Verónica Salgado

Veinticinco dueños de salas de juego o también conocidos como "casinos populares" presentaron una querella criminal contra el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, a raíz del decreto de cierre, eliminación del giro de patentes municipal de juegos electrónicos y prohibición de su funcionamiento, que significó la clausura de 48 locales de este tipo que operaban en la ciudad.

La acción legal presentada en el Juzgado de Garantía de Osorno se interpone por tres delitos tipificados en los artículos 177 del Código Procesal Penal, 228 y 212 del Código Penal, que establecen omisión de efectuar denuncia, prevaricación administrativa y falso testimonio o perjurio respectivamente, los que eventualmente habría cometido el jefe comunal, por lo cual los denunciantes solicitan al tribunal local derive los antecedentes al Ministerio Público para que realice la investigación, determine la participación y aplique las sanciones correspondientes.

Así lo explicó el abogado Ernesto Núñez, representante de los empresarios de las salas de juego clausuradas en la comuna, quien sostuvo que "creemos que lo que hubo por parte del alcalde (Jaime Bertín) es un ejercicio doloso, es decir, cuando tú reaccionas de forma prepotente y sin tener las herramientas necesarias y con el sólo objeto de perjudicar a las personas y sus fuentes de empleo".

La Municipalidad de Osorno inició el martes 12 de enero la clausura de las 48 salas de juego o "casinos populares" emplazados en la comuna, por no tener las autorizaciones correspondientes para operar. Esta medida fue tomada por la casa edilicia liderada por el alcalde Bertín para cumplir a lo instruido por la Contraloría General de la República de solicitar, al momento de renovar la patente municipal de este tipo de recintos, un informe de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), en el que conste que las máquinas no son de azar sino de destreza y habilidad.

Este documento no fue presentado por ninguno de los dueños de las salas de juego populares, quienes -según explicaron desde la municipalidad- habían sido informados individualmente el primer semestre del 2020 mediante oficios escritos para que presentaran el respectivo informe de la SCJ y poder renovar así su patente.

Querella

El abogado demandante precisó que la acción busca actuar legalmente contra la resolución tomada por la Municipalidad de Osorno de eliminar el giro de patente municipal de juegos electrónicos, cerrar y prohibir el funcionamiento de las salas de juego.

"Creemos que es muy dolosa, ya que en el fondo busca reaccionar de algo que efectivamente la municipalidad tiene plena claridad que no hay, como es el juego ilegal, porque de otra forma hace años que hubieran presentado una querella como en el resto del país ha ocurrido"

Municipio

El asesor jurídico municipal, Hardy Vásquez, precisó que "hasta el día de hoy (jueves) el municipio no ha tomado conocimiento de manera oficial que exista alguna acción judicial en contra del municipio o en contra del alcalde Jaime Bertín, llámese querella criminal, acción por ilegalidad, recurso de protección u otro tipo de acción. Por lo tanto, hoy día lo único que existe son los decretos de clausura que han sido aplicados a este tipo de locales que ejercen esta actividad y sin tener otra información al respecto no vamos a opinar". Bertín declinó emitir comentarios.

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó la medida cautelar de prisión preventiva de Heriberto Andrés Hidalgo Villarroel, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de homicidio tentado a carabinero en servicio, manejo en estado de ebriedad con resultado de daños y negativa a practicarse la alcoholemia, ilícitos perpetrados el martes.

En la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Marcela Araya ordenó el ingreso de Hidalgo Villarroel en el Complejo Penitenciario de Puerto Montt, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga. Además, fijó un plazo de investigación de 45 días.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 16:55 horas del martes 12 de enero de 2021, funcionarios de Carabineros que se encontraban realizando un control vehicular en la intersección de avenida Los Notros y calle Imprenta de Puerto Montt solicitaron a Hidalgo Villarroel, quien conducía un vehículo Mitsubishi, modelo Montero, su licencia de conducir y los documentos del móvil.

El imputado, en lugar de entregar la documentación, sorpresivamente aceleró el vehículo e intentó atropellar al cabo segundo Camilo Brecas, quien debió sujetarse de la ventanilla del móvil que se encontraba abierta. Hidalgo Villarroel chocó el vehículo en contra de la reja perimetral de un condominio, provocando daños avaluados en 300 mil pesos. Luego puso marcha atrás e intentó atropellar nuevamente en dos ocasiones a Brecas Hernández, quien logró eludir ambas embestidas.

El imputado, finalmente, logró darse a la fuga, pero retornó caminado minutos después, a fin de recoger algunas piezas del vehículo que quedaron desperdigados en el lugar, momento en que el personal policial procedió a detenerlo, percatándose que estaba en estado de ebriedad.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo ayer en la tarde de la investigación por el hallazgo del cadáver de una mujer de 41 años, en el sector Kennedy en la capital regional.

Los antecedentes preliminares daban cuenta de un posible suicidio. La víctima era la persona que el sábado 9 de enero había sido formalizada en el Juzgado de Garantía, imputada por el delito de homicidio tentado de Carabineros.

La mujer fue encontrada sin vida en su domicilio por un familiar.

La fiscal Ana María Agüero explicó ayer en la tarde que se está investigando si existe o no intervención de terceros, o si el fallecimiento se debe a otro tipo de causales. "Tengo entendido que ella era investigada, pero en estos momentos se trata de otro tipo de causas y hay que ver lo que diga la autopsia del servicio Médico Legal, a lo que se debió en definitiva la causa de muerte".

El sábado la mujer había quedado en libertad, pero tras apelar la Fiscalía, la Corte de Apelaciones determinó el arresto domiciliario total. La víctima estaba en tratamiento psicológico en un consultorio de Puerto Montt.