Migrantes trabajaban a cambio de comida y residían en casa sin puertas ni ventanas
IMPUTADO EN PRISIÓN. Denuncia anónima motivó investigación de la PDI en Puerto Varas. Venezolanos habían ingresado al país de forma ilegal, bajo la promesa que serían regularizados en la zona.
En menos de una semana, detectives de la PDI de Puerto Montt lograron aclarar un presunto caso de trata de personas registrado en Puerto Varas, en el que seis personas extranjeras fueron sometidas a diversas actividades laborales, bajo precarias condiciones humanas, sin sueldo y sin previsión. Además se comprobó que vivían en un inmueble carente de agua, electricidad, baños e incluso sin puertas ni ventanas.
Según la PDI, el empleador no les pagó un salario bajo el pretexto que ello quedaba saldado con la alimentación que recibían. Y si no estaban de acuerdo con las condiciones serían acusados por su irregular situación migratoria.
Una denuncia anónima ante la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briant) de la PDI permitió el inicio de una investigación junto a Fiscalía de Puerto Varas.
Entre los seis venezolanos víctimas de este hecho figura un matrimonio y su hija menor de edad (5 años). Se supo que cinco de ellos ingresaron por un paso fronterizo no habilitado, tras ser contactados por un venezolano que también estaba siendo víctima de trata de personas.
Contrato
El fiscal de Puerto Varas Fabián Fernández fue el encargado de someter a audiencia de control de la detención y formalización de cargos a César Andrés Velásquez Bustamante (40 años), contratista y constructor, quien se desempeña en esta actividad con su esposa.
El Juzgado de Garantía lacustre decretó la prisión preventiva para el imputado y entregó un plazo de dos meses para el cierre de la indagatoria.
"El delito se encuentra acreditado con los antecedentes que recopiló la Policía de Investigaciones, por lo cual se solicitó una orden de detención al Juzgado de Garantía. El imputado fue formalizado por el delito de trata de personas y nosotros solicitamos la medida cautelar más gravosa (prisión preventiva), por estimar que es un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas", señala la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer.
El imputado -explica Wittwer- arriesga una pena de entre 5 años y un día a 10 años de presidio.
De acuerdo a la persecutora penal, se trata de un ilícito "poco usual en la región" y da cuenta que es una situación que con el tiempo se está haciendo más común, como es "propiciar y facilitar el ingreso de extranjeros al territorio nacional con el fin de explotarlos laboralmente. Existen otros casos, donde el ingreso se propicia para personas que serán explotadas sexualmente o ejerzan la prostitución".
Captación
El subprefecto Jaime Orellana, de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briant) de la PDI de Puerto Montt, detalla que los venezolanos se dedicaban a la construcción de viviendas en Puerto Varas, actividad que llevaban a forma al margen de toda regulación laboral.
El seremi (s) del Trabajo, Dalmiro Yáñez, anota que la dirección del Trabajo está levantando la información y recabando todos los antecedentes "para ver cómo aportamos en esta investigación".
Puntualiza el subprefecto Orellana que se trata de una familia venezolana que vivía en condiciones complejas, de una "manera indigna. Ello alertó la presencia nuestra en un lugar residencial de Puerto Varas. Allí estaba viviendo un matrimonio y una menor de 5 años, en malas condiciones, sin elementos básicos para sobrevivir: sin puertas y sin ventanas, en una casa en construcción, sin agua y sin baño".
Emergente
El prefecto inspector Gastón Herrera, jefe regional de la PDI, sostiene -a propósito del origen del caso- que un pariente de las víctimas los contactó con el imputado y este les "promete que va a regularizar su situación en Chile y que los va a tener bajo contrato, situación que nunca ocurrió".
Según el prefecto Herrera, el imputado "casi no los remuneraba, les pagaba con alimentación y los tenía alojados en una situación muy indigna. Este es un delito emergente y es de suma importancia, porque en virtud de la migración clandestina que realizan estas personas quedan en condiciones de vulnerabilidad que es aprovechada por gente inescrupulosa".
Libre
El delegado presidencial en la región, Carlos Geisse, anotó que es un hecho poco habitual, especialmente en esta zona.
Geisse condenó el delito y agregó que esto ocurre cuando se aprovechan de "la vulnerabilidad de personas que vienen arrancando de un país, los usan en el trabajo y hasta en casos de materia sexual".
Advirtió la autoridad que este tipo de crímenes no pueden llegar a la región, puesto que la migración que llega a esta parte del país lo hace con sus papeles en regla y para realizar labores productivas en sintonía con el marco legal. Respecto de la situación migratoria, el delegado presidencial aclaró que las víctimas ingresaron en forma ilegal al país, por lo que ello se tendrá que evaluar.
"Cada caso se analiza en su mérito. En el caso de estas personas se evaluará la condición en la que están", remató la autoridad.
3 hombres y tres mujeres extranjeras, entre ellos, una niña de 5 años, son víctimas de trata de personas de acuerdo a la PDI.
60 días es el plazo de investigación decretado en este caso por el Juzgado de Garantía de Puerto Varas, donde se realizó audiencia.