Marcelo Galindo

Imputado por el delito de tráfico de drogas fue formalizado en audiencia virtual, en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, Álvaro Ignacio Oyarzún Sanhueza, contra quien se decretó la prisión preventiva.

El procedimiento, realizado por Carabineros de la Quinta Comisaría y de la sección OS 7, se desarrolló en la avenida Presidente Ibáñez con calle Ejército, donde Oyarzún Sanhueza fue controlado por una pareja de carabineros en bicicleta. ¿La razón? Iba hablando por celular mientras manejaba.

Al bajar el vidrio del automóvil, un Audi A4, los uniformados percibieron un fuerte olor a marihuana. Ante ello, los carabineros lo sometieron a un control de identidad.

En el portamaletas encontraron un bolso negro con bolsas plásticas en su interior, las que contenían restos de marihuana. Al ser vaciadas, completaron alrededor de 2,8 gramos de la droga. Además, también se contabilizaron $43 millones en efectivo, repartidos en el mismo bolso y una caja de cartón.

Detención

La fiscal Karen Rosas sometió al imputado a la audiencia de control de la detención y formalización de cargos.

Oyarzún se presentó a la audiencia con dos defensoras particulares: Luz Ortiz y Helhue Sukni. La primera incidentó solicitando se declare ilegal la detención, porque según la penalista "es imposible que los funcionarios policiales hubiesen captado el olor a marihuana. No es un elemento objetivo. La impresión de lo que hace un policía con su olfato es algo subjetivo", dijo.

La magistrada suplente Macarena Muñoz rechazó la solicitud y confirmó la legalidad de la aprehensión. "Se ha descrito no una cantidad de droga si no que lo que se encontró a modo de residuos, hay envases que pudieron haber tenido otra cantidad y con ello el olor tan potente que la policía lo advirtió y ello sí habilitaba a la policía a realizar ese registro. El procedimiento se ajustó a derecho y se rechaza la solicitud de ilegalidad solicitada por la defensa", remarcó.

Junto a los 2,8 gramos encontrados al imputado; en su domicilio en Valle Volcanes, tras una orden judicial, se le incautó en una caja de cartón, 18 gramos de marihuana elaborada; además, en el dormitorio mantenía una caja de zapatos con 24 comprimidos de una sustancia compatible con éxtasis, además de otros 24 gramos de la hierba ilegal.

Libreta

Fue la fiscal Karen Rosas quien formuló los cargos contra el joven. Rosas manifestó que el Audi A4 fue arrendado días antes en el aeropuerto El Tepual. "Fijó como domicilio un sector rural, pero el imputado reside en Valle Volcanes", dijo.

Otro detalle importante, de acuerdo a la persecutora, tiene relación con los elementos incautados: "Tenía una libreta con diversas anotaciones alusivas a montos de dinero".

Presunciones

"Es raro que el Ministerio Público solicite la medida cautelar más extrema a una persona que no tiene antecedentes y con droga que puede ser para su uso personal", partió diciendo la abogada Sukni.

Para la penalista la calificación jurídica no se ajusta a derecho: "La fiscal presume que había antes gran cantidad de drogas y esas presunciones la fiscal la vierte en el hecho que el imputado llevaba $43 millones. Y no es así, porque portaba 60 millones de pesos que se los había entregado su padre, quien es dueño de varios colegios, tiene campos y presta servicios agrícolas", reveló.

En la instancia, Sukni pidió una medida cautelar menos gravosa, sin embargo, la jueza de garantía decretó la prisión preventiva y fijó un plazo de cierre de la investigación de 80 días. Al terminar la audiencia, la abogada manifestó a su defendido que iba a apelar en cinco días: "Para que pases la Navidad en tu casa".

60 millones de pesos reclama la abogada defensora que llevaba el imputado y no 43.

2,8 gramos de marihuana eran los restos de la droga que contenían las bolsas en el vehículo.

80 días es el plazo del cierre de la investigación decretado por la jueza suplente Macarena Muñoz.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt condenó a F.A.G.G. a la pena de 12 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de violación impropia, en carácter de reiterado, contra dos menores de 14 años.

Los ilícitos fueron perpetrados entre 2013 y 2018 en las comunas de Cochamó y Puerto Montt. El acusado tiene relación familiar con ambas víctimas. En fallo unánime, el tribunal -integrado por los jueces Jaime Rojas (presidente de sala), Andrés Villagra (redactor) y José Bustos- aplicó a F.A.G.G. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

A ello se suman las accesorias especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, quedar privado de la patria potestad de las víctimas, sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidas en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

Asimismo, el tribunal condenó al acusado a la sanción de prohibición de aproximarse a las víctimas, su domicilio, lugar de estudio o en el que éstas se encuentren, por el tiempo de la condena.

Una vez ejecutoriado el fallo, el Tribunal Oral dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en fechas indeterminadas entre el 21 de enero de 2013 y el 20 de enero de 2018, en los domicilios ubicados en las comunas de Cochamó y Puerto Montt, F.A.G.G. violentó en diversas ocasiones a la menor nacida el 21 de enero de 2005. Asimismo, en días indeterminados entre 2014 y marzo de 2018, en los mismos domicilios, hizo lo mismo en diversas ocasiones a la menor nacida el 31 de octubre de 2007.

2013 es el año que ocurre uno de los primeros hechos por el que fue condenado el acusado.

10 años estará sujeto a vigilancia el sentenciado tras cumplir los 12 años de pena impuesta por el TOP.