Pasó lo que tantos temían. A las dos semanas de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo comenzó a registrarse una preocupante escalada de contagios en el país y específicamente en varias ciudades de la Región de Los Lagos, tanto de los casos nuevos como de los activos, que son aquellas personas con capacidad de transmitir el virus del covid-19 en su entorno. Esto explica la alta demanda que se está viviendo en la red asistencial, con niveles que desde hace días se acercan a los que habían en pleno invierno, cuando el coronavirus parecía avanzar sin freno.

¿Qué contribuyó a esta inusitada alza? Un primer factor pareciera estar precisamente en las reuniones familiares que se produjeron en las fiestas de fin de año, que tanto se tenían que evitar, y un segundo en el evidente relajo en las medidas de autocuidado, verificable fácilmente en la flexibilidad observada en torno al uso de mascarillas y distanciamiento social en la calle, tal vez por el hastío que ha provocado la pandemia (sin dimensionar lo que está ocurriendo en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales) y por la falsa sensación de seguridad que en algunos pudiese haber generado la llegada del primer embarque de vacunas al país.

Con este telón de fondo, es francamente inexplicable lo sucedido el viernes pasado en Alerce, donde una feria vecinal, autorizada por el municipio puertomontino, se transformó en una fiesta bailable, con espectáculo musical incluido y 300 personas bailando animadamente, varias de ellas sin cumplir los protocolos sanitarios. Aunque el municipio ha intentado deslindar sus responsabilidades en tal hecho, con peculiares declaraciones propias de otro contexto, lo cierto es que no puede desligarse del evento ni tampoco de las consecuencias que pudiera acarrear, en cuanto a salud pública.

Si el municipio le dio el visto bueno a una feria a la que se suponía iba a ir bastante gente, y en plena pandemia, lo mínimo era apreciar el contexto y, además, supervisar en terreno lo que iría a pasar, antes de que fuera demasiado tarde. Aceptando que la primera responsabilidad es de las personas, las instituciones del Estado y sus representantes tienen que dar el ejemplo, tanto en el fondo como en las formas, sobre todo en tiempos convulsos.

Desde hace ya varios lustros que el fenómeno de la inmigración ha cobrado gran relevancia para el Estado chileno y para toda nuestra sociedad. Si bien en un comienzo la población extranjera se concentraba en la Región Metropolitana y en el norte del país, ésta se fue expandiendo también hacia ciudades más australes.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, durante el año 2019 las personas provenientes de otros países aumentaron en un 26,6% en la Región de Los Lagos en comparación con el año 2018, alcanzando una cifra cercana a las 27 mil. Resulta relevante el desafío que este guarismo representa para las diversas organizaciones que componen el Estado y la sociedad civil, en cuanto a garantizarles una debida atención y acceso digno a los servicios públicos.

Avizorando este escenario, la Fiscalía Nacional desde hace algunos años comenzó a trabajar la incorporación del factor migratorio en sus modelos de atención, avanzando en un sistema de traductores e intérpretes que hoy nos permite una comunicación fluida con aquellos que no hablan español. Sin duda el créole es uno de los idiomas con los que hemos debido familiarizarnos en mayor medida, atendida la alta tasa de migrantes haitianos, población que se alza como la tercera con más incidencia a nivel país y en nuestra región.

Es por ello que el día en que se conmemoraba el Día Internacional del Migrante entregamos como Fiscalía Regional, material impreso en español y créole a la Oficina de Migrantes de la Municipalidad de Puerto Montt, a través del cual se daban a conocer los derechos de las víctimas; las principales medidas de protección a las que pueden acceder, así como el rol de la Fiscalía y de su Unidad de Víctimas. Pero sabemos que el desafío va mucho más allá que la sola comprensión del idioma.

Si hablamos de derechos humanos y de acceso a la justicia, debemos entender su cultura, sus urgencias y todos aquellos elementos que contribuyen a su vulnerabilidad. En esta perspectiva es que esperamos que este año la situación sanitaria mundial y nacional sea superada y nos permita concretar iniciativas de encuentro que faciliten el conocimiento recíproco entre la población migrante y nuestra institución.

Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos

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