Redacción

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, firmó ayer un decreto de escasez hídrica para las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé, una vez que se verificaran los criterios técnicos definidos por la Dirección General de Aguas (DGA).

El instrumento permite gestionar varias herramientas a la autoridad, que vayan en pos de disminuir los efectos ocasionados por la sequía, especialmente en los sectores rurales. El decreto tiene una vigencia de seis meses y no se renueva, ya que es pensado en un contexto en que la sequía apunta a una situación particular y no estructural.

"La declaración de escasez hídrica permite la entrega de recursos de emergencias para quienes viven en zonas rurales, como el abastecimiento con camiones aljibes. Estos son contratados por las comunas y financiados por el gobierno regional, una vez que ha sido autorizado por el Ministerio del Interior", explica el seremi de Obras Públicas, James Fry.

Para que se realice lo dicho por la autoridad regional, se deben cumplir los siguientes requisitos: declaración de zona de escasez hídrica, a través del Ministerio de Obras Públicas; Declaración de emergencia agrícola, como consecuencia del déficit hídrico a través del Ministerio de Agricultura; Declaración de zona de catástrofe, que lo realiza el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; e informe que acredite la falta de recursos en un sector o sistema de Agua Potable Rural producto del déficit de precipitaciones, que lo realiza la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP.

Fry agregó que "las declaraciones de escasez hídrica, además, abren la puerta para la aprobación de decretos de emergencia MOP, que tramita la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), por solicitud de las comunas afectadas para entregar soluciones en el corto plazo, que incluye el mejoramiento de sistemas de agua potable rural (APR) y desarrollar obras por trámite directo, es decir, sin licitaciones".

Dga

"Para declarar escasez hídrica se consideran los resultados del Informe de Condiciones Hidrometeorológicas de la División de Hidrología de la DGA-MOP, que determina una condición de sequía si en cada territorio se sobrepasa al menos el límite definido en uno de los indicadores de caudal, precipitaciones y aguas subterráneas", señala el Director General de Aguas, Oscar Cristi.

En los análisis de la DGA, se consideran los caudales medios mensuales acumulados de los últimos tres meses y se calcula el Índice de Caudales Estandarizados (ICE), que para debe ser igual o menor a -0,84 para que haya condición de sequía, entre las regiones de Atacama y Los Lagos.

La Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt justificó el gasto de los recursos cuestionados por la Superintendencia de Educación.

Pese a que la superintendencia reconoció que el sostenedor (Municipalidad de Puerto Montt) "ya ha enfrentado procesos administrativos anteriores y ha sido sancionado por no lograr acreditar que los saldos se encuentran disponibles en sus cuentas bancarias", desde el DAEM se indica que los gastos fueron acreditados.

De acuerdo a lo que se señala desde el DAEM, "la Superintendencia de Educación solicitó durante el año 2014 la rendición de gastos correspondientes a los fondos transferidos al municipio en 2013. Cabe hacer notar que estos gastos corresponden al periodo comprendido entre 2013 y 2019".

Detallan en la entidad municipal que en su oportunidad "el DAEM procedió a efectuar las rendiciones respectivas, acompañando los antecedentes que obraban en el Municipio". Añaden que "posteriormente, la Superintendencia efectuó un conjunto de observaciones, las que en particular, se referían a la necesidad de acreditar gastos en materias de personal, especialmente en el ámbito de contrataciones".

Se señala además en la entidad a cargo de la educación municipal en la capital regional que "luego de diversas reuniones y coordinaciones con la entidad fiscalizadora, el municipio acreditó que la existencia de los contratos señalados estaba debidamente respaldada con antecedentes tales como, planillas de remuneraciones, liquidaciones de sueldo y pago de cotizaciones previsionales, documentos que debieron ser suficientes para dar por superadas las observaciones", explican.

Según el DAEM, "habiendo transcurrido casi siete años desde la realización de los gastos objetados, se enfatiza en el debido cumplimiento del DAEM en la utilización de los recursos recibidos, sin que existan reproches que formular, ya que los recursos han sido invertidos de manera íntegra en niñas, niños y jóvenes de la educación municipal de Puerto Montt, además es necesario expresar que este proceso de rendición no está cerrado", concluyen.

Para la concejala (independiente) Marcia Muñoz, se trata de hechos que tienen que ser aclarados. Indica que en este tipo de situaciones se debe respetar el trabajo de los funcionarios del DAEM.

2019 es el año que supuestamente no fueron rendidos los recursos por parte del DAEM.

3 mil 393 millones de pesos es el monto total no acreditado por el DAEM de Puerto Montt.

El candidato a la Alcaldía de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN), aseguró que hay unas 10 mil familias que están en riesgo de no poder acceder a viviendas sociales en las próximas décadas, a raíz de la propuesta de Plan Regulador Comunal presentada por la municipalidad.

El postulante a la Alcaldía de Puerto Montt calificó lo que está ocurriendo como una lápida a los anhelos de las personas por contar con un lugar donde vivir.

Wainraihgt acusó que son cerca de 1.300 familias las que se han visto perjudicadas con la propuesta de modificación del área de Cardonal Bajo, pero a nivel comunal y para la próxima década, se estima que serán miles las viviendas que no se podrán construir por las limitaciones impuestas por el instrumento de planificación urbana.

El candidato recalcó que es necesario que el Plan Regulador sea abordado por las próximas autoridades que serán elegidas en mayo próximo, tanto a nivel de alcalde, como de concejales.

El proyecto de Plan Regulador presentado por la Municipalidad de Puerto Montt duplica las áreas urbanas destinadas a parques y áreas verdes (512 hectáreas), no extiende el límite urbano y, además, establece una serie de territorios como zonas residenciales con grandes restricciones para la edificación, lo que impediría la construcción de viviendas sociales, según expertos.