Tal como ha venido sucediendo desde hace varias semanas en Puerto Montt, así como en varias otras ciudades del país, la noche de Año Nuevo y madrugada del viernes 1 de enero, los fuegos artificiales prácticamente se tomaron las villas y poblaciones de la capital regional, en una nueva muestra del evidente fracaso del cumplimiento de una normativa vigente en el país, que prohíbe el uso de pirotecnia para fines particulares, y del inquietante vacío de poder que deja traslucir este fenómeno. Los dirigentes vecinales consultados por este diario han advertido que el uso creciente de la pirotecnia en los barrios va de la mano de una progresiva sensación de inseguridad, merced tanto al almacenaje indebido de fuegos artificiales en residencias particulares (ya notificado por Bomberos), como al perfil de quienes poseen y lanzan fuegos artificiales, debido a los vínculos que hay con el aumento del narcotráfico.

Este fenómeno debiera ser atendido con suficiente diligencia por parte de las autoridades. Lo ocurrido en la noche de Año Nuevo fue muestra fehaciente de la facilidad con la que se están comercializando los elementos pirotécnicos en el país, lo que se explica en una abierta contravención a las normas que hay sobre su internación en el territorio nacional y a las del ejercicio regulado del comercio. De manera insólita, los fuegos artificiales están entrando generosamente al país sin que ninguna de las instituciones del Estado haya sido capaz de frenar, hasta ahora, una importación que claramente se ha convertido en una industria de altos márgenes de ganancia.

Se requiere de un rol más activo de cada uno de los organismos del Estado que directa o indirectamente tienen alguna relación con este fenómeno. Ya es hora de que Aduanas, Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y el Gobierno, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, más allá de proyectos de ley anunciados y que por lo mismo son de largo aliento, generen un trabajo integral, rápido y eficiente en los barrios de Puerto Montt, donde determinados grupos están desafiando abiertamente a la autoridad.

Enfrentar la pandemia no sólo conlleva un importante desafío sanitario, sino también económico -en virtud de todo aquello relacionado a la reactivación-, así como en lo que respecta a la construcción de sociedad que queremos lograr.

Esto es así, ya que la implementación de medidas sanitarias ha estado ligada a una serie de decisiones, tales como cuarentenas y cordones sanitarios, las que han implicado -entre otras- limitaciones a las libertades individuales y al desarrollo del comercio. Esto ha provocado no sólo el cierre de negocios y un aumento del desempleo, sino también nos ha posicionado como una sociedad irresponsable, egoísta y con escasa empatía ante la peligrosa realidad sanitaria que las cifras de contagios demuestran.

Ante este complejo contexto, considero que el Gobierno, y toda la clase política, no deben limitarse a la necesaria reactivación del comercio y a la esencial generación de empleos, sino también deben velar por crear las condiciones para que el exceso de individualismo y poca empatía social que hoy existe -y que la pandemia ha evidenciado a niveles insospechados- no ayude a socavar la construcción de una sociedad igualitaria que reivindique -en congruencia- los derechos sociales.

Esto es así, ya que la poca efectividad de las medidas relacionadas a apoyos económicos que adoptó el Gobierno -durante la primera parte de la pandemia- ayudó a fomentar el egoísmo social que se ha evidenciado en todo nuestro país a la hora de adoptar con responsabilidad las medidas sanitarias, lo que ha alejado -en la práctica- a que las personas sean congruentes con el espíritu reivindicatorio de solidaridad y empatía que está detrás de la necesidad de una nueva Constitución.

Así entonces, y a partir de la experiencia alcanzada durante estos nueve meses de pandemia, es esperable que el Gobierno y la clase política corrijan sus decisiones respecto del nivel y alcance de los apoyos económicos que ofrecerán a la ciudadanía, a fin de implementar con eficacia las medidas sanitarias y así evitar que las personas "traicionen" con sus irresponsables y egoístas conductas los derechos que socialmente reivindica.

Pedro Díaz Polanco, director de la Escuela de

Administración Pública de la Universidad Austral de Chile

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