Marcelo Galindo

Seis años de presidio arriesgan los dos acusados por el delito de estafa reiterada, quienes fueron encontrados culpables tras finalizar el juicio en el Tribual Oral en lo Penal de Puerto Montt.

La investigación data del año 2015, después que Gonzalo Heck y María Alejandra Moreno promocionaran por redes sociales la construcción de casas y cabañas a través de la empresa llamada Ecoenergía.

Cinco fueron las víctimas que recurrieron al Ministerio Público, denunciando estafas reiteradas, porque los falsos constructores pedían millonarios adelantos para la ejecución de las obras, las que nunca se llevaron adelante. En algunos casos hubo labores a medias, con fallas estructurales y, en otros, simplemente no se concretaron.

Entre los afectados se encuentra una persona que enfermo de cáncer y falleció esperando que se haga justicia.

"Es un caso muy terrible, porque hubo víctimas que murieron esperando justicia, como es el caso de don Ricardo Cruces. Lo importante es que el poder judicial tuvo la determinación correcta respecto de estos estafadores", manifestó el abogado querellante Ignacio Herrera.

Según Andrea Sanz, esposa de Ricardo Cruces, "él puso la plata para la casa y con un cáncer terminal se quedó un año más trabajando para poder terminar su anhelo y concretar su sueño de morir en su casa, lo que ocurrió el 15 de noviembre (2020)".

Sanz recalcó que en el juicio anterior "estábamos ambos listos para declarar (junto a su esposo) y una vez más los estafadores no aparecieron, así es que no alcanzó a declarar, sé que ahora está celebrando en el cielo", remarcó.

Imaginaria

La indagatoria fue llevada adelante por la fiscal Karen Rosas, quien solicitó las diligencias a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Puerto Montt.

El juicio oral tuvo una duración de cuatro días y según explicó Rosas, se dictó veredicto condenatorio en contra de los dos acusados respecto de los cuales la Fiscalía sostuvo acusación por los delitos reiterados de estafa, "hechos que habrían ocurrido entre los años 2015 y 2017, siendo cinco personas a lo menos las afectadas, que dispusieron patrimonialmente de altas sumas de dinero, que van entre los 5 millones y 20 millones de pesos, cada una de ellos".

La persecutora relató que estas personas se vieron perjudicadas "ya que la empresa que aparentaban mantener ambos imputados, era imaginaria, no existía, no tenía un sustento legal y no era una sociedad, y menos contaba con los medios humanos técnicos o logísticos suficientes para cumplir los compromisos que acordaba con cada uno de los afectados".

De esa forma, la parte acusadora sostuvo que "en este caso, nunca existió la intención de cumplir. Toda esta puesta en escena tenía como objetivo único defraudar a los afectados y apropiarse de sus dineros, puesto que nunca hubo una intención de construir las viviendas, cabañas o inmuebles a lo que se comprometían".

La fiscal remarcó que incluso los acusados quedaron debiendo dinero a los maestros.

Perseverancia

De acuerdo a la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, lo relevante de este caso es que se obtuvo una condena, "porque las estafas son un delito en general difícil de probar, por cuanto la ley exige la concurrencia de muchos requisitos".

En este caso, resaltó Wittwer, "como Fiscalía reunimos todas las pruebas y logramos que el tribunal acogiera lo que planteamos y en definitiva llegue a la convicción condenatoria. Valoro también la perseverancia y la declaración de las víctimas, lo que sin duda contribuyó sustancialmente a este resultado".

La jefa regional del Ministerio Público aprovechó de hacer un llamado "a denunciar todos estos hechos, que afectan tan gravemente su patrimonio".

"Toda esta puesta en escena tenía como objetivo único defraudar a los afectados y apropiarse de sus dineros".

fiscal del Ministerio Público.

"Es un caso muy terrible, porque hubo víctimas que murieron esperando justicia, como es el caso de don Ricardo Cruces".

abogado querellante.

5 personas anticiparon entre 5 millones y 20 millones de pesos, para la construcción de casas o cabañas con la empresa Ecoenergía.

Karen Rosas,

Ignacio Herrera,

Como un hecho "escandaloso", calificó el diputado Alejandro Santana (RN), que la Dirección de Administración de Educación Municipal (Daem) de Puerto Montt no haya acreditado la inversión de casi 3 mil 400 millones de pesos desde el Ministerio de Educación, destinados a estudiantes vulnerables de la comuna.

Según consta en los datos proporcionados por la Superintendencia de Educación, la información declarada por el sostenedor, en este caso, el Daem de Puerto Montt, no coincide con el monto informado en el certificado bancario que acredita los montos entregados como aporte estatal, objeción que repite desde el año 2013, sin que ello haya sido subsanado.

"Este es un hecho escandaloso, que reviste la mayor gravedad y que debe ser aclarado cuanto antes. Acá no se está hablando de especulaciones, de acusaciones al voleo, ni se está solicitando investigar irregularidades eventuales. Se trata de datos proporcionados por la Superintendencia de Educación y que señalan claramente que existe un déficit de casi 3 mil 400 millones de pesos en el Daem de Puerto Montt, de dineros que ingresaron al municipio, pero cuya ejecución no fue acreditada; es decir, nadie sabe en qué se gastaron".

Según Santana "lo más grave de esto es que se trata de recursos entregados por el Ministerio de Educación con el objeto de beneficiar a los estudiantes más vulnerables de la comuna y a aquellos que necesitan mayor dedicación, mayores herramientas de atención personalizada y acompañamientos especiales en sus procesos de adaptación y de aprendizaje".

El legislador de RN lamentó que "los recursos que el Estado destinó para esas niñas, para esos niños, para esos jóvenes y para todas esas familias que pudieron hacer la diferencia en el desarrollo personal, en el desarrollo futuro de sus hijos, no sabemos dónde fueron a parar".

Durante la madrugada del viernes fue sustraído un equipo de reanimación que se encontraba al interior de una de las ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu), dependiente del Servicio de Salud del Reloncaví. Según se dio a conocer en forma extraoficial, ese implemento tiene un valor aproximado a los 18 millones de pesos. Dicho equipo es utilizado en el tratamiento de urgencia de pacientes graves, por lo que su manipulación inadecuada puede producir graves daños a la salud. Cualquier información sobre este instrumental, está siendo recibida en el fono de emergencia 131.

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