"No queremos ser considerados como unos depredadores de barrios"
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, argumenta que para el gremio es importante ser reconocidos como creadores de empleos seguros, proveedores de ambientes laborales dignos y capaces de ejecutar desarrollos sostenibles que fomenten la paz social que pide el país.
El ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 37 años de experiencia profesional, estuvo recientemente de visita en la Región Los Lagos para hacer un levantamiento de medidas restrictivas a la construcción privada, disposición ministerial que liberó de la suspensión laboral a unos 4 mil trabajadores en la zona.
-En la región hay ecosistemas amenazados por constructoras que no consideran zonas protegidas y al denunciarlas alegan tener permisos. Entonces, ¿quién es el responsable?
-Nosotros debemos desarrollar los proyectos con absoluto respeto por el medioambiente, pero también debemos tener la contrapartida, es decir, tenemos que poseer las herramientas para que sepamos identificar claramente cuáles son los sectores protegidos y cuáles están fuera de esa área de protección y así desarrollar nuestra actividad en forma armónica, pero esto requiere definiciones. Muchas veces, luego de que los permisos son dados en ciertas condiciones, esto puede ser interpretado por algunos actores de la sociedad y vienen procesos de judicialización de obras que no le hacen bien a nadie. Las definiciones las deben dar las autoridades pertinentes con claridad y las mismas deben ser conversadas entre las partes. Nosotros nos ofrecemos como mediadores para que los proyectos puedan ser compatibles con el entorno.
-¿A cuánto ascienden las pérdidas en la región por la paralización de obras durante la pandemia?
-El impacto nacional en la industria de la construcción ha sido del orden de los 2.400 millones de dólares. Se podría sacar relación con respecto a los 25 proyectos que estaban parados en la zona con los 900 que estaban detenidos en el país: unos 600 millones de dólares, aproximadamente.
-¿Alguna empresa tuvo que cancelar completamente una obra o tuvo que recalendarizar para el próximo año?
-Hay obras que estuvieron esperando que la situación se resolviera. Porque si el lugar volvía a caer en cuarentena, el reinicio de la obra hubiese sido muy lento. Muchas estaban a la expectativa de las medidas que íbamos a tomar respecto a esta actividad esencial. Por eso la decisión de levantar las medidas restrictivas a la construcción privada. Había cierto nivel de discriminación con respecto a las obras públicas y cerca de 400 mil trabajadores detenidos por esta causa en el país. En Los Lagos 4 mil empleados estaban suspendidos de sus labores, eso multiplicado por un promedio de 5 familiares cada uno, hablamos de unas 20 mil personas afectadas.
-¿Cuáles son las propuestas del gremio de cara a la elaboración de una nueva constitución?
-Estábamos trabajando desde un tiempo respecto al proceso constituyente y hoy tenemos un plan de trabajo en el que hemos dispuesto varios ejes que persiguen regular el fomento de la actividad privada como elemento clave en el desarrollo del país. Eso pasa por regulación con entidades y rol del Estado, pasa también con la relación entre el Estado y el sector privado; por balance y contrapeso de las instituciones, derechos y certezas jurídicas, con lo que hemos empezado a trabajar. Deseamos dar trabajo donde se dignifique a la persona, donde tengamos cuidado por el entorno donde desarrollamos los trabajos, no ser considerados como depredadores de barrio, queremos tener cuidado del medioambiente, y es nuestra propuesta de futuro. Queremos ser capaces de construir confianza dentro del país y esta es a partir de un trabajo, un rol social que debemos tener en nuestros proyectos.
El desarrollo empresarial sostenible para nosotros como gremio es fundamental, así como participar en la construcción de la paz social del país porque lo necesita y lo pide.
El plebiscito demostró eso, que somos capaces de aceptar resultados de un proceso en un clima de respeto y armonía. Queremos seguir trabajando, Chile no soporta seguir conviviendo y aceptando la violencia.
-¿Han tenido suficiente apoyo por parte del Gobierno para formar parte de la recuperación de la economía?
-El Gobierno tiene claro el rol que cumple la construcción en la reactivación económica del país, porque es un gran empleador de mano de obra. Y prueba de ello es que han entregado un plan de inversiones de 34 mil millones de dólares hasta el 2022. Nuestra posición respecto a ella es que esos proyectos se realicen realmente y que no queden solo en anuncios.
Queremos ser apoyo del Ministerio de Obras Públicas, el cual lidera este plan, y poder advertir aquellas situaciones que compliquen la realización de los proyectos.