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-Uno de los requerimientos constantes de parte de la comunidad es contar con más carabineros en la calle: ¿Cómo se puede manejar un equilibrio entre una formación y responder a esta necesidad?
-Efectivamente, el Estado está teniendo una presión desde la sociedad, desde distintos sectores a los que les gustaría o que se sentirían más seguros si es que hay una comisaría en su sector, o si es que hay carabineros cerca, porque de todas maneras, en nuestro país, cuando uno está cerca de una unidad policial o de un carabinero, uno sabe que hay ciertas cosas que no van a ocurrir. Pero el Estado tiene que sopesar que el costo de tener un efectivo mal preparado en la calle es muy alto. Y por eso es ahí donde se tiene que realizar un balance y ver la formación, la capacidad de fuego que tienen o si es que pudiesen usar otras armas que no sean letales.
-¿El uso de las armas debiera ser el punto central del debate?
-Es una discusión que tiene que darse en el Parlamento, en las policías, respecto de lo que significa entrenar a todos los carabineros para que tengan estas armas que no sean letales. Yo creo que es una discusión en la que hay que avanzar y es ahí donde están las voces que hablan de que se tiene que reformar completamente Carabineros, que es algo que tiene que ver el Estado. Y ahora viene una discusión constituyente, en la que posiblemente se podrán escuchar algunas propuestas al respecto. Sin embargo, se tiene que avanzar en la incorporación de una cultura de derechos humanos, de que no sólo conozcan la doctrina, sino que la apliquen en los distintos procedimientos que realizan.
-¿El INDH ha realizado propuestas en este sentido?
-El Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde hace varios años, ha estado en reuniones de trabajo con Carabineros para ir incorporando este tema en el currículum. Para ello se han realizado distintas recomendaciones y por eso pensamos que si existe una reforma tiene que ser integral y que incorpore tanto la formación como el entrenamiento posterior y la práctica cotidiana del ejercicio policial, agregando estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, en ese contexto, es el Estado, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el que tiene que decidir cuál será la forma y la profundidad de la reforma.
-Aparte de lo de Panguipulli, se produjo esta semana otro hecho que involucró a dos carabineros en Calama...
-De acuerdo a las informaciones que se han conocido, en Calama hubo un abandono de una persona que estaba moribunda afuera del Servicio Médico Legal y a quien no se le prestó la debida asistencia para evitar su fallecimiento. Esta es una acusación grave, que desde nuestra perspectiva tiene que investigarse, y si hay participación de carabineros, tiene que hacerse efectiva su responsabilidad penal.
-En Puerto Montt está el caso Huenante…
-Nosotros somos querellantes en el caso Huenante, el que fue llevado durante varios años por la justicia militar, pero ahora está en la ordinaria. A nosotros nos parece que es una investigación muy exhaustiva la que se ha realizado, ya que se han indagado muchas pistas. Ya han pasado 15 años desde la desaparición de José y entendemos que eso le pone muchas limitaciones a la investigación. Nosotros esperamos que en algún momento, las personas que conocen su paradero puedan informarlo y así poder llevarle, finalmente, tranquilidad a la familia. Nosotros estamos acompañando a la familia en todo este proceso.
-¿Cree que aún existen los pactos de silencio?
-Nosotros creemos que sí y varias veces el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha llamado a las fuerzas policiales y militares a romper los pactos de silencio, que no existan más en este país y que los familiares puedan conocer el destino de sus seres queridos ejecutados o desaparecidos y se puedan, además, llevar a la justicia a los responsables. Al país le haría muy bien que se acabaran los pactos de silencio.
Estallido social
-¿Cómo evalúa el avance de los casos relacionados con el estallido social a nivel judicial?
-En la región tuvimos una formalización por el caso de la chica que fue golpeada por una lacrimógena en su cabeza en la plaza de Armas y tenemos algunas formalizaciones en curso. De hecho, esta semana fueron formalizados dos carabineros por apremios ilegítimos a un joven dirigente de la juventud del Partido Socialista.
-¿Ha existido lentitud en el desarrollo de estos procesos judiciales?
-Los procesos de investigación, en general, son lentos. Entonces, nosotros hemos estado trabajando como querellantes con el Ministerio Público y cualquier cosa lo conversamos con los fiscales a cargo del caso. Sin embargo, hay diligencias pendientes en varias causas, pero también nos hemos dado cuenta que la pandemia ha generado que se demoren algunas. Muchas veces nos hemos enterado que, por ejemplo, personal de la PDI está investigando un poco menos porque está dedicado a ciertas cosas de la pandemia, o que se han suspendido reconstituciones de escena porque hay una persona que tiene covid, en fin, lo que genera un cierto retraso.
-¿Cuántas quedarían por resolver?
-Nosotros tenemos 74 querellas representando a 80 víctimas en la región, sólo de estallido, porque de las causas regulares tenemos más de 30, por lo que estamos manejando más de 100. De ahí se podrán formalizar, en los próximos días, semanas o meses, unas cinco causas más y la semana pasada presentamos cuatro querellas por hechos del estallido social.
-¿Aún llegan causas relacionadas con el estallido de fines de 2019?
-Todavía llegan denuncias y si tienen fotos, evidencias, nosotros tenemos un mandato legal y estamos obligados a presentar las acciones judiciales. En las últimas hay situaciones diversas que ocurrieron en comisarías, vehículos policiales o en la calle en Puerto Montt y Puerto Varas.
¿Les han manifestado la razón por qué tardaron en acudir a ustedes?
-Hay distintas razones. Las personas se toman su tiempo o a veces hacen la denuncia de forma directa en el Ministerio Público y se demora en llegarnos a nosotros.
-¿Cómo ha visto el desarrollo del caso de Felipe Santana, el joven condenado por el ataque a la Vatedral de Puerto Montt?
-En el caso de Felipe Santana no somos querellantes. No somos intervinientes. Sin embargo, la hemos estado observando y asistido a algunas de sus instancias, como en la Corte de Apelaciones. Además, lo hemos visitado en la unidad penal, así como a otras personas detenidas en el marco del estallido social, tanto en Puerto Montt como en Osorno.
-¿En qué estado se encuentra?
-Lo hemos acompañado en su detención, aunque no somos parte de su proceso penal porque nosotros no otorgamos asistencia jurídica. Ahora, él nunca nos ha denunciado que fuese objeto de apremios, de golpes; sólo de algunas burlas de parte de personal de Gendarmería, que se constituyeron las primeras quejas. En términos generales se encuentra en un módulo de aislamiento, separado del resto de la población penal. Pero si es que no prospera el recurso de nulidad eventualmente esto va a cambiar y lo van a mover a otro módulo de la unidad o a otra unidad; pero ello depende de Gendarmería.
-Una de las críticas que le realizan al instituto durante este tiempo tiene que ver con que no se atiende a los derechos humanos de carabineros que han sido atacados en cuarteles o en las protestas...
-Hay que hacer una distinción previa respecto de lo que se entiende en el marco internacional de derechos humanos, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que el que viola los derechos humanos en un país es el Estado, a través de sus agentes.
Entonces, si un particular ataca a un carabinero se trata de un delito que tiene que perseguir la Fiscalía. Si un carabinero es herido en el cumplimiento de sus funciones, eso no se ha entendido, ni nacional, ni internacionalmente, como una situación de derechos humanos.
-¿Qué opinión tiene de los controles de identidad en cuanto a efectividad?
-En varias ocasiones el INDH indicó que era una medida que corría el riesgo de producir discriminación. Que no estaba comprobado que sirviera para realizar un trabajo policial, por lo que podía generar arbitrariedades y discriminación hacia las personas que eran controladas.
Esa es la discusión que existe hoy y la opinión del instituto sigue siendo la misma. Ahora, cuando se dice que se hizo un control y que se encontraron personas con órdenes pendientes, el porcentaje de ellas es muy bajo para la cantidad de controles que hay, por lo que, en general, no se logra convertir en una herramienta efectiva de prevención de la delincuencia o de búsqueda de personas que están con órdenes pendientes.
"En varias ocasiones el INDH indicó que (el control de identidad) era una medida que corría el riesgo de producir discriminación. Que no estaba comprobado que sirviera para realizar un trabajo policial".