Rechazan inédito recurso a favor de los dos falsos constructores: ambos siguen prófugos
AMPARO. Requerimiento contra dos ministros de la Corte de Puerto Montt fue presentado por la defensa en el tribunal de alzada de Valdivia. Los magistrados votaron para que la pena de los condenados se cumpla en la cárcel y no en libertad.
A la Corte de Apelaciones de Valdivia recurrió la defensa de los dos falsos constructores que fueron condenados a cumplir en la cárcel tres años y un día por estafas reiteradas.
Fue un recurso de amparo presentado contra dos ministros del tribunal de alzada de la capital regional -Ivonne Avendaño y Moisés Montiel- lo que rechazó la Corte de Apelaciones de Valdivia.
El objetivo de la instancia de apelación era que los condenados Gonzalo Andrés Heck Chinchón y María Alejandra Moreno Paredes cumplan la pena en libertad, tal como lo había resuelto el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y que fue revocado por la corte puertomontina.
Tras el análisis del recurso, los ministros de la instancia de alzada de Valdivia señalaron en el fallo que ellos carecen "de competencia para conocer del presente asunto, toda vez que no tiene la calidad de órgano revisor de los fallos de una Corte de Apelaciones distinta ni tampoco reviste la naturaleza de superior jerárquico a su respecto, lo que conlleva necesariamente el rechazo del recurso".
Se agrega "que, no obstante lo previamente razonado y de considerarse que esta Corte es competente para conocer del recurso, éste igualmente no podría prosperar, pues no concurren los supuestos legales que lo tornan procedente".
La resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia también indica que "de la lectura de la resolución -en cuestión- pronunciada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, aparece que la decisión impugnada se encuentra debidamente fundamentada, pues expresa claramente los antecedentes que justifican tal decisión; aunque la defensa letrada de los sentenciados no las comparta".
Prófugos
Desde la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI se confirmó que la orden de aprehensión de ambos acusados sigue vigente, pero no entregaron mayores detalles producto de las diligencias que se están efectuando en este caso y de esa forma no afectar la investigación.
Para Ignacio Herrera, abogado querellante, la apelación se recibió en una segunda instancia, pero remarca que es la Corte Suprema la que revisa: "No pueden andar las cortes persiguiéndose entre ellas".
Según Herrera, se trata "de una acción encaminada a dilatar la acción de la justicia y a estar desprestigiando y denostando con fuertes epítetos que se advierten en los alegatos a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que estemos o no de acuerdo con sus resoluciones, nadie puede negar que tenemos una de las mejores cortes del país, que fallan en conforme a derecho. Es una corte de jueces íntegros que hay que cuidar, entonces no podemos permitir que estas personas a través de estos recursos malintencionados hagan abuso del derecho y perjudiquen a nuestros ministros, porque ellos son ministros de alta calidad que tenemos en nuestra región".
De acuerdo al abogado, hubo negligencia de parte de los imputados que nunca quisieron reconocer responsabilidades, "y además hubo negligencia de parte de la defensa".
Explica que los ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia analizaron lo que hizo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt "y la acción es totalmente legal. No hay una argumentación seria contra lo que resolvió la corte de Apelaciones de Puerto Montt".
Recuerda el abogado que ambos condenados siguen prófugos de la justicia: "Mandan a su abogado a perseguir a los jueces con mentiras y falsedades a través de recursos artificios que quieren llegar a una tercera instancia, pero ellos no son capaces de dar la cara y presentarse ante la justicia, son unos prófugos y delincuentes", afirma.
Andrea Sanz, una de las víctimas por estafa, agrega que lo ocurrido con el recurso es una falta de respeto hacia la Corte de Apelaciones. "Los culpables siguen prófugos y si el abogado quiere hacer lo correcto tendría que asesorar bien a sus clientes y decirles que se entreguen y que hagan todas las gestiones donde corresponde que es la cárcel", remató.
3 años y un día es la pena dictaminada contra los dos falsos constructores, los que continúan prófugos.