Descentralización

-La desigualdad que afecta a nuestro país también es territorial. La Constitución del 80 concentra el poder político en la élite de la capital, situando a quienes vivimos en las regiones en la periferia, dificultando cualquier intento para una descentralización efectiva, agravado por un Estado ausente en compensar inequidades y en promover el desarrollo con una mirada local. La nueva Constitución debe retomar la tradición regional y municipalista que dé un salto cuantitativo y cualitativo en la distribución territorial del poder político, económico y administrativo.

-Libertad de emprendimiento y derecho a la propiedad

La nueva Constitución deberá garantizar los clásicos derechos civiles y políticos, tales como la libertad y seguridad personal, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, la libertad de conciencia y de religión, la libertad de expresión, la libertad de emprender y el derecho a la propiedad y la función social de ésta. De igual manera, se deben incorporar nuevos derechos, actualizando sus contenidos y extendiendo sus ámbitos de protección. Un Estado social y democrático de derecho no se opone a la actividad privada, que satisface intereses privados que son legítimos, sino que, en razón de los fines públicos llamados a cumplir por el Estado, éste despliega su actividad de servicio y de fomento.

Agua

-Suscribí el compromiso "Suelta el Agua" de Greenpeace y mis compromisos los cumplo. De este modo, el agua debe estar garantizada como derecho humano para las personas y sus funciones ecosistémicas protegidas, y esto debe verse reflejado en las definiciones de principios, rol y organización del Estado, en la división y organización territorial del país y en la definición de derechos, deberes y garantías. Se trata de asegurar el derecho humano al agua en cantidades y calidad suficiente para los seres humanos y para la naturaleza, consagrándolo como derecho fundamental, desprivatizando el agua a escala constitucional, haciendo primar el interés público cuando se trate de asegurar el agua para la vida.

-Concesiones marítimas

-El territorio del Estado debe comprender el suelo, subsuelo, espacio aéreo y dominio marítimo, respecto de los cuales el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, y por ende el mar y sus recursos son bienes de uso y acceso público. Esto debe compatibilizarse con los derechos históricos de la pesca artesanal, ejercicio de la libertad de empresa y los derechos adquiridos debidamente regulados y en función del bien público.

-Derechos sociales

-Aspiro a constituir un Estado social y democrático de derecho, que se complemente con un amplio sistema de protección social que garantice el reconocimiento constitucional de derechos económicos, sociales y culturales, de una provisión universal de bienes y servicios que posibiliten el igual ejercicio de todos los derechos, asegurando en el marco del desarrollo sostenible la inclusión social y el reconocimiento a la diversidad cultural, como el respeto al medio ambiente y al trabajo como fundamento del nuevo orden social.

Por ello, la nueva Constitución debe asegurar el derecho a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de tratos crueles e inhumanos, el derecho a una vida libre de violencia de género, el derecho a la intimidad y los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al olvido, el derecho a la desconexión, derechos de la era digital, derecho a vivienda digna, entre otros.

"Requerimos municipios fortalecidos en sus funciones"

-Descentralización

-Somos el país más centralizado de América Latina y esto se ha vuelto vulnerador de derechos básicos y un obstáculo para el desarrollo nacional. Debemos apostar a consagrar gobiernos regionales y locales fuertes. Por eso necesitamos una nueva forma de Estado que nos permita transitar hacia mayores grados de autonomía política regional y territorial, incluso legislativa y tributaria. Queremos que las empresas que trabajan en el distrito 26 tributen aquí y no en Las Condes o Santiago.

Sería interesante que pudiéramos transitar hacia un Estado regional como modelo intermedio entre el Federal y el Unitario, con regiones como división territorial, pero que nos permitan, a su vez, avanzar desde una descentralización meramente administrativa como la actual hacia un modelo con crecientes grados de autonomía a las entidades territoriales, produciéndose una descentralización de carácter normativo y político. Las normas que dictan los territorios deben adaptarse a las realidades locales, puesto que no es operativo tener una misma ley de medio ambiente para regiones desérticas que para regiones lluviosas por dar un ejemplo.

A su vez, requerimos municipios fortalecidos en sus funciones y atribuciones, ya que la pandemia nos ha mostrado la crudeza de tener gobiernos locales con buena bajada territorial, pero con pocas o nulas capacidades de decisión. En esta materia en particular nos jugamos por el crecimiento equitativo del país y por ende el acceso a otros derechos sociales básicos, como el acceso a la salud, a la educación, a la conectividad insular y de territorios inhóspitos, por dar algunos ejemplos.

- Libertad de emprendimiento y derecho a la propiedad

-No creo que alguien en la Convención Constitucional esté pensando en abolir la propiedad privada, como muchas veces se ha deslizado en fake news que buscan generar alarma pública y desinformación.

Sin embargo, es importante profundizar la función social de la propiedad (ya consagrada en la Constitución del 80), así como la medioambiental de ella, porque no puede ser que un derecho de propiedad absoluto nos otorgue la posibilidad de menoscabar el medio ambiente para las generaciones futuras, amparándose en este derecho.

La regulación sobre los usos de suelos nos permitirá, a su vez, que la propiedad privada no sea la excusa para la especulación inmobiliaria que finalmente termina por imposibilitar el acceso a la vivienda digna. En esta materia, constituciones como la de Portugal dan el ejemplo implementando medidas regulatorias en la materia.

Agua

-Especial énfasis hay que poner en la propiedad sobre los derechos de agua, puesto que Chile es el único país del mundo que tiene el agua como bien esencial para la vida en manos de privados.

El Código Civil declara en su artículo 595 que todas las aguas "son bienes nacionales de uso público", por tanto, su titular es el Estado y tiene el deber de gestionarlo para el interés nacional. Lamentablemente sabemos que en la práctica eso no se da. La regulación legal de las aguas, por otro lado, buscó conscientemente crear un régimen propietario que abre la puerta a un mercado de derechos de agua.

Hoy en Chile los derechos de aprovechamiento de agua permiten a sus titulares el uso, goce y disposición jurídica, derechos que, a su vez, son transferibles y negociables y que no están condicionados a un uso determinado, además, son derechos de aprovechamiento perpetuos sin causales de caducidad por no uso. Este régimen legal nocivo nos ha llevado a una lamentable realidad en nuestro país, ya que cerca de dos millones de chilenos y chilenas viven con acceso precario al agua. El distrito 26 particularmente sufre de sequía y mal manejo del recurso, como tantos otros territorios a lo largo de la nación.

Entonces, es fundamental revisar cómo se consagra el agua como un bien nacional de uso público y avanzar hacia una Constitución que prohíba expresamente su privatización y la priorice para el consumo humano. El agua es vida y la vida no se puede privatizar.

-Concesiones marítimas

-Son materia de ley y no constitucional. Sin embargo recaen sobre bien nacional de uso público y dicen relación con los recursos naturales y el medio ambiente tres materias que serán objeto de profunda regulación en el nuevo texto constitucional.

Aquí la discusión se centrará en cómo el Estado administrará estos bienes en función del interés nacional, en base a la función social de la propiedad, pero también en base a la función medioambiental, la cual esperamos apunte a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que proyecte también los derechos de las generaciones futuras de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En base a todas estas aristas, concesionar bienes nacionales de uso público nunca más será sinónimo de sobre carga del medio marino, de sobre explotación y sinónimo de "dejar hacer".

Derechos sociales

-Avanzar en su profundización y en la consagración de aquellos que han sido olvidados por la Constitución del 80 es probablemente el gran desafío del nuevo pacto social. Para avanzar en ello se requiere no sólo el trabajo constituyente serio y comprometido, sino también un Congreso Nacional que legisle de forma pertinente y eficaz para poder asegurar el cumplimiento y la implementación práctica de aquellos.

Hay derechos como la salud o la educación donde se nos otorga la libertad de elegir entre su provisión pública o privada, pero que nada dicen sobre el acceso a ellos y su integralidad. Derechos como la vivienda digna y libre de violencia, los derechos de niñas, niños y adolescentes, la inclusión, la sindicalización universal, entre otros, son derechos que la actual Carta Magna, simplemente omite. Hoy pude conversar con una agrupación nacional que involucra a más de 13 mil madres que buscan consagrar el derecho a maternar con dignidad con un Estado garante y proactivo en la implementación de políticas públicas que lo permitan.