Erwin Schnaidt

El domingo 15 de diciembre del año pasado, a un mes del Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución que firmaron representantes del mundo político, 225 municipios del país llevaron a cabo consultas ciudadanas locales no vinculantes, en las que hubo un mayoritario apoyo a elaborar una nueva Constitución Política, entre otras materias que contempló ese referéndum.

A nivel nacional votaron 2,5 millones de personas y un 87% respaldó elaborar una nueva Carta Fundamental; un 85% se inclinó por una convención constituyente, con delegados elegidos, sin incluir a legisladores.

El municipio de Puerto Montt informó que participaron "cerca de 30 mil ciudadanos", replica El Llanquihue el martes 17 de diciembre, con un 93,48% de apoyo a una nueva Constitución; un 79% marcó que su elaboración esté a cargo de una asamblea constituyente. A diez meses de aquello, los resultados se repitieron (aunque con diferentes porcentajes) el domingo último en el plebiscito. En la capital regional hubo un 74,52% para el Apruebo y un 78,99% para la convención constitucional.

Una vez hecho oficial el pronunciamiento de la ciudadanía, el siguiente paso es la elección de sus 155 miembros, proceso que se realizará el 11 de abril de 2021, mediante un sistema proporcional. Se aplicará normas especiales para facilitar la participación de independientes y para que exista paridad entre hombres y mujeres electos.

En el momento en que la convención constituyente entre en funciones, deberá abocarse a definir las normas de la nueva Constitución y reglamentos de votación interna, cuya aprobación deberá tener un quórum de dos tercios de sus miembros, lo que -según se resolvió- asegura un alto grado de consenso en el futuro texto constitucional.

Los constituyentes tendrán 9 meses para presentar ese documento, labor que podrá ser ampliada por 3 meses, en una sola oportunidad. Se estima que en agosto de 2022, habrá un nuevo plebiscito (de salida), con carácter de votación obligatoria, para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución.

Ante este nuevo marco, hay varias demandas y planteamientos que han surgido desde la propia ciudadanía, para ser incluidas en el trabajo de esa convención, incluso que vienen más allá del estallido social de octubre de 2018, que buscan llegar a estar incorporadas en el documento final.

En un rápido ejercicio periodístico tras los últimos comicios, consultamos a algunas organizaciones vecinales y gremiales, así como a quienes han tenido una fuerte vinculación con este proceso constituyente, acerca de sus expectativas en torno a los próximos pasos que se deben cumplir en el cronograma fijado para la reformulación de la Constitución Política de Chile.

Marco constitucional

Hernán Navarro, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas y Rurales Puerto Montt, manifestó que el resultado del plebiscito del domingo pasado fue "un triunfo de todos los chilenos que quieren construir un país donde exista justicia, trabajo, salud y dignidad para todos. Nadie puede arrogarse ser dueño de la verdad o de presumir de un triunfo, que solo es propio de la soberanía popular".

Respecto al proceso a seguir, Navarro comentó que "estamos todos convocados a comenzar a crear las condiciones políticas, institucionales y económicas para reducir las desigualdades sociales que se han instalado con fuerza en nuestro país; proteger nuestros recursos naturales, especialmente el agua; reconocer a nuestros pueblos originarios y a crear un marco de participación social y ciudadano que desarrolle la democracia en el territorio vecinal".

A su parecer, es esperable que haya debates en cada barrio, en las juntas de vecinos, acerca de los contenidos y del alcance que debe tener una nueva Constitución Política y planteó algunas consideraciones, a nivel de organización comunal.

La primera es definir cómo la futura ley fundamental del Estado "reconoce a las Juntas de Vecinos como la organización madre en el barrio, que genere instrumentos de participación incidente cuando ocurren situaciones en cada barrio. No basta con lo que tenemos en cuanto a ordenanzas de participación, sino crear una ley marco de participación ciudadana que surja desde la Constitución".

Para Navarro también es relevante que las organizaciones vecinales puedan disponer de financiamiento estatal para su gestión comunitaria, "que es un concepto distinto al de asistencialismo", especificó. El líder vecinal enfatizó que ese soporte económico les otorgaría mayor autonomía frente a los municipios.

Asimismo, propuso que debe estar incorporado a nivel constitucional la instrucción en materia de educación cívica comunitaria, orientada a dirigentes y vecinos, "lo que se puede hacer con universidades, con las que hemos estado trabajando. Pero esto abre la posibilidad que lo hagan con juntas de vecinos".

Respecto de los ciudadanos, el dirigente comunal planteó que pueden esperar reducir las desigualdades sociales, en cuanto a pensiones, salarios y estabilidad laboral. "Esto se puede lograr creando un marco constitucional, que plantee mínimos sociales de subsistencia. Me explico: la Constitución debiera asegurar que ninguna pensión esté bajo el salario mínimo, que exista una base material sobre la cual uno pueda vivir con dignidad. Eso es importante en el plano del día a día de los vecinos, especialmente en el caso de los adultos mayores, muchos de los cuales viven en la miseria".

En el caso del mundo rural, postuló necesario sentar soberanía de las comunidades campesinas sobre sus recursos naturales, "que ellos puedan decidir las intervenciones externas que nos han complicado demasiado, en el caso de los cauces de agua".

Pero también mostró preocupación por comunidades rurales en el entorno de la ciudad, cuya población ha crecido en forma significativa. Por eso confía en que exista una adecuada planificación respecto a esos asentamientos humanos, "en cuanto a sus trazados de servicios básicos y de caminos, porque también hay vida urbana en el mundo rural. Puede existir un mandato de la Constitución para que en esas comunidades exista planificación, con participación de la gente".

Cerca del pueblo

Ingrid Bartsch, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos "Juntos por Puerto Varas", expresó su esperanza en que el proceso que se avecina sirva para que exista un acercamiento efectivo de las autoridades políticas a los sectores vecinales "y que conozcan las reales necesidades de las personas, lo que no han visto hasta ahora. No han captado lo que necesita el pueblo".

Propuso que quienes busquen participar de este proceso "sea gente que piense en el bienestar del pueblo, no en sus privilegios ni beneficios particulares. Sólo esperamos que los que no quieran trabajar en eso, que se vayan".

Para la dirigenta comunal puertovarina, en las futuras directrices de la Carta Fundamental debe estar presente la descentralización del país. "Porque estamos viendo que vienen ideas que no convienen a nuestros sectores, como la carretera metropolitana y el uso de TAG, que no tendríamos porqué tenerlas, ya que contamos con una conectividad aceptable, que lo único que necesita es mejorarla un poco, pero no con TAG ni meterle la mano al bolsillo al ciudadano. Este es un ejemplo, puede haber más. Cuidar el patrimonio debe ser un deber constitucional. Porque llegan proyectos inmobiliarios que no tienen nada que ver con nuestra idiosincracia".

Además, Bartsch dijo esperar que, efectivamente, "lo que diga la Constitución, que se haga. O sea, que haya efectiva igualdad de derechos, que promueva el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, que todos seamos iguales, lo que nunca se ha hecho efectivo. Queremos una Constitución del pueblo y que los parlamentarios hagan de verdad su trabajo".

Recursos y medio ambiente

Un sector productivo regional que también se ha cifrado perspectivas respecto de lo que puede representar esta nueva etapa, es el de la pesca artesanal. El presidente de la Asociación de Pescadores Demersales, Juan García, tiene claridad que situaciones como mejorar la cuota de captura, no es motivo de modificación constitucional. "Pero sí podemos plantear -entre todos- un mayor cuidado de los recursos naturales, que no sean entregados a privados, que sean para todos los chilenos; además del cuidado del medioambiente, porque también somos parte de ello. Son grandes temas que quisiéramos ver en esa futura discusión".

El también presidente del Sindicato de Caleta Anahuac, recordó que formaron parte del movimiento en favor de la opción Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, en la búsqueda de conseguir un "cambio importante que se puede venir, si las cosas se hacen bien".

Expuso que hay que abandonar la sensación de sentirse ganadores o perdedores, por cuanto en esta instancia se requiere de la unión de la generalidad de los sectores "para ser capaces de construir una sociedad más justa, para todos, en la que la pesca artesanal -que aporta parte significativa de los alimentos para Chile- tenga un rol importante y no seamos minimizados, como ha sido hasta ahora. Porque hemos tenido que luchar mucho, para conseguir poco".

No descartó la posibilidad de propiciar la candidatura de un representante del sector para la elección de los integrantes de la asamblea que se encargará de redactar la nueva Constitución. "Hoy vemos a mucha gente que se está frotando las manos para ser parte de este proceso. Pero esto es del pueblo, de los jóvenes. Nosotros somos parte de los gremios, de la sociedad, tenemos mucho que decir. Ojalá que seamos considerados y que esos puestos no se repartan entre políticos, porque ya estamos viendo que los mismos de siempre se quieren adjudicar los derechos a elaborar esta Constitución, que le pertenecen al pueblo", sentenció.

Independientes

Acción Ciudadana Por Puerto Montt es una organización de profesionales independientes puertomontinos "unidos por el desarrollo social, educación pública gratuita y de calidad con justicia social", reseñan en su pagina de Facebook.

El abogado Óscar Montecinos es director de esa entidad, posición desde la que define que se debe abordar en el corto plazo materias no incluidas en la Constitución de 1980, entre las que destaca la regionalización, derechos humanos, formación cívica, así como "la inserción definitiva y reconocimiento de los pueblos originarios".

En cuanto a temas de fondo, Montecinos -quien además es miembro del Movimiento Ciudadano Ambientalista- dijo esperar que los partidos políticos hayan asimilado el mensaje de la ciudadanía, expresada a través de los resultados del pasado domingo, y que cambien la mirada respecto a varias situaciones, entre las que mencionó: dar posibilidades a independientes o militantes de base para participar en iguales condiciones, terminar con los dos tercios "y empezar a trabajar con la mayoría absoluta, que es el 50 más uno, que sería un gran paso, un gesto de humildad de la clase política, reconociendo lo que la gente les está diciendo".

Montecinos interpretó el resultado del plebiscito como una proclamación ciudadana que determina que "ya no solamente quiere ver caras nuevas, sino que la política se conecte con las necesidades de la gente".

Sobre el próximo paso, como será la elección de los constituyentes, se manifiesta como un "enamorado de la idea de listas únicas de independientes, con acuerdos previos de materias sobre las que las personas se sintieron identificadas para ir a votar al plebiscito".

Al ser consultado por el destino de las demandas sociales que quedaron en evidencia a partir del estallido social de octubre de 2019, el abogado aseguró que muchas de ellas "se deben traspasar a la elaboración de la nueva Constitución".

A modo de ejemplo citó el fin del actual sistema previsional, mediante las administradoras de fondos de pensiones (AFP). "Jurídicamente, opinó, es absolutamente posible que la (asamblea) constituyente los estudie y proponga al país en el plebiscito de salida".

El mismo camino, sugirió, pueden seguir otro tipo de situaciones insatisfechas, como el mejoramiento de los sistemas públicos de salud y educación. "Deben ser considerados como derechos esenciales de aquellos que ya están constituidos en el artículo 19 de la Constitución, que habla de las garantías y derechos de los ciudadanos en general, pero también de los accesos. Es decir, los incluimos en la Constitución, pero también garantizamos que puedan acceder a esos derechos", explicó.

Agregó que "se le debe dar fuerza" al cumplimiento del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, incluido en la actual Carta Magna. Para conseguir ese propósito, Montecinos definió que "también debemos aplicar leyes que vayan en conexión con la Constitución. Por lo tanto, nunca más privatizar el agua en Chile, nunca más las zonas de sacrificio, nunca más las especies en extinción, nunca más -en el caso de Puerto Montt- inmobiliarias destruyendo humedales a vista y paciencia de la autoridad política. Todo eso se puede establecer en la Constitución Política, porque marca el base jurisdiccional, que después se trata en materias de ley".

Derechos sociales

El licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas y funcionario de la Universidad de Los Lagos (ULagos), Eduardo Ocampo, es también integrante de la agrupación Territorio Constituyente-Chile Digno de Puerto Montt, por lo que no deja pasar la oportunidad para analizar el resultado de los últimos comicios: "Evidencian un triunfo categórico por la opción Aprueblo y Convención Constitucional, que son señales de los cambios profundos que busca el país; y además, de la exigencia de participar directamente, no sólo en la producción de la nueva Constitución, sino que de los asuntos públicos en general que tienen las mayorías".

Una vez establecido ese contexto, el docente universitario planteó que las aspiraciones apuntan a que este proceso constituyente concluya con una nueva Carta Fundamental "que avance en derechos, en justicia social y democracia. Para aquello, es necesario que la convención constitucional esté, ante todo, compuesta en su gran mayoría por personas de marcada trayectoria social, que abrieron este momento histórico y que representan de manera legítima y transversal estas aspiraciones transformadoras".

Ocampo sostuvo que las demandas sociales apuntan a transformar las actuales reglas de convivencia nacional, por lo que estima que el nuevo documento a elaborar debe considerar un fuerte régimen de derechos sociales; "es decir, garantías públicas sobre una serie de necesidades esenciales, entiéndase por esto salud, educación, pensiones y vivienda. O sea, una Constitución que establezca el compromiso del Estado, para dar cumplimiento a estos bienes públicos".

A ello sumó la relevancia que debe asignarse a los temas medioambientales. A su parecer, el país está atravesando por una "crisis ecológica" por causas antrópicas (actividad económica). Por ello postula que una nueva Constitución "debe -al menos- establecer derechos de la naturaleza o el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y el derecho humano y social al agua, que en el régimen actual es de apropiación privada".

Además, recordó que los movimientos feministas se han expresado con fuerza para exponer la necesidad de avanzar hacia una vía libre de violencia y hacia la conformación de un Estado con una representación paritaria en los diferentes niveles del sistema político.

También consideró el inevitable avance hacia el reconocimiento de la diversidad cultural. "Chile es un país de naciones, no es uninacional. Existen pueblos, pero no naciones, ni pueblos originarios. Por lo tanto, eso tiene que estar establecido en el orden constitucional, a través de una definición de Estado Plurinacional".

Como se observa, el resultado del plebiscito sólo abrió la puerta para comenzar a recorrer un largo camino que incluirá dos nuevas visitas a las urnas (elección de constituyentes y plebiscito de salida), antes de que se haga efectivo el anhelo ciudadano de una nueva Constitución Política para este nuevo Chile.

"Queremos una Constitución del pueblo y que los parlamentarios hagan su trabajo"

Ingrid Bartsch,, Pdta. U. Comunal Puerto Varas.

"La Constitución debiera asegurar que ninguna pensión esté bajo el salario mínimo"

Hernán Navarro,, Pdte. U. Comunal Puerto Montt.

"Que la convención constitucional esté compuesta por personas de marcada trayectoria social"

Eduardo Ocampo,, Territorio Constituyente.

"Entre todos, podemos plantear un mayor cuidado de los recursos naturales"

Juan García,, Pdte. Sindicato Caleta Anahuac.

"Nunca más -en el caso de Puerto Montt- inmobiliarias destruyendo humedales"

Óscar Montecinos,, director Acción Ciudadana.