ceder".

"Eso es lo que queremos que el contralor investigue a fondo para poder saber las responsabilidades administrativas, desde un punto de probidad y de la licitación que se adjudicó esta empresa", argumenta Cuitiño. Ante la posibilidad de recurrir a la Fiscalía, para denunciar penalmente estos hechos, el concejal afirma que existen los suficientes antecedentes, pero "según mi abogado, antes de llegar al Ministerio Público, es necesario la revisión de Contraloría".

Internas

De acuerdo a la abogada de la Municipalidad, María Verónica Martínez, no hay cuestionamientos a las atribuciones fiscalizadoras del concejal, sin embargo, "vamos a esperar que llegue el requerimiento de la Contraloría, para evacuar el informe respectivo. Estamos haciendo las indagaciones internas, sin perjuicio de lo cual debo decir que descartamos cualquier situación de irregularidad o conflicto de intereses, tal como lo plantea el señor concejal. Vamos a realizar las revisiones respectivas para dar una repuesta seria y fundada a la Contraloría", comenta.

Aclara además la abogada que el número de licitaciones que da a conocer el edil en la presentación es excesivo, "porque las licitaciones se realizan con períodos de un año, es decir, si fuera así, las licitaciones tendrían que haber comenzado desde principio del 1900. Las licitaciones por lo general se hacen una vez al año".

Martínez explica que hay que tener en cuenta el objeto de contrato que el municipio celebró con la contratista Patricia Riquelme. "Luego es la empresa contratista quien se aboca a proporcionar el personal que va a entregar la mano de obra para la Municipalidad. No hay contrato con familiar y sobre alguien que exista una inhabilidad, el mecanismo de las licitaciones de mano de obra dejan claro que esta son cargo de la contratista. Las entidades licitantes publican bases de licitación, donde se identifican algunos requisitos, condiciones laborales y el presupuesto disponible para la prestación de estos servicios", acota.

Gervoy Paredes (PS), alcalde de Puerto Montt, añade que se trata de materias que son revisadas constantemente por Contraloría: "Es una empresa privada donde cualquiera puede trabajar. Es una constructora, que tendrá que tener otros contratos. El proceso llevado con la Municipalidad es normal y está dentro de los parámetros legales", explica.

Secretarias

El alcalde Paredes califica la denuncia de Cuitiño como "un voladero de luces", refiriéndose a una acusación que existe en contra del edil, a raíz de "las acusaciones y denuncias que se le vienen encima a este concejal por maltrato de mujeres".

Indica que las afectadas sos tres secretarias "y las tres pidieron traslado por lo mismo. Lo que correspondía era desvincular. Y por determinación de nosotros las cambiamos de departamentos. Algunas están con cartas formales por maltrato y acoso laboral".

Según Juan Carlos Cuitiño, él ha sido constantemente maltratado en el Concejo Municipal: "Obstruyen mi labor en el Concejo. Sé que esos son los costos de la fiscalización cuando no quieren responder. Estas son la repercusiones, pero tengo documentación de sus familiares (trabajando en la empresa) que el alcalde no quiere reconocer", sostiene.

El concejal insiste en la investigación "y respecto de mi actuar la gente sabe muy bien como soy como persona, por algo salí electo como concejal, decir finalmente que seguiré con mi rol fiscalizador", sostiene.

Pertinente

Varios son los concejales y ex ediles nombrados en el documento que se entregaron en la Contraloría Regional.

La concejala (DC) Verónica Sánchez, cuyo nombre no aparece en los antecedentes expuestos por su par, dijo que la denuncia del concejal Cuitiño es "pertinente".

Según la edil se han perdido las confianzas entre el Concejo Municipal y la administración "a partir de lo suscitado con la actuación del ex administrador municipal (Carlos Soto, quien renunció tras la polémica de autorizarse a sí mismo horas extra). Es por ello que todo aquello que pueda ser aclarado respecto de algunas actuaciones y decisiones permiten, a mi modo de ver, terminar con un período de gestión con transparencia y tranquilidad sobre lo obrado, ante los entes administrativos y ante la comunidad".

Para Sánchez la denuncia del concejal Cuitiño ante la Contraloría "es pertinente y merece ser clarificada, para despejar todas las dudas respecto a la figura de negociación incompatible o conflicto de intereses".

Remarca la concejala que "aun cuando no se constituyan estas incompatibilidades entre entes directivos o concejales y concejalas y la empresa Patricia Riquelme, es atendible desde el punto de vista moral la prescindencia que estos cargos exigen, en cuanto a relaciones laborales de parientes directos". En la presentación en el organismo contralor es nombrado el ex administrador municipal, Carlos Soto, quien participa de la comisión evaluadora de la licitación y también firmando el acta de propuesta de adjudicación junto al alcalde Paredes, donde señalan de manera expresa "la ausencia de conflicto de intereses".

Concejales

Los concejales nombrados en los documentos que se hicieron llegar a Contraloría y que tendrían familiares trabajando en la empresa de Patricia Riquelme son Héctor Ulloa (independiente y hoy fuera del concejo), quien se excusó de entregar una declaración. Se suma la concejala Sonia Hernández (PS), quien pidió disculpas (telefónicamente) porque estaba ocupada. Tampoco respondió los mensajes de WhatsApp. El tercer concejal que es nombrado en la presentación realizada en Contraloría es Fernando Orellana (RN).

"Me sorprende estar nombrado en esta presentación. Él (Cuitiño) hace alusión a mi ex señora, con la cual llevo bastante tiempo separado, sin embargo, voy a revisar todos los antecedentes que sean necesarios, tanto de la comisión como de la dotación y los entregaré a los organismos pertinentes para que se investigue y se aclare lo antes posible esta situación. Me parece que no hay nada ilícito. Me declaro sorprendido de esta acusación, creo que no tiene fundamento", argumenta el edil.

Orellana añade que "en esa oportunidad presidí la comisión, pues soy vicepresidente de la Comisión de Régimen Interno, y la presidenta, que es Verónica Sánchez, no pudo asistir. Por eso la presidí yo, lo cual es aleatorio y fortuito", afirma.

"La denuncia del concejal (Juan Carlos) Cuitiño ante la Contraloría es pertinente y merece ser clarificada para despejar todas las dudas"

Verónica Sánchez, concejala de Puerto Montt

"Es una constructora, que tendrá que tener otros contratos y el proceso llevado con la Municipalidad es normal y está dentro de los parámetros legales"

Gervoy Paredes, alcalde de Puerto Montt

$6 mil 500 millones es el monto de las dos licitaciones adjudicadas en el 2019 y que cuestiona el concejal Cuitiño.

12 de diciembre de 2019 se firmó uno de los contratos en la notaría de Felipe San Martín, y la otra se concretó el 10 de febrero de 2020.

100 trabajadores aproximadamente tendría la empresa contratista Patricia Riquelme, para el aseo en los edificios municipales.

Patricia Riquelme, representante de la empresa aludida por Cuitiño, en dialogo con este Diario, dijo desconocer al denunciante. "Al señor Cuitiño no lo conozco. Recién me enteré de que es concejal y no sé por qué hizo la denuncia. Estoy absolutamente tranquila, en el sentido que hemos trabajado como corresponde. Me molesta que salga mi nombre, porque aunque se aclare todo siempre queda en la retina 'esta empresa tiene algo raro', y no es así". Respecto de las licitaciones explica que están trabajando desde el 2013 y que han participado las veces que han llamado: "En la última fuimos los únicos que nos presentamos. Nos revisan los antecedentes de arriba a abajo, tenemos que presentar boletas de garantía de altos montos. Hemos ganado tres licitaciones, aprobadas por el concejo, y revisadas por la comisión respectiva. No hay nada trucho. Todo legal". Agrega que "la primera vez que nos adjudicamos hablé con el alcalde. Nunca he pedido una audiencia con él y jamás me ha pedido contratar a alguien".

Consultada sobre la presencia de familiares de personas dle municipio trabajando para su empresa dijo: "Hay una persona (...) que dicen que es la sobrina del alcalde, y que me enteré a propósito de esto. Es un profesional que se contrató y que hoy está trabajando. No tengo ninguna otra persona, que yo sepa, sea familiar de una persona de la municipalidad". Asimismo, admitió parentezco de una persona que realizó labores entre 2013 y 2016, año que fue finiquitado.