los ambientalistas y organizaciones indígenas en Alerce.

Hoy urge exigir tanto a los sectores productivos como al ente fiscalizador una actitud proactiva a la hora de impulsar y revisar proyectos que podrían ser agentes nocivos para el medio ambiente y las comunidades. Qué duda cabe que nadie quiere sumarse a la lista de zonas de sacrificio en nombre del progreso, donde una minoría debe soportar la destrucción de su entorno para beneficio de quienes toman decisiones de forma remota, sin conocer ni de cerca cómo les cambia la vida a quienes residen ahí.

80 años | 2 de agosto de 1941

Intendencia fija los precios de la harina y el pan

La Intendencia fijó ayer por decreto los precios máximos para la venta de harina en la Provincia de Llanquihue. El quintal de Harina Flor (46 kilos) se fijó en $69.35; el kilo de pan corriente quedó $1.8; pan especial puede venderse a precio libre, siempre y cuando en los mesones exista oferta de corriente.

20 años | 2 de agosto de 2001

Los Muermos restringirá horario de las botillerías

La Alcaldía de Los Muermos y los dueños de botillerías y expendios de alcohol de esa comuna acordaron una restricción en el horario de atención, luego de una serie de hechos delictuales nocturnos en el entorno de estos locales. De igual forma, las autoridades calificaron como "un hecho aislado" el reciente crimen de un obrero.

10 años | 2 de agosto de 2011

Advierten que apenas un policía patrulla Frutillar

Las alarmas se encendieron en Frutillar, a raíz del último robo de animales desde un fundo. Según el diputado UDI Carlos Recondo, la actual dotación policial permite que apenas un carabinero haga rondas por el sector urbano de la ciudad lacustre. "Así es imposible combatir la delincuencia", acusó el parlamentario.

En la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, se está discutiendo el "Proyecto de Ley espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura". Para que se entienda bien, a riesgo de ser criticado por el ejemplo, si hacemos un paralelo con el transporte terrestre, una nave menor sería un camión tres cuartos, y la nave mayor, cualquier camión de mayor tamaño. Siguiendo la analogía, los espacios de una nave menor son reducidos y limitados como también la seguridad de una nave mayor es mejor, ya que tiene mayores espacios de flotabilidad. Por eso, son mucho más frecuentes los accidentes de naves menores que mayores. En estos espacios reducidos y limitados, las tripulaciones, buzos y técnicos que prestan servicios a la acuicultura trabajan, viven y comparten 24 horas al día. Es su lugar de trabajo y también donde viven un promedio de veinte días al mes, durmiendo en el suelo o en los pasillos; comiendo por turnos, con un solo baño, ya que los espacios no permiten tener un mejor confort.

Lo que busca el "Proyecto de Ley espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura" - el espíritu de la iniciativa -, es mejorar la calidad de vida y la seguridad de estas personas que prestan servicios a la acuicultura en naves menores. Por lo anterior, felicito al senador Rabindranath Quinteros, miembro de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, ya que conoce bien la realidad de las condiciones de trabajo en las naves menores descritas, y está convencido de que hay que mejorar ahora ya, la seguridad y calidad de vida de esta gente que trabaja en los mares interiores del sur austral, duplicando el espacio que tienen para vivir y trabajar en las naves menores, aún cuando distintas organizaciones gremiales tanto de armadores como gente de mar, se oponen al proyecto por afectar sus propios intereses, respetables todos ellos.

Debido a la seguridad y a la dignidad que merecen estas tripulaciones, quiero insistir en no perder el foco, y concentrar el análisis en la urgencia y justicia de contar con un marco normativo que garantice el mejoramiento de las condiciones para quienes desarrollan su trabajo y su vida cotidiana en naves menores.

Manuel Bagnara Vivanco. Gerente General Armasur A.G.