"La buena noticia es que los indicadores de salud han bajado mucho en la región"
Contrario de lo que se pensaba, que en Puerto Montt se podrían eliminar ciertas restricciones producto de la cuarentena, la subsecretaria de Seguridad y Prevención del Delito, Katherine Martorell, en el habitual punto de prensa en La Moneda, confirmó todo lo contrario: se incrementarán las fiscalizaciones en la capital regional.
Ayer, en Santiago, dijo que se considera un trabajo focalizado para la Región de Los Lagos, en línea con el testeo, la trazabilidad, aislamiento y fiscalización de los permisos únicos colectivos.
"Para ello viajará un equipo conjunto de la Subsecretaría de Salud, Seguridad y Prevención del Delito. Se requiere de una semana en esta labor", dijo.
Martorell, quien estuvo el miércoles en Puerto Montt, dialogó con este Diario respecto al complejo presente de la capital regional.
-¿Por qué después de más de 100 días de confinamiento, recién las autoridades del nivel central vienen a Puerto Montt? ¿Ven alguna solución?
-No vinimos a buscar una solución. Hubo una reunión con los alcaldes y la semana pasada la subsecretaria de Salud, Paula Daza, sostuvo otro encuentro con los alcaldes, porque lo que hemos realizado es una coordinación. Sin embargo, pensar que viajamos a Puerto Montt a entregar una solución no es una frase correcta, porque la solución la ha estado trabajando la región con el intendente y los alcaldes, Carabineros, el jefe defensa de las Fuerzas Armadas y la PDI.
Hay una necesidad de poder avanzar en el plan paso a paso desde la perspectiva económica. Luego de cierto tiempo el confinamiento es complejo y duro, y la cuarentena es la más dura. Producto de ello empieza la necesidad de trabajar, se afecta la salud mental y los delitos de intramuros (violencia intrafamiliar).
La buena noticia es que los indicadores de salud han bajado mucho en la región, se está muy pronto a bajar a los indicadores que se requieren para avanzar a otra etapa.
Los Lagos ha hecho un trabajo importante de testeo y es la región con el mayor testeo en Chile, lo que ha permitido avanzar rápido, pero además ha llevado a una importante ocupación de las residencias sobre el promedio nacional.
-¿Por qué las medidas dispuestas en Puerto Montt no han dado resultados y pese a ello la gente sigue saliendo, manteniendo una alta movilidad?
-Sería muy injusto decir que no ha dado resultado porque los indicadores han disminuido, sería injusto señalar lo contrario.
Producto de las fiscalizaciones hay una cantidad alta de personas detenidas con procedimientos. La Fiscalía Regional tiene más de 15 mil causas en materia sanitaria, con mucha fiscalización y se está apuntando a los permisos únicos colectivos de las grandes empresas donde se requiere del contrato de trabajo.
Se va a crear un equipo focalizado para fiscalizar con la dirección del Trabajo donde también está la instancia de denuncia seguro de la subsecretaria de Prevención del Delito.
-La gente se ha quejado de la falta de fiscalización, porque cuando empezó la cuarentena las autoridades de salud y las Fuerzas Armadas eran más insistentes con el resguardo y el distanciamiento social. ¿Por qué ya no se toman esas medidas?
-La fiscalización está dentro del plan que tiene el jefe de la defensa y debemos reforzar las medidas de autocuidado, cumplir la distancia, por ejemplo, es clave para evitar el contagio, al igual que lavarse las manos.
La subsecretaria Paula Daza sumó a 20 personas más en el equipo para explicar a las personas cuáles son las medidas de cuidado. Este es un trabajo muy colaborativo, y nunca vamos a tener a un carabinero vigilando en cada esquina.
-¿Qué le diría a la ciudadanía respecto a quienes cometen infracciones sanitarias?
-Tanto el procedimiento penal y sumario sanitario requieren un tiempo, y no es que el sistema no funcione para quienes cometieron una infracción. Las condenas por estos hechos son altas, y enfrentar un juicio penal significa terminar con los buenos antecedentes para quien comete la infracción.
El sumario sanitario establece multas que pueden llegar hasta los $50 millones y a ello se suma que la persona pasa a un proceso penal.
Aquellas personas que se sienten tranquilas porque no le pasan la multa o no queda detenida, tras cometer una infracción sanitaria, no quedan liberadas porque tendrán que iniciar un juicio penal y administrativo.
"Producto de las fiscalizaciones, hay una cantidad alta de personas detenidas con procedimientos"