Estallido social : cuatro convencionales aclaran por qué piden indultos
DE LA REGIÓN. Declaración no "valida delitos comunes", argumentó el abogado socialista chilote, Julio Álvarez.
Cuatro de los siete convencionales constituyentes que representan a la Región de Los Lagos votaron a favor de la declaración que busca que los presos del estallido social sean indultados. Julio Álvarez (PS), Mario Vargas (PS), Adriana Ampuero (Ind.) y Gaspar Domínguez (Ind.) se mostraron de acuerdo con la declaración y explicaron su postura frente al tema.
Según la Fiscalía, hoy en la región no hay imputados en prisión preventiva por delitos vinculados a la revuelta. Sólo una persona cumple condena en el penal de Alto Bonito. Se trata de Felipe Santana, sentenciado por tres delitos, entre ellos, el incendio frustrado de la catedral de Puerto Montt, en circunstancias que había personas al interior del templo.
Calificación
Adriana Ampuero detalla que el avance de esta moción de mayoría que ha presentado la Convención Constitucional al Congreso Nacional "va a depender de la voluntad política de este órgano, que esperamos pueda formar una comisión de verdad y justicia, analizar estos casos y dar celeridad a una pronta solución".
Según Ampuero, "nosotros hicimos lo que estimamos que había que llevar adelante que es abrir las puertas al diálogo sobre un tema que en Chile ha sido invisibilizado, que es la violación a los derechos humanos y la condición de presos y presas políticos, no sólo de la revuelta, sino que también del Wallmapu".
Crisis
Para la constituyente independiente, lo central no tiene que ver con la calificación jurídica penal de los delitos, tiene que ver en el "contexto en el cual se da y el contexto es de crisis política, económica y social, donde el Presidente de la República le declaró la guerra al pueblo de Chile a través de la prensa. Eso generó caos y conmoción".
Apunta que "la Convención Constitucional no se está desligando del mandato popular que se le dio, que es redactar las normas que van a formar este nuevo pacto social. La convención trabaja todas las semanas para lograr esto de manera adecuada y rápida", asegura.
Gaspar Domínguez argumenta que la carta que emanó desde la convención estableció explícitamente la separación de los poderes y los límites de misma."La convención interpeló a los poderes. A mi juicio el rol de la convención llega hasta allí. Debemos dejar que esa discusión la dé el Congreso y los tribunales, a través de los canales institucionales".
Según Domínguez, se está discutiendo la formación de una comisión de derechos humanos, que "se oriente más bien en establecer garantías de no repetición para el futuro".
Heridas
Para el constituyente Julio Álvarez lo que se hizo es una declaración, "no hay una orden ni mandato a ninguno de los poderes del Estado. Decimos que respetamos la autonomía e independencia de los demás órganos del Estado, el legislativo, ejecutivo y judicial".
Puntualiza Álvarez que todo lo ocurrido se ve como una consecuencia de la violación de los Derechos Humanos, que hubo durante el estallido social.
"Allí se produjeron hechos por parte de agentes del Estado, que fueron calificados por organismos internacionales como violaciones a los DD.HH. Todas las personas heridas, con graves consecuencias oculares, ello constituye una violación a los DD.HH.".
Agrega que no se están validando los actos de violencia: "En parte alguna validamos los efectos de la violencia generada durante el estallido social, aquellos son hechos propios de delitos comunes".
Señala el constituyente de Chiloé que si "alguien sin motivación política roba un supermercado o quema establecimientos comerciales o una micro no forma parte del sentido final de la declaración. La declaración no valida la ocurrencia de delitos comunes. Los casos se deben ver en forma individual", remarca.
Proyecto
Rabindranath Quinteros, senador socialista, explica que todavía el proyecto no está totalmente definido: "No está claro si es indulto, que solo borra la pena, o si es amnistía, en que se borra el delito".
De acuerdo a Quinteros tampoco está definido qué tipo de delitos abarca, si es solo desórdenes públicos y otros ilícitos menores, "o delitos más graves, como los contra las personas, de incendio o de saqueo. Por lo mismo, no hay claridad sobre el número de personas que se verían beneficiadas si se aprobara", anota.
Indica el legislador que el proyecto está en la comisión de Constitución "y por lo tanto, solo una vez que el texto esté definido, podré tomar una decisión. En todo caso, soy contrario a la violencia, siempre la he rechazado, y por lo tanto, tomaré una decisión cuando estos aspectos estén claros y según lo que más ayude a recuperar plenamente la paz para nuestro país".
Iván Moreira, senador UDI, señala que le parece que lo que está haciendo la Convención Constituyente es claramente tratar de usurpar las atribuciones y competencias de un poder independiente, como es el judicial.
"Aquí hay tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial, todos autónomos. La convención constituyente fue elegida con la única exclusividad de elaborar una nueva constitución, no es un nuevo poder del Estado y lo que hacen es usurpar las atribuciones e independencia del poder judicial", agrega Moreira.
Anota que en Chile no hay presos políticos, "hay delincuentes presos".