Marcelo Galindo

Uno de los testigos que estaba en el interior de la catedral el 18 de noviembre de 2019, día en que una turba intentó quemar el histórico inmueble de Puerto Montt, declaró en el juicio oral que busca sancionar a un único acusado por estos hechos -Felipe Santana Torres- y para quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel. El testigo relató ayer, vía videoconferencia, que controló junto a otros feligreses el fuego mediante baldes de agua y el uso de extintores presentes en el lugar.

En su declaración admitió que fue un momento de mucha tensión, debido a que el añoso templo se llenó de humo rápidamente.

Aún quedan seis testigos que llegarán al estrado virtual del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP), quienes desde el lunes próximo entregarán su declaración de lo acontecido esa jornada en la catedral, en el contexto de las manifestaciones más violentas en el contexto del estallido social.

Baldes

Durante la cuarta jornada de juicio oral, y tras la declaración de uno de los testigos, la parte acusadora intentó presentar la tesis de que fue la actuación de estas personas vital para evitar la propagación del fuego. A ello se suma la declaración de un policía.

Se trata de Luis Arenas, sargento segundo de Carabineros y conductor del camión lanza agua (guanaco), quien dijo durante el juicio que los Bomberos no pudieron llegar al lugar donde estaba la emergencia, porque por protocolo la institución de voluntario no acudes a los lugares donde hay manifestaciones o desórdenes graves. "Logramos apagar el foco del incendio que se registró en la puerta de acceso a la catedral", comentó.

Hasta la jornada de ayer habían testificado 11 personas, quienes son parte de los medios de prueba llevados al juicio oral por el Ministerio Público.

Visión policial

Otro de los testigos de la causa es el comandante Marcelo Salas, ex prefecto administrativo de Carabineros, quien dio cuenta de los hechos acontecidos durante el estallido social. Señaló que estos incidentes comenzaron en Puerto Montt el día 19 de octubre y se extendieron hasta fines de diciembre.

Manifestó que estos hechos se repetían en todo el centro, pero el foco de mayor violencia se vivió en torno a la Plaza de Armas.

Según Salas, los principales problemas lo vivía la gente que por diferentes motivos debía transitar por la zona céntrica.

Recordó que "las obstrucciones de las calles eran constantes y estas masas de personas se juntaban en la plaza en forma pacífica. Cada vez que había una marcha, este grupo de personas llegaba a la plaza y empezaba a destruir el mobiliario público. Tras ello nosotros procedíamos"..

El capitán de Carabineros César Aguayo, quien participó en la detención de Santana, confirmó que las imágenes captadas y divulgadas por comunicadores, principalmente en redes sociales, "ayudaron a reconocer a quienes participaban en estos desmanes y el daño provocado".

Pese a ello, el uniformado admitió ante el estrado que no estaba en condiciones de reconocer al acusado de los delitos durante la audiencia.

Pena

En este juicio oral, y pese a que no actuó solo, el único acusado es el puertomontino Felipe Santana (20 años), quien posee una irreprochable conducta anterior. En el tiempo de los hechos de la causa, de acuerdo a su abogado defensor, Sebastián Yuraszeck, Santana trabajaba en la fabricación de muebles como ayudante.

El joven, que cursó hasta primero medio, durante el juicio oral ha hecho uso de su derecho a guardar silencio. Aunque los querellantes de la intendencia están solicitando una pena superior a los 26 años, la Fiscalía pide una sanción penal de 17 años por todos los ilícitos.

Todos los delitos, según la investigación del Ministerio Público, fueron cometidos en el lapso de cinco días: 13, 14, 18, 19 y 22 de noviembre. Entre los ilícitos que se le acusa en calidad de autor aparecen: daños, delitos contra el orden público, desórdenes públicos, robo en lugar no habitado, daños calificados a bien de uso público e incendio de inmueble habitado.

Acciones

Patricio Navarro, coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, indicó que lo que ocurre en el juicio es un procedimiento penal que va a permitir determinar los hechos y la participación culpable con la persona que hoy está siendo enjuiciada "donde está interviniendo la abogada Javiera Oyarzún por parte de la intendencia".

Según Navarro, las condenas más allá de ser ejemplares, siempre deben estar sujetas a la ley: "La madre de la sociedad son las leyes y el padre las instituciones. Pretender que las leyes sean mecanismos para las acciones particulares es un error, la ley tiene que ser igual para todos", puntualizó.

"Las obstrucciones de las calles eran constantes y estas masas de personas se juntaban en la plaza de forma pacífica"

Marcelo Salas, comandante de Carabineros

"Pretender que las leyes sean mecanismos para las acciones particulares es un error, la ley tiene que ser igual para todos"

Patricio Navarro, Subsecretaria de Prevención, del Delito.

26 años es la pena que solicita la intendencia como querellante, invocando la ley de seguridad interior del Estado.

$70 millones es el avalúo de los daños ocasionados al templo católico, tanto a su estructura como mobiliario.

Transversal es la crítica de los parlamentarios y autoridades de la región a la determinación del juez de garantía, Miguel Ángel García, quien en un lapso de cuatro días sobreseyó a 86 imputados por delitos relacionados con la seguridad de la salud de las personas en pandemia y quebrantar la cuarentena de la capital regional.

La situación fue criticada además porque Puerto Montt se encuentra bajo confinamiento total, lo que motivó la apelación de todos los casos en la Corte de Apelaciones por parte del Ministerio Público.

El senador (UDI) Iván Moreira lamentó que "algunos jueces de garantía siguen entregando señales que confunden a la ciudadanía, porque violar de manera reiterada las medidas sanitarias y salir impune es un premio a la irresponsabilidad".

Para Moreira la idea es que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt pueda ponderar "los nefastos efectos que tiene la interpretación jurídica extrema que hace este juez. Aquí hay un bien superior que es la salud pública, que debe primar por sobre otros mientras dure esta pandemia. El peso de la justicia debe caer con fuerza para sancionar los incumplimientos, en especial con los reincidentes", dijo.

Ciudad golpeada

El diputado (PS) Fidel Espinoza es coincidente y señaló que cuando un juez sobresee a personas que han infringido las normas sanitarias y lo han hecho en forma reiterada es "una invitación directa para que la gente siga haciendo lo que quiera y que continúe con una ola de contagios".

Para Espinoza es lamentable que ese tipo de situaciones esté ocurriendo "en una golpeada capital regional, que ha ingresado a su décima segunda semana de cuarentena, con todos los efectos devastadores que ha provocado en su economía local, sus familias y por sobre todo de los emprendedores y feriantes", adujo.

Normas

Según Alejandro Bernales, diputado del Partido Liberal, ante la crisis sanitaria y el aumento de casos en la Región de Los Lagos, siendo la segunda con más casos activos a nivel nacional, "no puede haber mano blanda con esas personas que no están cumpliendo con las normas que han impuesto las autoridades sanitarias; y menos aún con quienes reinciden, permanentemente, con este tipo de conductas", manifestó.

El diputado (RN) Alejandro Santana expresó que más allá que las personas estén o no contagiadas, "se trata de normas que se están aplicando y que todos debemos respetar para mantener el coronavirus controlado".

De acuerdo al legislador "estamos en una situación de emergencia y todos debemos poner de nuestra parte. Es importante tener empatía con la salud del resto, independiente de la situación que cada uno esté atravesando", remarcó.