la posibilidad de mantener estas deudas sin que se permita el corte de suministro, con la alternativa de realizar un convenio de pago de hasta 36 meses al cual solo ha accedido no más del 30% de los deudores en razón de que la mayoría de los clientes de agua y luz no tienen la capacidad económica para sobrellevar un pago adicional durante 3 años y porque tienen una deuda muy alta que se hizo impagable".

De allí entonces que la Asociación de Consumidores presentó un proyecto al Fondo Concursable del Sernac denominado "Educación, gestión y capacidad propositiva para enfrentar el endeudamiento de servicios básicos", el que permitirá caracterizar mejor la morosidad de agua potable y electricidad residencial en Puerto Montt y así apoyar la gestión de casos y elaborar una propuesta de medidas para ser presentada a autoridades públicas, parlamentarios y respectivas empresas.

Navarro detalla que "estamos en la etapa de caracterizar la deuda, como bienes de endeudamiento, en alguna medida estamos conversando con la Municipalidad, pero no hemos tanteado a nivel de gobierno regional o parlamentarios. Pero vamos a conformar una mesa técnica con funcionarios sociales, con dirigentes vecinales y de asociaciones de consumidores y ahí generar un conjunto de iniciativas que puedan ser entregadas a las autoridades. Es un problema fuerte, social y que se viene para fin de año".

Los privados

En la eléctrica Saesa detallaron que desde marzo de 2020 a junio de 2021, hay "un total de 19 mil 522 clientes morosos en la provincia de Llanquihue, además de Hualaihué".

Eso sí, en concordancia con lo que plantea Cider, aclararon que apenas el 20% de quienes adeudan (solo 3 mil 823) están inscritos en la Ley de Servicios Básicos.

Recuerdan que, con el objetivo de evitar la acumulación de deuda en aquellos clientes que están en posición de pagar, invitan a normalizar la situación accediendo a las alternativas de pago que la empresa ofrece.

Para el resto destacan que la Ley de Servicios Básicos rige hasta el 31 de diciembre del 2021 y permite reprogramar la deuda hasta en 48 cuotas. Un beneficio al que pueden optar únicamente quienes se encuentren dentro del 60% más vulnerable; sean adultos mayores, estén percibiendo las prestaciones del seguro de desempleo, estén a acogido a la Ley de Suspensión del Empleo, sean trabajador independiente o informal y/o presentar una disminución de sus ingresos o dificultades en los pagos de sus cuentas de luz.

La inscripción se puede hacer a través de la página web https://www.gruposaesa.cl/covid-19/, en el número gratuito 800 600 801, y en las oficinas comerciales.

En tanto el gerente de Clientes de Essal, Pedro Barría, especificó que "a la fecha en Puerto Montt poco más de 14 mil clientes mantienen dos o más meses de cuentas impagas. En este sentido, entendiendo la importancia que implica el evitar la acumulación de deuda, formulamos un llamado a nuestros clientes que mantienen morosidad a contactarse con nosotros, porque tenemos la mejor disposición para encontrar una fórmula de ayuda que se ajuste a cada realidad particular".

En cuanto lo anterior, asegura que han implementado "medidas para agilizar la gestión de estas ayudas, como por ejemplo la habilitación de un formulario en nuestro sitio web, por medio del cual los clientes pueden solicitar que los contactemos; hemos desplegado en terreno un equipo de gestores sociales, que son personas que visitan en su hogar a los clientes para ayudarlos en forma personalizada; y nos hemos dado a la tarea de contactar telefónicamente a los clientes de quienes disponemos su número, para acelerar los procesos".

Sobre si en un futuro un no pago masivo de los servicios podrían traerles alguna dificultad, desde Saesa dicen que continúan realizando el plan de obras y mantenimiento, según lo planificado, "sin embargo, existe un riesgo a nuestras operaciones a largo plazo, debido a que solo somos una parte de la cadena de suministro eléctrico".

En tanto desde Essal estiman que "para cualquier compañía es importante mantener un flujo estable de ingresos para sustentar apropiadamente su operación, por lo que son muy relevantes todos los aportes y fórmulas que apunten a regularizar la morosidad de clientes de servicios básicos".

Rol del Estado

Otra de las acciones importantes de Cider es que pide al Gobierno implementar un conjunto de medidas que favorezcan a los morosos de servicios básicos en la forma, por ejemplo, de un IFE para pagar agua potable y electricidad domiciliaria de las familias más vulnerables y mayormente endeudadas.

Sobre este aspecto, desde el Gobierno no se estiman ayudas particulares en el tema, sino que entienden que con las ayudas generales las personas podrían coordinar pagos diversos.

El subsecretario de Economía, Julio Pertuzé, dice que esa materia (ayudas específicas) depende de los ministerios sectoriales que intervienen, como Energía o Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Sobre si el Gobierno pudo haber ayudado antes o mejor a las familias para no caer en estos endeudamientos, el titular comentó que "el Gobierno ha estado ayudando con distintos paquetes. Se extendió el IFE hasta mediados de septiembre, el Presidente hizo una autocrítica de que pudimos haber llegado antes con estos apoyos, pero hay que reconocer que el proceso para llegar a esos apoyos pasa por temas legales donde hay que buscar acuerdos en el Congreso y con las distintas fuerzas políticas".

Por su parte el seremi del ramo, Francisco Muñoz, explica que en la región se ha llegado a algunos acuerdos, principalmente de emprendedores con las empresas eléctricas y sanitarias. Además se han dispuesto, a través del IFE, ayudas a 358 mil hogares en la región, con una cobertura del 75% de la población".

Sin mucho resultado

Desde el municipio la visión es de preocupación con respecto a cómo se han visto afectados los vecinos, además de destacar lo poco que pueden hacer desde el punto de vista económico.

Jacqueline Paz, directora de la Dideco, comentó que en "el mes de junio y julio de 2020 el Departamento de Protección y Defensoría del Pueblo recepcionó 1.210 reclamos por cobros excesivos e injustificados en el consumo eléctrico. Como Departamento, ingresamos cada uno de estos reclamos en la plataforma online que entrega para dicho efecto empresa Saesa y Crell".

Ante esto se tomaron dos líneas de acción: la primera la interposición de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, siendo los recurrentes un grupo de 12 adultos mayores con cobros excesivos que excedían con creces su habitual pago por consumo eléctrico. La segunda un reclamo colectivo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Como conclusión de ambas tareas, apenas 65 de estos reclamos, de más de mil, se les realizó ajustes tarifarios de rebaja correspondientes a través de notas de créditos.

Agregó que otro dato importante es que "la Municipalidad ha mantenido mesas de trabajo con Essal y Crell para ver apoyos a personas que lo necesitan, pero la Municipalidad no entrega apoyos económicos, no nos está permitido aportar dineros en efectivo y apoyos para esos pagos".

"Es un problema (endeudamiento) fuerte, social y que se viene para fin de año".

Hernán Navarro, presidente de la Asociación de Consumidores de Puerto Montt.

15% de los clientes de la luz, es decir, 14 mil personas, son morosos de la cuenta en Puerto Montt.

$3.750.000 es el monto máximo de deuda, de energía eléctrica, calculado por Cider para un cliente.

65 reclamos por cobros indebidos, apoyados por el municipio, lograron resolución satisfactoria. Los denunciantes eran más de mil.

Los resultados de la encuesta Casen 2020, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dan cuenta de que la crisis sanitaria ha generado importantes efectos negativos en las familias durante el año pasado. Las cifras indican que el porcentaje de personas en situación de pobreza en nuestra región es de 11,3% en 2020, mientras que en el país es de 10,8%.

Al observar los resultados regionales y del país pareciera que no se reflejaran los efectos de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero es necesario mirar con más detención algunos de los resultados de la misma encuesta para entender mejor lo que está ocurriendo.

En primer lugar, para nuestra región, al analizar el promedio del ingreso total del trabajo de los hogares (la suma de todos los ingresos que provienen por estar trabajando) cae un 9,6% en términos reales. Sin embargo, hay importantes diferencias, ya que es posible observar que, entre 2017 y 2020, la caída de este ingreso fue de un 44,7% en los hogares que pertenecen al primer quintil (20% de los hogares con menos ingresos de la región), y en el segundo quintil, la caída es de un 20,9%.

Por otra parte, en 2017, el ingreso promedio de un hogar que pertenecía al quintil más alto (quintil 5) era 16 veces lo que ganaba un hogar del primer quintil. Esa distancia, en 2020 se duplica a 33,4 veces. Si este indicador parece un gran cambio, se queda corto al analizar el decil 10 (10% con más ingresos) versus el decil 1, ya que si en el año 2017 el ingreso del trabajo del decil 10 era de 38,5 veces el del decil 1, en el 2020 alcanza a 428,7 veces.

Pero hay otra medida para conocer los ingresos de los hogares, y es aquella que considera todos los ingresos más los subsidios del Estado, y que es el denominado ingreso total monetario del hogar. Entre 2017 y 2020 cae un 2,9%, y si bien igualmente existe una pérdida promedio, se ve que los diferentes subsidios del Estado durante el año 2020 han logrado compensar parte importante de la caída de los ingresos del hogar. Así, en 2017 el promedio del ingreso monetario de los hogares que pertenecían al quintil más alto era de 8 veces el del quintil más bajo, y hoy ese indicador es de 9,5.

Es decir, sin una intervención del Estado, hoy la situación de los ingresos de los hogares sería más dramática. Sin embargo, también es cierto que las cifras demuestran que la distancia se profundizó entre los hogares con menos y más ingresos.

Los desafíos por delante son enormes para la política pública, ya que de un lado está la necesidad de evitar un deterioro del ingreso de los hogares, seguir trabajando para la disminución de las brechas y la recuperación del empleo y economía. Pero también hay desafíos de mediano plazo; los últimos datos del INE dan cuenta que quienes más participan en el mercado del trabajo en Los Lagos, incluso en plena crisis sanitaria, son quienes tienen estudios técnicos y superiores completos. Esto da cuenta de una mayor capacidad de adaptabilidad y de menor fragilidad laboral en las crisis de quienes poseen niveles de formación superiores; por tanto, las políticas públicas deben continuar apuntando también a seguir fortaleciendo y generando oportunidades de formación y capacitación.