Las personas tienen poco conocimiento acerca de la hepatitis, de su potencial gravedad y de sus consecuencias en la salud y calidad de vida. Por ello se ha planteado la necesidad de intensificar las iniciativas de información, educación y comunicación sobre esta enfermedad y tomar acciones para promover la prevención y detección temprana. El miércoles se conmemoró el Día Mundial de las Hepatitis Virales, como ha ocurrido desde 2010, recordando la fecha de nacimiento del científico Baruch Samuel Blumberg (28 de julio de 1925), quien descubrió el virus de la hepatitis B.

La hepatitis es una inflamación del hígado causada generalmente por una infección viral. Se conocen cinco tipos principales de virus: A, B, C, D y E, los que pueden transmitirse a través de una variedad de vías, pero en especial mediante el consumo de agua y alimentos contaminados, que causan la infección e inflamación grave y crónica del hígado, y pueden dar lugar a cirrosis y cáncer de hígado. Es un problema sanitario mundial que afecta a cientos de millones de personas, la mayoría de las veces silenciosamente.

En Chile, existen todos los tipos mencionados, aunque el de mayor prevalencia es el tipo B. Según el Ministerio de Salud, afecta a seis personas por cada cien mil habitantes, una cifra que ha ido a la baja con relación a años anteriores. La tasa más alta en la última década se registró en 2013, cuando el promedio se estableció en torno a 8,2 personas por cien mil habitantes. Las razones de esta caída se atribuyen a las campañas de vacunación, prevención y diagnóstico temprano.

Debido al despegue de los contagios y como medida de prevención, se incorporó dentro del Plan Nacional de Inmunización la vacuna contra el virus de la hepatitis A que se aplica en los niños que cumplen los 18 meses, junto con llamar a sus padres, en las visitas a los centros de salud, a adoptar estrictas medidas de higiene y de cuidado con los alimentos que consumen. El programa de control y prevención dio resultados positivos y hoy se sabe que hubo un importante descenso. Tal como en tantas otras enfermedades, la vacuna aparece como una efectiva barrera de la cual deben tomar nota los irrisorios movimientos antivacunas que han surgido a propósito del covid.

La Fiscalía, institución clave para la convivencia social, hace rato dejó de ser un adolescente en el proceso de reforma al sistema de justicia penal. Es cierto que hubo que partir de cero. Primero para poner en marcha y luego para consolidar una institución que prometía -desde el propio mensaje del Código Procesal Penal- mayor efectividad en el combate del delito en un marco normativo que asegurara la vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas.

Pero esa época ya pasó y hoy, a más de 20 años de su creación, sabemos que esa promesa se cumplió sólo respecto de los derechos de los imputados, mas no desde la perspectiva de la eficacia persecutoria y los derechos de las víctimas, siendo todos testigos los últimos años del avance del fenómeno criminal con más violencia y organización. De ahí que resulta necesario y extraordinariamente oportuno, teniendo en vista el escenario constituyente, hacernos cargo de una reforma al diseño institucional del Ministerio Público, pero ahora no sólo desde la academia, sino que a la luz de la experiencia.

A mi juicio, hay tres aspectos fundamentales que debieran abordarse: los nombramientos y duración en los cargos, la estructura organizacional interna y los controles externos.

Sobre lo primero: si el fiscal representa a la sociedad en la persecución del delito: ¿qué participación tiene la sociedad en la designación de quien ejercerá esa función a su nombre? Ninguna. ¿Qué legitimidad democrática tienen sus decisiones? Ninguna. Por lo demás, la duración de ocho años para el cargo de fiscal nacional y regional es excesiva.

En cuanto a lo segundo, diversos episodios, algunos bastante bochornosos, han revelado conflictos internos que perjudican la función y denotan serias deficiencias de liderazgo y de estructura interna, el último de los cuales se dio en nuestra región con la renuncia pública de un fiscal jefe acusando desinterés investigativo de la fiscal regional.

Por último, la ausencia de controles externos que permitan exigir al organismo una gestión eficiente y de calidad posibilitan la burocratización y aburguesamiento institucional a costo cero. Ni la Contraloría puede hoy inmiscuirse en los asuntos de la Fiscalía.

Es de esperar que, a pesar de la baja de peso, los constituyentes puedan hacerse cargo de las reformas que hoy, a la luz de la experiencia, deben hacerse a la Fiscalía.

Marcos Emilfork, ex fiscal

regional de Los Lagos

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