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Concesión de Conaf agobia a empresaria turística de Petrohué

RECLAMO. Sin ingresos por el estallido social y la pandemia, hoy debe asumir el cobro anual de esa autorización.
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Erwin Schnaidt

Su proyecto consideró una inversión de 100 millones de pesos. Después de cinco meses, pudo materializar la cafetería-restaurante Katarata Grill, junto a los Saltos del Petrohué, en el parque nacional Vicente Pérez Rosales.

Eso ocurrió en octubre de 2019, en la víspera de la temporada alta del turismo. Sin embargo, a partir de esa misma fecha comenzaron a gestarse una serie de eventos que han puesto en riesgo su continuidad. El último de ellos, la obligación de pagar a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), por una concesión anual que no ha sido utilizada a plenitud, debido a las restricciones de movilidad y funcionamiento por la pandemia del covid-19.

La empresaria turística puertovarina, Andrea Rojas, puso todos sus ahorros en esta propuesta, que complementó con un crédito de consumo. Pero, admite que se ha enfrentado a la "tormenta perfecta", porque su apertura coincidió con el estallido social de octubre de 2019, a lo que se agregó la pandemia y el cierre del parque, desde marzo de 2020, situaciones que han reducido al mínimo sus ingresos. Pero ahora, surge el cobro de Conaf.

Rojas asegura que hizo gestiones, escalando el problema pero no tuvo respuestas. Así, comenzó a dar vueltas la idea de publicar un video en redes sociales "después de llevar un año de conversaciones con Conaf, solicitando la rebaja del pago anual de la concesión, en forma proporcional a los días que no pudimos abrir la cafetería, porque el parque estuvo cerrado, ya sea por cuarentena o por actos de la autoridad".

Sostiene que en 2020 más del 60 % del año (7 meses) no tuvo ingresos, estado que se ha extendido durante los primeros cuatro meses de 2021. No obstante, reclama que "tenemos que terminar pagando, como si nada de lo que está pasando, estuviera sucediendo. Como si la crisis no existiera".

Sobre el valor a pagar, la emprendedora se reservó esa información y adujo que "cada concesión es caso a caso. Pago un fijo, a todo evento; sé que hay otras concesiones que pagan un porcentaje de sus ventas y otras que no pagan".

A nivel central

Consultado el director regional de Conaf, Jorge Aichele, afirmó que desde el año pasado han buscado soluciones, como la postergación del pago anual. Pero, ahora analizan una salida alternativa, "analizando cómo podemos dar facilidades (de pago), lo que todavía está por definirse", especificó.

Tal propuesta está siendo tramitada exclusivamente a nivel central, "porque tiene que ser una solución para todos los concesionarios que están dentro de las áreas silvestres protegidas en el país", lo que calculó que podría surgir en mayo.

Respecto al número de concesionarios de Conaf en la región, Aichele dijo no disponer de ese dato y expuso que "son varios y de varios tipos", lo que también determina el monto de cada concesión.

El director regional de Conaf admitió que están conscientes de lo complicado que fue el año pasado para el rubro del turismo y quienes mantienen concesiones con ese servicio público. Añadió que desde 2020 que mantienen contacto con la empresaria de los Saltos del Petrohué, a quien "dentro de lo que hemos podido, le hemos ayudado, en el sentido de prorrogar la concesión, como una manera de compensar las dificultades que ha habido este último año".

Definió que para Conaf, los concesionarios de áreas protegidas son considerados como socios de la institución "porque hacen una actividad complementaria a un parque nacional que nos ayuda con el rubro del turismo".

Muestras de apoyo

El video de Andrea Rojas tuvo tal repercusión que Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, acogió tal inquietud y gestionó para este jueves una reunión con Rodrigo Munita, director nacional de la Conaf.

"Cerca del 60% del tiempo los parques nacionales han estado cerrados y eso les impide generar liquidez a las mipymes del turismo y la gastronomía, que hoy tienen una concesión con Conaf. Esperamos que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos flexibilicen sus posturas y comprendan la realidad que viven estos rubros, tan golpeados por las restricciones sanitarias", enfatizó.

El caso también fue acogido por el diputado Harry Jürgensen (RN), quien dijo haber enviado oficios a los ministerios de Hacienda y de Agricultura para que se revise la situación que enfrentan los emprendedores de la zona, con especial atención en el caso de Andrea Rojas.

El parlamentario oficialista solicitó a Conaf que sean condonadas esas deudas y revisar la situación de otros comerciantes "que están pidiendo algo de toda lógica: que el Estado de Chile, que impone las restricciones a causa de la pandemia, autorice a Conaf -y a otras instituciones en la misma situación- a condonar o eximir del cobro a quienes no han podido desarrollar sus negocios y cuyos recursos propios se han agotado, como es el caso de esta cafetería-restaurante, por el que no pasa una persona desde hace más de un año", remarcó Jürgensen.

5 meses demandó la construcción de ese establecimiento gastronómico y turístico, ubicado en el parque Vicente Pérez Rosales.

60 % del año 2020 no registró ingresos, producto de las restricciones que impuso la autoridad sanitaria producto de la pandemia.

Tribunal deja en prisión a imputado de asesinar a vecino de Ensenada

CRIMEN. Lo investigan también por apuñalar a una mujer el fin de semana.
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La Fiscalía local de Puerto Varas formalizó ayer la investigación respecto del imputado Luis Aravena Cárcamo, por dos delitos de homicidio simple, cometidos el domingo 25 de abril en el sector de Ensenada.

Respecto de las víctimas, una corresponde a una mujer de 32 años a quien el imputado agredió con tres estocadas en la parte frontal. La víctima sobrevivió a estas agresiones por lo cual el delito se formalizó por homicidio simple en grado de frustrado.

La víctima fatal fue un hombre de 40 años quien habría fallecido producto de las agresiones con arma blanca que el imputado le habría propinado.

La investigación se está realizando en coordinación con el OS9 de Carabineros.

Luego de la formalización por estos delitos, el Juzgado de Garantía de Puerto Varas decretó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 90 días.