Ayer la parte querellante terminó de rendir la prueba del juicio que busca sancionar penalmente al único acusado del incendio, saqueo y robo en la Catedral de Puerto Montt en la época del estallido social.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt, cuya sala está compuesta por el magistrado Francisco Javier del Campo, junto a la jueza Patricia Miranda y el magistrado Andrés Villagra, decretó para este jueves desde las 11 horas los alegatos de clausura.

La Fiscalía está solicitando para Felipe Eduardo Santana Torres (20 años) una pena de 17 años por cinco delitos, mientras que los querellantes de la Intendencia pidieron una sanción que supera los 26 años.

La etapa probatoria fue cerrada ayer, después que entregaran su declaración varios testigos que estuvieron en el interior del templo católico el día de los incidentes.

Hubo tres declaraciones que dieron cuenta que ellos se encargaron de controlar el fuego de las puertas después que se le prendiera fuego.

Los testigos coincidieron en señalar que estaban muy asustados, pero que procedieron a apagar las llamas con todo lo que estaba al alcance.

Relataron que vivieron momentos de "mucho susto, juntaron agua y extintores para usar, porque sabían que podían atentar contra la iglesia" e incluso pensaron que podían ser atacados con bombas molotov.

Los testigos -cuyas identidades fueron resguardadas por el tribunal- indicaron que llegaron a la Catedral porque presentían que el inmueble sería atacado en las manifestaciones. Los querellantes, en la jornada de juicio oral ayer, procedieron a liberar a los testigos, por lo que el presidente de la sala, juez Francisco del Campo, fijó la audiencia de los alegatos de clausura para este jueves. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el incendio frustrado en la Catedral ocurrió el 18 de noviembre del año pasado.

Santana Torres también está acusado de los daños protagonizados en el templo católico y robo, avaluado en alrededor de 70 millones de pesos.

El día anterior, el joven acusado habría participado en la destrucción de un semáforo. Su defensa ayer no presentó prueba.

70 millones de pesos es el avalúo de lo sustraído y el daño provocado en la catedral el año pasado.

20 años tiene el joven acusado por estos hechos y está por cumplir un año en prisión preventiva.

Alma López

El primer paciente en recibir una bomba de insulina en el Hospital de Puerto Montt (HPM), es un niño con diabetes tipo 1. El dispositivo fue entregado esta semana en el marco de la Ley Ricarte Soto, sistema de protección financiero para diagnósticos y tratamientos de alto costo, que posee una cobertura universal y otorga resguardo financiero a todos los usuarios de los sistemas previsionales de salud, sin importar su situación socioeconómica.

El pequeño Sebastián Arriagada, procedente de Chiloé, fue el beneficiario del artefacto, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y protegerlos de eventos como las hipoglicemias. Esta fue la causa por la que el médico tratante lo postuló, ya que hace bastante deporte y se puede presentar muchas hipoglicemias inadvertidas durante las noches, es decir, bajas de azúcar que pueden ser severas. Además, también le facilita la flexibilidad con los horarios en su rutina diaria y así mejorar su calidad de vida.

La madre de Sebastián, Cynthia Millatureo, expresó que el proceso para obtener el beneficio fue "bastante intenso, largo; hay que cumplir con varios requisitos que claramente parten por la posibilidad de que un médico postulara a Sebastián a la Ley Ricarte Soto".

Todos los pacientes que hayan sido beneficiados por esta ley, independiente de la patología, tienen que ser postulados con una serie de requisitos y condiciones que requiere un tratamiento de alto costo.

Millatureo agradeció a la doctora Carola Goecke, "por ser la primera persona que confió en nosotros, en nuestras capacidades y también en la necesidad de Sebastián. Fue un camino largo, pero completamente satisfactorio que va a mejorar la calidad de vida de Sebastián. Es lo más moderno que existe así que estamos contentos porque esperamos que esto le dé más independencia para que pueda hacer una vida lo más normal dentro de lo posible".

Por su parte, la doctora Carola Goecke, endocrinóloga infantil del HPM, manifestó que recientemente son prestadores, desde el punto de vista de Pediatría en Puerto Montt, para poder postular y manejar pacientes con bombas de insulina, donde hay que cumplir ciertos requisitos.

Detalló que para postular al paciente se deben reunir muchos antecedentes e ingresarlos a la plataforma destinada para el proceso.

"Luego de unos meses de espera, finalmente Sebastián fue aceptado. Recibimos la bomba y fue instalada hace unos días. Sebastián vino a control muy contento. El dispositivo ha funcionado bastante bien, tenemos que realizar algunos ajustes, pero están muy contentos por haberlo recibido", indicó.

La familia del pequeño paciente recibió una capacitación extensa para manejar la bomba de insulina, la que continuarán recibiendo por parte de la enfermera de Policlínico de Diabetes Adulto, Valentina López y el equipo tratante.

¿cómo funciona?

Esta bomba o microdifusor administra la hormona necesaria durante todo el día y es capaz de administrar la hormona que un paciente con diabetes necesita durante el día, según sus niveles de azúcar en la sangre.

La misma brinda una manera flexible para mejorar la diabetes, mientras que provee mejor control que las inyecciones.

El aparato es más pequeño que un teléfono celular e introduce pequeñas cantidades de insulina en el cuerpo todo el día gracias a un mecanismo para la infusión de insulina.

En el mercado, este equipo tiene costos muy elevados, casi imposibles de costear, especialmente las personas vulnerables.

Los precios oscilan entre los 2 millones de pesos y hasta los 5 millones de pesos, solo el aparato. El paciente también debe invertir en los kits de insulina, cuyos valores están en el orden de los $ 200 mil, por mes.

27 enfermedades cubre la Ley Ricarte Soto, entre ellas: lupus, mielofibrosis y colitis ulcerosa.

2015 es la fecha de promulgación del recurso legal cuyo nombre se debe al periodista y activista Ricarte Soto.