Hasta el 6 de junio se extenderá el plan de vacunación contra la influenza impulsado por el Ministerio de Salud, el cual se realiza en forma paralela al proceso de inmunización contra el covid-19. La vacuna es gratuita para 8,4 millones de personas que están dentro de la población con más riesgo de sufrir complicaciones severas en el caso de contagiarse, es decir, los trabajadores de la salud, las personas de 65 años y más, los enfermos crónicos, los niños entre los 6 meses hasta quinto básico y las embarazadas.

El programa de vacunación del año pasado tuvo una gran cobertura y se alcanzaron cifras históricas, debido a que la población comprendió que la gripe podría significar que las personas quedarían más expuestas a contraer el coronavirus. Quienes se encuentran entre los grupos objetivos a los cuales está dirigido este programa han comprendido la necesidad de estar inmunizados para evitar que se potencien la influenza con la pandemia de covid-19, lo que agravaría aún más la emergencia sanitaria.

La vacunación es la forma más efectiva de prevenir la infección y en especial en la población en situación más riesgosa, ya que son los que tienen mayor predisposición a contraer la influenza y presentar complicaciones. Esta vacuna es gratuita para las personas que están consideradas en el plan y no requiere orden médica, de manera que está disponible en todos los centros de atención primaria, de acuerdo con el calendario de atenciones.

La autoridad ha señalado que en lo que va de la campaña se destacan altos porcentajes de inmunización del personal de salud privado y público, así como de adultos mayores de 65 años y de quienes conforman el grupo otras prioridades, en coherencia con el calendario de vacunación. Hay que prepararse para un escenario que podría ser muy complejo durante este otoño-invierno si no se toman y acatan las medidas de emergencia que se han dispuesto, entre ellas el llamado a inmunizarse contra la influenza, para evitar que los grupos de mayor riesgo pudiesen ser atacados por ambos virus, lo que agravaría los cuadros.

Uno de los pilares de la convivencia en sociedad es la buena fe o relaciones de confianza entre los individuos que forman parte de la comunidad. Es esta buena fe la que se ve vulnerada por ciertos individuos que tratan de obtener beneficios injustos mediante engaños: los estafadores.

En lenguaje cotidiano, los conceptos de estafa, fraude y engaño se utilizan para referirse a una amplia gama de conductas en las que un individuo pretende de mala fe apropiarse del patrimonio ajeno. Sin embargo, en nuestra legislación el delito de estafa requiere que el estafador despliegue conductas destinadas a engañar a otro e inducirlo a cometer un error y disponer de su patrimonio.

Siendo tradicionalmente la estafa un delito contra la propiedad, ha evolucionado a la par con las diversas formas de circulación de los bienes. Actualmente, los timadores han modificado su puesta en escena y objetivos, logrando engañar a sus víctimas y haciéndolas entregar no sólo dinero, sino que información personal necesaria para manipular sus cuentas bancarias, correos electrónicos e incluso impenetrables WhatsApp.

Ya sea a través de medios digitales o de formas más "tradicionales", lo cierto es que los delitos de estafa y otros engaños no dan signos de disminuir. Sin ir más allá de nuestra región, comparando cifras con años anteriores a la pandemia, los ingresos de denuncias penales por estafas y otras defraudaciones en 2020 y lo que va de 2021 han ido en un claro y sostenido aumento.

Ante esta realidad la Fiscalía ha adoptado una multiplicidad de medidas tendientes a dar una eficaz y pronta respuesta a la víctima y a la sociedad, desbaratando redes delictuales y persiguiendo a los responsables. La investigación es asumida por fiscales especialistas, quienes están previa y constantemente capacitados en nuevas formas de comisión de estos delitos.

Aun así, la mejor defensa contra este flagelo es la denuncia oportuna y activa. En numerosas ocasiones la víctima, al verse compensada en su patrimonio a través de seguros bancarios, abandona la persecución penal, privando a la Fiscalía de importantes medios probatorios.

Sin un término condenatorio y definitivo, el estafador continuará presentando este tipo de conductas y será una nueva víctima la que sufrirá las consecuencias.

Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos

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