En medio del debate público asociado a las campañas políticas y procesos de complejidad que enfrenta el país en medio de la pandemia, los cambios que tendrá la institucionalidad asociada a la protección de la niñez han tenido poco impacto en la agenda nacional. Sin embargo, se trata de un tema de suma importancia que -además- enfrenta plazos acotados, pues el Servicio Mejor Niñez, sucesor del Sename, comienza a operar el 1 de octubre de este año. La ley que dio paso a la implementación de esta nueva institución fue promulgada en diciembre de 2020 y busca ubicar a las familias en el centro de la política social, dado el papel que desempeñan en la crianza, formación, bienestar y protección de los niños, niñas y adolescentes.

Mejor Niñez atenderá aproximadamente a 250 mil niños, niñas y adolescentes por año, y estará encargada de la reinserción y reparación de menores vulnerables. Pondrá el foco en el bienestar integral de cada joven en el sistema, la restitución de los derechos vulnerados y la reparación del daño causado.

Asimismo, priorizará el acogimiento familiar por sobre el residencial, terminando así con el modelo de residencias masivas y potenciando los programas de familias de acogida. Esto implica profesionalizar los programas, ampliar el perfil de los niños, niñas y adolescentes que atienden y aumentar los recursos asociados. Todo esto con el objetivo de resguardar el derecho de los niños y jóvenes a vivir y crecer en una familia.

El nuevo servicio dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y se encargará de proveer la oferta de protección especializada para los niños amenazados o vulnerados en sus derechos. Adicionalmente, a partir de octubre todos los organismos colaboradores deberán acreditarse bajos los nuevos estándares que exige el Ministerio de Desarrollo Social y los que no lo hagan no podrán seguir trabajando en el área de protección.

Es indudable que el sistema de protección a la niñez representado en el Sename no cumplió con su misión de forma adecuada, por lo que la gran interrogante ahora es si esta nueva institución podrá -de manera efectiva y concreta- marcar un antes y un después en la forma de proteger a la niñez más necesitada del país.

Argentina se convirtió en un país pionero en materia de legislación medioambiental, al aprobarse hace algunos días de manera unánime la ley provincial que prohíbe la salmonicultura en las aguas del Canal Beagle. Es la primera vez que una nación impide este tipo de actividad económica antes de que se haya instalado en el país, para así evitar el impacto ambiental en los ecosistemas marinos. Esta es una luz de esperanza para este lugar único en el mundo donde convergen los océanos Pacífico y Atlántico, generando una explosión de vida.

Este triunfo se logró gracias a un potente trabajo conjunto entre legisladores, organizaciones ambientales y la sociedad civil, no sólo de Argentina, sino también de nuestro país.

La campaña tomó diversas formas, incluyendo iniciativas como la impulsada por diversos chefs argentinos que rechazaron públicamente el uso del salmón en sus preparaciones, o la reciente acción en el medio del Canal Beagle donde un grupo de argentinos y chilenos a bordo de sus kayaks se unieron para manifestar su apoyo a la prohibición de la salmonicultura en la zona.

Esta decisión histórica no sólo repercute en Argentina, sino que también sienta un precedente en el mundo entero, dando cuenta de una manera distinta de hacer las cosas. Asimismo, esta acción impacta directamente a nuestro país, dado que los ecosistemas marinos no conocen de fronteras, y lo que está sucediendo en las aguas del lado chileno, afectará al lado argentino, y viceversa, lo cual abrirá nuevas discusiones en torno a seguir entregando concesiones en esta zona de alto valor ecológico.

En Chile, la industria salmonera ha ido creciendo exponencialmente, afectando incluso a áreas protegidas. Según reportes recientes, de las más de 1.400 concesiones otorgadas en el país, cerca de 400 se encuentran al interior de espacios marinos bajo alguna categoría de protección (datos corresponden a concesiones otorgadas y no necesariamente todas están operando).

Con la nueva ley aprobada en la provincia de Tierra del Fuego -Argentina- se ha optado por priorizar el desarrollo de fuentes económicas armoniosas con el medio ambiente, como lo es el turismo de naturaleza. Una decisión que nos puede inspirar como país para reflexionar sobre el tipo de desarrollo económico que queremos potenciar.

Carolina Morgado, directora ejecutiva

de Tompkins Conservation Chile

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