Visiones encontradas genera propuesta de "derecho al olvido"
EN FUTURA CONVENCIÓN. Mientras algunos constituyentes dan la venia a discutir el tema, presidente del Colegio de Periodistas asegura que no está de acuerdo con la idea.
"Derecho al olvido", una especie de limpieza de nombre en el ciberespacio, es la propuesta del electo constitucionalista Julio Álvarez (PS), representante del Distrito 26, y que sigue generando amplio debate por sus consecuencias.
Se trata de, básicamente, de apoyar -con un derecho fundamental que podría debatirse en la futura Convención Constitucional- a aquellos que se hayan visto envueltos en alguna situación, delito o no, que se haya desestimado o ya haya cumplido su castigo con la sociedad.
"Fundamentalmente en que una persona determinada, habiendo sido mencionada en un medio de comunicación o una red social, puede solicitar que dicha noticia, que haya ya perdido su finalidad o que cause daño a la persona, después de haber transcurrido un lapso de tiempo, exigir que dicha información sea bajada de la web", dice Álvarez.
Apoyo a medias
"El derecho al olvido es un concepto nuevo y novedoso, que aunque mi colega convencional constituyente Julio Alvarez no lo presenta como materia a discutir en la convención constitucional, está muy ligado a los derechos humanos y a una integración real como ciudadanos al proyecto de país que queremos construir, más inclusivo, más solidario. Un país donde todos los chilenos y chilenas tenemos cabida. Cuando se dé la discusión tendrá mi apoyo", explicó el futuro representante del distrito 25, por la Lista del Apruebo, Mario Vargas.
Un poco más moderada es la UDI Katerine Montealegre (del Distrito 26), para quien "es importante avanzar en reinserción social y en más y mejores oportunidades que apunten a una cultura de integración social y no una cultura del descarte". también estima que "la propuesta necesita ser mayormente profundizada y consultada con la ciudadanía, considerando que las situaciones a que se refiere, hoy cuentan con instrumentos judiciales a nivel legal y constitucional para su resguardo, como el recurso de protección que protege, entre otros derechos, la protección y respeto a la vida privada y a la honra de la persona y su familia".
Consultada por El Llanquihue sobre su parecer al respecto, la constituyente independiente Adriana Ampuero respondió: "Sin comentarios".
Ejercicio periodístico
Quien sí se mostró derechamente contrario a la propuesta fue el actual presidente del Colegio de Periodistas de la Región de Los Lagos, Jorge Elgueta, quien cree que "todas las ideas son discutibles, pero siento que la propuesta está más orientada a la discusión de una ley que a un derecho constitucional. Además, creo que la aplicación debería verse caso a caso y en esa instancia valorizar los antecedentes para activar lo planteado por el constituyente".
Agregó que las líneas editoriales las fija cada medio y el ciudadano debe valorar o no los contenidos según su mirada, esperando que estos se construyan con fuentes sólidas y éticas.
"Quizás los medios debieran, por línea editorial, subsanar de mutuo propio, cuando una noticia haya dañado la imagen de alguien durante una causa, donde finalmente el inocente no recibe el mismo trato que cuando está en tela de juicio, es decir, equipar y hacer justicia periodística", dice.
12 meses tendrán los constituyentes para poder redactar la nueva Carta Magna del país.