-Descentralización

-Es necesario avanzar en acciones de descentralización política y fiscal que permitan aumentar la autonomía de gastos que tienen hoy día las regiones versus el gasto central. Actualmente en Chile, el gasto subnacional representa entre un 15% y un 18% del gasto público, poniéndonos en los últimos dos países en el ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde el gasto subnacional promedio es alrededor del 35% al 40%. Por esta razón se debe generar la institucionalidad que permita aumentar la autonomía fiscal con un enfoque de gasto de las regiones de Chile y de las provincias dentro de las regiones.

-Libertad de emprendimiento y derecho a la propiedad

-Es necesario que la nueva Constitución garantice la propiedad privada y la libertad de emprendimiento. Sin embargo, la primera de ellas debe tener algunas limitaciones en cuanto a su función social y la principal será cuando interfiera con el desarrollo de los ecosistemas de la conservación y del medio ambiente, porque la nueva Carta Magna debe estar centrada en que el medio ambiente es la base de la vida y de la comunidad y el ordenamiento constitucional actual, efectivamente, limita la propiedad privada, en términos de fijación de precios o limitación de estos para el agua o electricidad. O controla la propiedad, por ejemplo, con el Fogape. Sin embargo, en la Constitución nueva se tienen que incorporar otras limitaciones en función del medio ambiente.

-Agua

-La nueva Carta Fundamental debe garantizar el acceso al agua como un derecho humano, donde se priorice el consumo humano y el uso del agua para la mantención de los ecosistemas. Además, debe garantizar que corresponda a un bien nacional de uso público. Es decir, que es de todos y la priorización del consumo para humanos y ecosistemas y sobre el derecho que habrá respecto de los derechos de agua, me parece que es materia de ley y no constitucional.

Concesiones marítimas

En la nueva Constitución se debe ratificar que el borde costero es un bien nacional de uso público, que le pertenece a todos los chilenos. El uso económico que se le otorga a este sector debe considerar como primer lugar la sostenibilidad del medio ambiente, considerando que es la base de la vida y de la comunidad. Por ello se tiene que impulsar el desarrollo de instituciones, como la Defensoría Nacional del Medio Ambiente, que puedan establecer las capacidades de carga y los límites que tiene la extracción del recurso marino para asegurar la sostenibilidad intergeneracional.

-Derechos sociales

-La nueva Carta Magna debe garantizar los derechos prestacionales, sociales o de segundo orden, donde destaca en particular el derecho a la salud, a la educación, vivienda y a la conectividad digital, ya que la pandemia demostró las impresionantes diferencias que existen entre las distintas personas y la necesidad que tiene el Estado de tomar acciones concretas para disminuir estas inequidades y proveer acceso a los derechos sociales. Los derechos sociales aumentarán el gasto fiscal y este debe estar limitado con la posibilidad de que en el futuro puedan proveerse los mismos derechos sociales, los que deben garantizarse con el concepto de responsabilidad fiscal intergeneracional. Es decir, con la posibilidad de que podamos mantener la misma calidad de prestaciones y de derechos sociales para las próximas generaciones.

Descentralización

-Promover la descentralización es indispensable para que nuestro país siga progresando. Una estructura descentralizada no sólo limita eficientemente el poder central, sino que además acerca la decisión a las personas. Es por ello que el proceso descentralizador debe enfocarse en los municipios, pues son ellos los que están más próximos a las personas y los que mejor pueden atender sus requerimientos. La gran labor que tendremos como constituyentes será promover una Constitución que contribuya a este proceso de manera efectiva y armónica entre los distintos niveles de gobierno.

-Libertad de emprendimiento y derecho a la propiedad

-La libertad de emprender es esencial, porque representa la posibilidad de crecer, de avanzar y alcanzar nuestros sueños. Debemos lograr que su consagración constitucional facilite y promueva la creatividad e innovación empresarial en nuestro país. Respecto de la propiedad, su consagración representa el resguardo de aquello que nos es propio, del fruto de nuestro trabajo, lo que finalmente nos permite contribuir al desarrollo de nuestras familias y de nuestro país. Creo que el gran debate se centrará en la función social del derecho de propiedad y en mi caso me la voy a jugar por consagrar una indemnización por el daño patrimonial causado al propietario cuando se establezcan limitaciones en consideración a la función social de la propiedad y se haya generado un gravamen o perjuicio significativo o desproporcionado.

Agua

-La escasez hídrica y la falta de infraestructura hidráulica es un problema que se debe solucionar ya, pero dicha solución no se producirá por consagrar constitucionalmente y de forma expresa el agua como un bien nacional de uso público, porque ya lo es. Tampoco se soluciona con un régimen de reserva estatal que no dé lugar a la propiedad sobre el derecho a su aprovechamiento. Esto se soluciona a nivel legal, fortaleciendo la cultura de preservación y cuidado de este recurso, implementando mayor infraestructura hidráulica, fiscalizando y sancionando el abuso del derecho de aprovechamiento.

Concesiones marítimas

-No es recomendable en mi opinión una ampliación de la reserva estatal o un dominio estatal exclusivo sobre las aguas o los recursos marinos en la nueva Constitución, porque no contribuyen al desarrollo de estos sectores y porque además no es este el lugar para reflexionar sobre la mejor regulación de las aguas. Sin embargo, es evidente que la normativa que regule esos sectores debe equilibrar razonablemente el interés colectivo involucrado con los derechos de inversionistas y productores que buscan legítimas ganancias al invertir en dichos sectores.

Derechos sociales

-Es importante en este punto no establecer una lista interminable de derechos sociales que puedan terminar generando muchas expectativas en la ciudadanía, que finalmente no se cumplirán. Se deben incorporar aquellos mandatos imprescindibles y alejarnos de la tendencia hispanoamericana (México, Venezuela, Colombia y Brasil). Lo que es materia de políticas públicas, es decir, aquello que se relaciona con la calidad de vida de las personas, eso es más bien propio de la deliberación democrática, cuya labor no recae en la Convención, sino en el Presidente y el Congreso.